Luego de que el Ministerio de Hacienda le solicitará a la Procuraduría General de la República reconsiderar un dictamen que frenaba la suspensión del aumento salarial en el sector público, el órgano emitió una respuesta en la cual asegura que no procede hacer una reconsideración y le aclaró al ministro Elian Villegas los alcances de su opinión.
En este sentido, señaló la Procuraduría al jerarca de Hacienda que en la resolución emitida días atrás, lo que planteaba era que no se podía dejar sin efecto el aumento salarial de los trabajadores del sector público para el primer semestre de 2020, a menos que publique un nuevo decreto que derogue el anterior -en el cual se establecía el ajuste de salarios-.
En el dictamen C-219-2020, el órgano asesor señala que nunca concluyó que el Decreto Ejecutivo 42121- MTSS-H-MIDEPLAN del 17 de diciembre de 2019 y el aumento salarial ahí establecido, no pudiera dejarse sin efecto, sino que, el mecanismo jurídico idóneo para ello era la derogatoria de dicho decreto y no la revocatoria como se planteó en la consulta original.
“La competencia consultiva de este órgano no abarca la posibilidad de señalarle al señor Ministerio de Hacienda la obligatoriedad de pagar o no el aumento salarial del año 2020 a todos los funcionarios públicos, por cuanto hacerlo no sólo implicaría sustituir a la Administración activa en la toma de decisiones concretas, sino, además implicaría pronunciarnos sobre la disposición de recursos públicos, cuya competencia ha sido asignada constitucionalmente a la Contraloría General de la República”, señala el documento.
Adicionalmente, indicó en su respuesta que es erróneo interpretar que el dictamen reconoce la existencia de derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas a favor de todos los funcionarios públicos y que, en consecuencia, a partir de dicho criterio el Ministerio de Hacienda se encuentra obligado a pagar el aumento salarial del año 2020. Esta determinación no corresponde a la Procuraduría.
De acuerdo con el abogado José Miguel Villalobos, la Procuraduría es clara en que no se pronuncia sobre temas específicos y no opinará si es un derecho adquirido o no.
“El órgano indica que no se puede revocar el aumento salarial, sino derogar con otro decreto sin perjuicio de derechos adquiridos y es el ministerio el que tiene que analizar si va a promulgar el decreto o no y asumir las responsabilidades. Ya en el momento en que lo haga, la Procuraduría ingresa a determinar si lleva razón el Ministerio o no”, aclaró el jurista.
En esta nueva respuesta, la Procuraduría es clara que sostiene el dictamen emitido días atrás, en el cual se planteaba que, mientras el gobierno no emitiera un nuevo decreto donde se derogue el aumento salarial, debe continuarse con el acuerdo tomado.
Eso implica, según la Procuraduría, que el gobierno debe pagar el ajuste que había previsto para mediados de marzo y luego de publicado el nuevo decreto ya entraría en vigencia la suspensión de aumentos salariales para los siguientes semestres.
