La Procuraduría General de la República, representante legal del Estado, activo su derecho a presentarse como víctima del caso ‘Cementazo’, por lo que presentó demandas civiles contra los imputados por el Ministerio Publicó y cuatro empresas, con un reclamo total por daño social que supera los $10 millones considerando intereses y costas.
La acción legal llega tres semanas después de que la Fiscalía General de la República acusar a nueve personas por 97 delitos, con el empresario Juan Carlos Bolaños como actor central de la trama de presunta corrupción que detonó en 2017, alojada en el estatal Banco de Costa Rica (BCR) y con repercusión en los tres poderes de la República.
La acusación de la fiscalía habría la posibilidad de que la Procuraduría presentara su propia querella y pidiera acción civil resarcitoria por daños y perjuicios, lo que ahora confirma la institución que funge como abogado del Estado. El mondo de $10 millones es producto de un cálculo preliminar.
El trámite lo realizó la Procuraduría el viernes 29 de julio contra exfuncionarios del BCR y tres personas particulares también imputadas, entre quienes está Bolaños.
La querella de la Procuraduría está motivada por la presunta comisión de cinco delitos: 1) tráfico de influencias en la obtención de un crédito si no se S.A., 2) peculado por la distracción de fondos públicos girados por el BCR a Sinocem 3) influencia encontrado de la hacienda pública por realizar maniobras en contra del interés público y 4) Receptación, legalización o encubrimiento de bienes para los sujetos particulares, por introducir al país fondos ilícitos provenientes del presunto delito de peculado.
La Procuraduría informó de que el siguiente paso consiste en un peritaje en la Fiscalía para determinar el monto de daño social producto de los hechos delictivos señalados.
De esta manera pretende la Procuraduría compensar los daños que el Estado habría sufrido por las aparentes anomalías en el préstamo de más de 30 millones de dólares del BCR a Bolanos y su empresa Sinocem, un negocio que se presentó en ese momento como ruptura al monopolio de cemento en el país, aunque los investigadores judiciales sospechan que el dinero se usó para fines distintos.
