La Procuraduría General de la República decidió sumarse como demandante contra el exmagistrado Celso Gamboa y el empresario Juan Carlos Bolaños por los delitos que el Ministerio Público le achaca en relación con el caso conocido como “cementazo”.
La Procuraduría actúa como representante del Estado por el daño social provocado por los actos que se le imputan a Gamboa, a Bolaños y a su gerente Javier Rojas, los cuales reclama un daño social por 25 millones de colones.
Desde el 26 de junio la Procuraduría comunicó a la Fiscalía general que se presenta como víctima en defensa de los intereses del estado Por lo cual interpondrá querella y acción civil en la causa.
Los acusados deberán responder por los delitos de cohecho propio, penalidad del corruptor bajo la modalidad de cohecho propio, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias y fraude de ley, recordó un comunicado de la Procuraduría de hoy lunes.
El paso siguiente es comunicar esta demanda a los acusados y remitir el expediente al Juzgado Penal de Hacienda para la realización de la audiencia preliminar en la que se decidirá si el caso se eleva a juicio.
Gamboa, destituido en abril de 2018 por la Asamblea Legislativa, y Bolaños, en prisión preventiva desde que cayó detenido en noviembre de 2017, fueron acusados el 25 de junio por la Unidad Especializada de la Fiscalía por implicaciones del viaje que ambos realizaron juntos a Panamá en octubre de 2016.
La Fiscalía atribuye a Gamboa los delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y perjurio, pues además habría favorecido a Bolaño al descartar un caso judicial después del viaje a Panamá, lo habría ayudado de manera indebida en una diligencia y habría mentido ante la comisión de diputados que investigaron el caso el “cemento chino”.
A Bolaños la Fiscalía le achaca el delito de penalidad del corruptor bajo la modalidad de cohecho propio, mientras que al gerente de su empresa Sinocem, Rojas Segura, le atribuyen haber incurrido en penalidad del corruptor en calidad cómplice, informó el Ministerio Público este 25 de junio de 2020.
Los investigadores determinaron que Gamboa recibió presuntamente una dádiva: los tiquetes aéreos y el hospedaje pagados por las empresas de Bolaños. “Como resultado del beneficio otorgado”, según la Fiscalía, el magistrado de la Sala III votó por la desestimación de causas penales contra el empresario y tres políticos vinculados a él: los entonces diputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata, y el actual alcalde de Matina, Wálter Céspedes. Estos cuatro estaban acusados por tráfico de influencias, pero el caso no pasó a más por la decisión del alto tribunal, de la cual Gamboa debió haberse abstenido.
Gamboa mantenía una relación con el empresario cuestionado por utilizar créditos por más de $45 millones de la banca pública en un supuesto negocio de importación de cemento desde China, con el aparente objetivo de romper el duopolio que funcionaba en el país. Esas coincidencias las denunció UNIVERSIDAD el 11 de septiembre de 2017, cuando ya había estallado el escándalo sobre acercamientos de Bolaños con diputados, jerarcas bancarios y miembros del gobierno de Luis Guillermo Solís.
