La pandemia llegó en medio de un contexto económico y fiscal “delicado”, lo que agravó aún más los problemas de sostenibilidad financiera que ya arrastraban las universidades públicas desde años previos.
Así lo revela el Octavo Informe del Estado de la Educación 2021, el cual expone que en momentos en los que Costa Rica debería aumentar sustancialmente la cobertura de la educación superior con calidad y equidad para impulsar el desarrollo humano sostenible, las universidades estatales enfrentan desafíos financieros críticos que amenazan el cumplimiento de su misión esencial: la formación.
De acuerdo con las investigadoras del informe, Valeria Lentini y Marcela Román, desde hace varios años, los efectos de la desaceleración de la economía convergen con una crítica situación fiscal, y un gasto creciente presionando las finanzas de las universidades públicas.
“Las universidades tuvimos un período de gran generosidad fiscal, de bonanza, en el que los ingresos crecieron fuertemente. Los ingresos crecían muchísimo más rápido que el crecimiento de la economía, especialmente entre el 2014 y 2017”, señaló la investigadora del Estado de la Educación, Marcela Román.
“El problema acá es que en todo este período de gran expansión de los ingresos, así se expandieron de rápido los gastos. Aquí se incluye inversión en infraestructura, se envió a docentes a estudiar al extranjero y creció fuertemente la masa salarial. Entonces, uno puede interrumpir las inversiones en infraestructura, o en equipo, pero los componentes que amarras de crecimiento a la masa salarial no”, agregó.
En detalle, entre 2004 y 2017, los presupuestos de las universidades estatales y del Conare crecieron de manera importante, en el marco de una asignación creciente de inversión pública en educación, luego de la reforma constitucional que asignó el 8% del PIB a este sector.
Sin embargo, esta situación cambió alrededor del 2018, cuando la expansión del presupuesto se acabó. Es por eso que desde 2016, y con más fuerza desde 2019, las universidades del Estado empezaron a tomar un conjunto de medidas de contención del ritmo de crecimiento de los gastos a fin de atender un problema de sostenibilidad financiera a corto plazo.
“No es ningún problema que el 70% del gasto sea masa salarial, pues en servicios de educación y salud toda la plata se va en el recurso humano, el problema es el ritmo de crecimiento automático exponencial que ese gasto trae. Eso es lo que nos está matando, lo que ha venido poniendo en situación crítica la sostenibilidad financiera”, comentó Román.
Pandemia complica situación financiera
Como si esto no fuera poco, los dos últimos años trajeron una inesperada crisis, la cual enfrentó las universidades públicas a restricciones especiales que incluyeron la obligación de destinar ₡35.000 millones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) a gastos de capital, el recorte de ₡10.000 millones al FEES 2019 aplicado en la Asamblea Legislativa, y reducir y postergar gastos e inversiones previstos para el ejercicio económico 2020 por ₡48.000 millones.
Aunado a esto, también se dio el aporte especial de ₡3.200 millones como transferencia corriente para atender la emergencia nacional por COVID-19, y ₡9.800 millones como transferencia directa a la Comisión Nacional de Emergencias, así como el ajuste a la baja del presupuesto 2021 de un 5% respecto al monto que constitucionalmente les correspondía.
Para el año 2021 ninguna universidad pública ni el Conare tiene previsto el pago de reajuste salarial, ni de anualidad.
Llamado a tomar medidas
Ante este panorama, el Informe Estado de la Educación 2021 destaca que es importante analizar las opciones disponibles para que las universidades públicas generen recursos adicionales o los liberen mediante reasignación, a fin de canalizarlos hacia un aumento en la cobertura, sin afectar la equidad, ni la calidad de la educación.
En ese sentido, las investigadoras señalan que dado el peso de la masa salarial en el presupuesto universitario, es necesario revisar la estructura de salarios y el comportamiento de los incentivos, pues son la opción con mayor capacidad de generar suficiente holgura presupuestaria.
Además, entre las opciones analizadas para incrementar ingresos a mediano y largo plazo, el informe destaca que se puede generar un aumento en los aranceles de matrícula, aumentar las ventas por vinculación externa remunerada y explorar la creación de empresas auxiliares y la venta de servicios de investigación.
En 2019, por ejemplo, los ingresos generados a partir de las ventas por vinculación externa e investigación ascendieron a ₡36.700 millones, aproximadamente un 6,5% del total de ingresos corrientes de las universidades públicas financiadas por el FEES. Para que el incremento en otros ingresos por vínculo externo compensase la función que ha desempeñado la cuenta de financiamiento (superávits de períodos anteriores) con tendencia decreciente, los ingresos por vínculo externo deberían aumentar de 2 a 8 veces, dependiendo de la universidad.
Finalmente, desde el punto de vista de la eficiencia en el uso de los recursos, el Estado de la Educación expone que reducir la cantidad de estudiantes que reprueban libera cupos que pueden ser aprovechados por nuevos estudiantes. Esta acción apoyaría la estrategia de aumentar la cobertura a partir de recursos que ya se tienen disponibles.
“Innovar en la gestión académica para reducir la repitencia está al alcance. Por ejemplo, bajar la tasa de reprobación en un conjunto claramente identificado de cursos (entre 10 y 37 cursos según universidad) puede reducir el 50% el total de estudiantes que repiten cursos en las universidades públicas”, se lee en el informe.
