La semana pasada las buenas noticias llegaron por el lado del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
Al presentar su Informe de Política Monetaria, el BCCR encontró que la economía costarricense crece a un ritmo mayor que lo esperado. Si en julio pasado estimó que 2021 cerraría con un alza de 3,9%, ahora mejoró su proyección y la subió a 5,4%. Para el próximo año, en vez del 3,7% calculado, ahora lo elevó a 4,5%.
Por el lado del INEC —aparte de la excelente noticia de que sí realizará el Censo Nacional el próximo año—, la Encuesta Continua de Empleo correspondiente al tercer trimestre (julio, agosto y setiembre) del corriente mostró que el aumento sostenido de la reactivación económica, gracias a la vacunación y a una menor incidencia de la COVID-19, permitió que más personas encontraran un trabajo pagado y que disminuyeran tanto el desempleo como el subempleo.
Sin embargo, el empleo se recupera más lentamente que la “robusta” reactivación económica, y al terminar el 2022 solo alcanzaría el nivel que tuvo antes de la pandemia.
Lo anterior porque, si bien hay más oferta de puestos de trabajo, no todas las personas que laboraban remuneradamente antes de la COVID-19 están listas para tomar los trabajos.
Si se pone rostro y sexo a quienes todavía no retornan al trabajo pagado, se trata de personas con bajo nivel de escolaridad o calificación, viven en zonas rurales y en su mayoría son mujeres, quienes no pueden descargar en otros —como se hace con ellas— las labores de cuido de la infancia, de las personas adultas mayores o que padecen alguna condición, debido a los prejuicios culturales.
Sobre esto, la economista y profesora de la Universidad de Costa Rica (UCR), Marcela Román, fue clara en afirmar que la situación no mejorará mientras no se pongan en efecto políticas laborales específicas contra la discriminación de las mujeres en el mercado laboral.
Sin embargo, agregó que no hay “ninguna señal en ese sentido” (ver el recuadro).
La población ocupada alcanzó los 2,09 millones de personas (51,6% del total de la población con 15 años o más), compuesta por 1,29 millones de hombres y 807 mil mujeres. Esto significa un aumento de 248 mil personas que encontraron un empleo, de las cuales 146 mil son mujeres y 101 mil son hombres, una variación que es estadísticamente significativa.
Sin embargo, la tasa de ocupación masculina fue de 63,3%, mientras que la femenina se estimó en 39,9 %.
La tasa nacional aumentó en 5,5 puntos porcentuales (p.p.), en comparación con el mismo periodo del año anterior, aunque en el caso de los hombres subió en 4,2 p.p. y en el de las mujeres en 6,8 p.p.
En cuanto a la población que todavía está desempleada, se estimó en 378 mil personas (15,3%), de las cuales 200 mil son mujeres (19,8%) y 178 mil son hombres (12,2%). Si se compara con el mismo periodo del año pasado, la población desempleada disminuyó en 142 mil personas, de las cuales 70 mil son mujeres y 72 mil son hombres.
Por otro lado, la tasa nacional de subempleo bajó a 13,4%, una caída de 12,4 p.p. en comparación con el mismo periodo del año anterior, aunque sigue siendo mayor la de las mujeres, 16,3%, que la de los hombres, 11,6% (ver los gráficos).
La fuerza de trabajo nacional se estimó en 2,47 millones de personas, de las cuales, 1,47 millones son hombres y 1,01 mil son mujeres, lo cual indica un aumento estadísticamente significativo en el caso de las mujeres.
La tasa neta de participación en el mercado laboral fue de 61,0%, un aumento de 1,9 p.p., pero la de los hombres fue de 72,0% y la de las mujeres fue de 49,8%. Además, se incrementó únicamente para las mujeres (3,2 p.p.).
Y es aquí cuando aparece un elemento preocupante. Según el BCCR, “es probable que algunos de estos trabajadores lograran reinsertarse en el mercado laboral. Sin embargo, el comportamiento de la tasa de inactividad sugiere la posibilidad de que algunos de esos trabajadores hayan decidido salir del mercado laboral”.
La tasa de inactividad alcanzó un valor máximo de 42,9% en julio de 2020, y desde finales del año pasado se ha mantenido alrededor del 39,5%, “lo cual da indicios de que el choque de 2020 significó una salida permanente del mercado laboral para algunos trabajadores”.
Los factores estructurales “podrían explicar el estancamiento de la oferta laboral, así como la lenta reducción del desempleo”, añadió.
El economista independiente Carlos Solórzano se refirió a esos factores estructurales, particularmente al desencuentro entre oferta y demanda de trabajo y al impacto del cambio tecnológico.
“El teletrabajo ha abierto la mente de ciertas personas a la opción de autoemprendimientos, los cuales en algunas economías desarrolladas ha implicado una falta de mano de obra en ciertas actividades”, dice (ver el recuadro).
Por su parte, Rudolf Lücke, del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR, celebró que la mejora lograda en las finanzas públicas podría todavía llevar a una mayor reactivación.
“No solo se espera un mayor crecimiento para este año, sino que se mejora levemente el panorama fiscal. La regla fiscal —que genera contención del gasto— y un leve incremento en la recaudación de impuestos en los últimos meses han ayudado a mostrar un panorama favorable para las finanzas públicas”, dijo.
“De mantenerse, podría llegar a reducirse considerablemente el déficit primario e inclusive a eliminarlo en un lapso menor a 30 meses”, agregó.
El economista incluso consideró posible moderar la regla fiscal como un medio para estimular aún más el crecimiento económico.
“Se debiera ampliar el promedio móvil que determina el crecimiento del gasto en la regla fiscal o de forma alternativa incrementar el plazo en que se espera llegar a un superávit primario. Para aportar al crecimiento económico, el mayor ajuste o contención debe ser en el gasto corriente —remuneraciones y algunas transferencias— y no en la inversión en infraestructura ni en el gasto social, pues ambas están altamente ligadas a los niveles de desempleo y pobreza”, opinó.
Solórzano, por su parte, resaltó que, “si el país determinara que algún instrumento es inviable o es degradado, sería necesario un instrumento alternativo que produzca el mismo efecto sobre las metas acordadas” con el Fondo Monetario Internacional (FMI) (ver el recuadro).
Economista Marcela Román:
“La única política pública razonable de empleo es una política de empleo femenino”
El mercado de trabajo no resolverá las brechas de género, dijo.
Las brechas contra las mujeres, la informalidad, y la desconexión entre las calificaciones demandadas y la oferta de fuerza de trabajo frenan el aumento del empleo. ¿Alguna gente habrá salido definitivamente del mercado laboral?
—Primero, los pronósticos sobre la evolución de la economía en 2022 son —por suerte— mejores que hace unos meses, pero siguen siendo inciertos. Dependen de cómo siga evolucionando el impacto de la pandemia en Costa Rica y en los países que son nuestros principales socios comerciales y emisores de turistas, así como de los resultados legislativos con respecto a las reformas asociadas al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En todo caso, la situación de la economía y del empleo en 2019 no era favorable, así que tampoco son noticias muy alentadoras que volvamos ahí, aunque, claramente, es el piso mínimo necesario.
Segundo, no es posible saber en este momento si la destrucción de empleo fue permanente o no, y para cuáles grupos de trabajadores, eso solo podrá verificarse en los próximos años, cuando se puedan hacer estudios de panel para analizar la dinámica del empleo y la pobreza.
Por el momento lo que se puede documentar son algunas hipótesis. Por ejemplo, las encuestas más recientes de empleo dicen que hay menos mujeres buscando trabajo durante la crisis del 2020. Entonces, cuando se estiman tasas de desempleo y otras de subutilización, se calculan sobre una base reducida. Es decir, aunque ya tenemos unos indicadores desfavorables, posiblemente son aún peores, por las personas que del todo salieron del mercado laboral (no buscaron trabajo más, tal vez momentáneamente).
Lo que sabemos es que, dadas las brechas estructurales en el mercado de trabajo, las personas más vulnerables fueron más afectadas, incluidas las mujeres y si están menos calificadas es peor.
La incipiente recuperación se muestra muy desigual y, además, está basada en grupos que no fueron los más afectados —zonas francas, empleo profesional—.
En cuanto a la situación agravada de las mujeres ¿cuál es la perspectiva y cómo debe abordarse desde la política pública?
—Las mujeres enfrentamos una triple discriminación en el mercado laboral: nos contratan menos, nos pagan menos y nos despiden primero. En algunos momentos en la última década en que mejoró la baja tasa de participación femenina en el mercado de trabajo y aumentó el empleo, en esas “mejoras” el empleo informal está sobre representado. El Informe Estado de la Nación ha documentado estas afirmaciones y, por ejemplo, el reciente informe de la OCDE sobre el bienestar en América Latina (2021) confirma que estas tendencias no son exclusivas de Costa Rica, pues son compartidas con el resto de la región.
También sabemos que el estilo de crecimiento económico es uno que cada vez es menos intensivo en contratación de trabajadores, otra vez, lo han documentado el Estado de la Nación y la OIT para el resto de los países. La tendencia es ya de un período largo, pero se intensificó luego de la recesión mundial 2008-2011.
La crisis de 2020, de la que estamos teniendo las primeras muestras de recuperación, ha confirmado estas tendencias y no esperaría que, en medio de una crisis, mejoren las brechas estructurales.
El mercado de trabajo no va a resolver las brechas de género sin políticas públicas específicas y, además, no hay política pública que compense una economía que no da la talla. La respuesta de política más importante es resolver la distribución del peso de trabajo no remunerado tan recargado en las mujeres, aún peor durante la pandemia.
Costa Rica diseñó el mecanismo, se llama Red de Cuido, pero la cobertura es muy baja y los avances menos que marginales.
La única política pública razonable de empleo es una política de empleo femenino, pero no veo ninguna señal en ese sentido.
Economista Carlos Solórzano:
“La informalidad es estructural por el tipo de Estado que hemos desarrollado”
Para los patronos se han abierto aún más las opciones y ventajas de tercerizaciones específicas, afirma.
¿Cómo pueden influir la experiencia del teletrabajo y el cambio tecnológico en que algunos puestos de trabajo no vuelvan del todo?
—Ya las cifras recientes muestran un buen ajuste a la baja del desempleo. Incluso con mayor efecto sobre la población femenina. El tema de la informalidad es estructural por el tipo de Estado que hemos desarrollado. Solo se reducirá en tanto simplifiquemos la operativa estatal y reduzcamos los costos de volverse formal.
La desconexión entre el tipo de trabajo demandado y el tipo de trabajo ofrecido es una alarma que a fines del siglo pasado nos planteó (Alvin) Toffler con todas sus posibles consecuencias. Un altísimo porcentaje del desempleo prepandemia está directamente relacionado con la ausencia de formación educativa, lo cual demuestra que el porcentaje asignado constitucionalmente a la educación es otra forma de desperdicio de recursos. La educación requiere de recursos seguros, pero en la medida que demuestre su eficiencia en el mediano y largo plazo.
El teletrabajo permitió que algunas personas miedosas tuvieran que experimentarlo, y han aprendido que es una opción inteligente que permite un reacomodo de los costos de la mano de obra. Pero a su vez ha significado un enfoque muy diferente sobre el tema del trabajo, y su desarrollo ha abierto la mente de ciertas personas a la opción de autoemprendimientos, lo cual en algunas economías desarrolladas ha implicado una falta de mano de obra en ciertas actividades.
Desde el punto de vista del patrono, se han abierto aún más las opciones y ventajas de tercerizaciones específicas.
¿Considera conveniente y viable atenuar la regla fiscal para impulsar la reactivación?
—La regla fiscal es uno de los grandes logros de esta administración. Su eficacia depende, entre otras cosas, de la universalidad de su aplicación.
Durante la formación de la ley, el municipalismo ganó la pírrica batalla y quedó fuera. Los criterios de la Sala IV han erosionado en mucho su eficacia, y ello se verá explícito en los resultados. Un techo del crecimiento de los gastos corrientes es una manera inteligente de reducir el incremento del déficit no productivo y, por ende, de la necesidad de endeudamiento.
Una regla fiscal fuerte permite prever importantes límites al crecimiento desmedido del gasto corriente, no así del gasto de capital; una regla fiscal debilitada permite logros menos significativos.
La negociación con el FMI no es inamovible. El asunto es el conjunto de objetivos acordados, y la forma en que se logren depende de la misma dinámica de la economía nacional. Al momento de conformar el acuerdo, se determinó cuáles serían los instrumentos aplicables para el logro de los objetivos. Si el país decidiera que algún instrumento es inviable o es degradado, sería necesario determinar un instrumento alternativo que produzca el mismo efecto sobre las metas acordadas.
