El biólogo Jorge Lobo consideró que el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), muestra que “los argumentos nuestros eran esencialmente correctos” y que “Costa Rica realizó todo el proceso de análisis de la legalidad del proyecto de Infinito Gold bajo estrictas normas del Estado costarricense”.
Esta mañana se dio a conocer el fallo de ese Centro que negó la pretensión de la minera canadiense de cobrar al país unos $400 millones ante la imposibilidad legal de llevar a cabo el proyecto minero de Crucitas, a través de su subsidiaria Industrias Infinito, tras un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo.
Sin embargo Lobo, además docente de la UCR y quien formó parte del grupo de personas expertas y activistas que fueron demandadas por la empresa, destacó la importancia de esa decisión en un momento en que “hay iniciativas que se ven incluso en discusión preelectoral respecto a que el país debería abrirse a actividades de minería legal de oro, vemos un peligro ambiental”.
Insistió en que el país “debe aprender que los peligros de la minería a cielo abierto son reales, no es invención de los ambientalistas”. Añadió que la decisión del Ciadi subraya que Costa Rica tiene “soberanía para impedir actividades que al final de cuentas significarían enorme impacto ambiental, es un mensaje a toda la discusión que se ve en ámbito legislativo”.
Lobo también destacó el hecho de que el Ciadi negó la pretensión del Infinito Gold de cobrar los $400 millones basándose en la expectativa de ganancias que tenía.
Al mismo tiempo, recordó que en el juicio que la minera perdió ante el Contencioso Administrativo, fueron los argumentos presentados por el sector ambientalista los que prevalecieron, “porque el gobierno defendió a la empresa”.
Revisar tratados
Por otra parte, Nicolás Boeglin, profesor de derecho internacional público en la Facultad de Derecho de la UCR, también demandado por la empresa, manifestó que la decisión “confirma cuan abusivos son los reclamos de muchos inversionistas extranjeros cuando acuden contra Estados ante el Ciadi y la urgente necesidad para Costa Rica de renegociar los Tratados Bilaterales de Inversion (TBI) suscritos con mucho entusiasmo en los años 90 y los TLC en los años 2000”.
Ello por cuanto “no tiene mayor sentido ir a discutir ante el Ciadi durante siete largos años lo que los tribunales costarricenses decidieron en el 2010 y 2011, en cuanto a la total ilegalidad de este proyecto minero”.
En ese sentido, Lobo criticó el hecho de que Costa Rica debió tener la posibilidad de demandar a Industrias Infinito por haber realizado “toda una serie de conexiones ilegales y corruptas que fueron demostradas en el juicio, como haber ocultado la intención de penetrar acuíferos y la destrucción del bosque”.
Además de Lobo y Boeglin, la empresa también demandó a los exdiputados Claudio Monge, Manrique Oviedo y Edgardo Araya.
