El presidente de la República, ministros y ministras, autoridades del Poder Judicial y la presidenta de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, dieron declaraciones sobre la seguridad del país y especialmente, de Limón, desde el cantón central de la provincia, mientras en Puerto Viejo de Talamanca, un grupo de pobladores lo esperaban con pancartas protestando por agua potable, seguridad ciudadana, ordenamiento territorial y otras demandas ciudadanas.
Si bien se había anunciado que el presidente llegaría a Puerto Viejo para asistir al Cuocanat Challenge (actividad cultural) y al acto protocolario de cierre de las actividades conmemorativas del mes de la afrodescendencia, en horas de la tarde -cuando varios medios habían dado cuenta de las manifestaciones ciudadanas, la Presidencia comunicó que “por complicaciones de tiempo y agenda” el mandatario no podía llegar.
En su lugar, informaron, participaron varios jerarcas, entre ellos: el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach; el ministro de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Carlos Enrique Alvarado; el ministro de Pesca y Acuicultura, Heiner Méndez; el viceministro de Paz, Sergio Sevilla; la viceministra de Comercio, Pamela Bogantes; el viceministro de Economía, Industria y Comercio, Christian Rucavado; la viceministra de Agricultura, Rocío Valerio; la directora nacional de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), Fabiola Romero y el Comisionado de Inclusión Social, Ricardo Sossa.
En el centro de la comunidad, varias decenas de pobladores se reunieron para exigir agua potable, seguridad ciudadana (pues la comunidad carece de una comisaría y tiene muy poca presencia policial), ordenamiento territorial especialmente en el Territorio Indígena de Kéköldi, placas de taxi, licencias de pesca y otras necesidades que aquejan al pueblo del sur caribeño.
Mientras tanto, el mandatario se reunió con lo que llamó el Consejo Nacional de Seguridad Pública (aunque esa entidad existe y es otra, según la legislación) para discutir el problema de seguridad, “entenderlo y ponernos de acuerdo de cómo se puede arreglar la situación”.
Tras la reunión, Chaves dio declaraciones acompañado de Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial; Gerardo Rubén Alfaro, magistrado de la Sala Tercera; Warner Molina, Fiscal General; Natalia Díaz, ministra de la Presidencia; Jorge Torres, ministro de Seguridad; Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz; y otros funcionarios.
Durante la conferencia, en la que no hubo preguntas, el jerarca dijo que “los homicidios, asesinatos y en general crimen violento se nos está yendo de las manos y ha llegado a un nivel que es inconsistente con la esencia del ser costarricense” y agradeció a la representación legislativa, judicial y de gobierno “porque es la primera vez que nos hemos sentado juntos para discutir este problema”.
Aunque no dio detalles sobre acuerdo alguno, Chaves dijo que los presentes acordaron que van a seguir trabajando “ya de una manera más ejecutiva” y que ya se pudieron de acuerdo “en la necesidad, en el objetivo común y en que ninguno de los tres poderes lo puede hacer solo”.
El presidente informó que seguirán coordinando y reuniéndose para trabajar en temas de seguridad. Por su parte, Gerardo Rubén Alfaro dijo que “existe una preocupación importante en el tema de seguridad de la nación y sobre todo la escalada de violencia y el tema de los homicidios en la provincia de Limón”, y aseguró que el Poder Judicial se sumará en las mesas de trabajo necesarias, para que la administración de justicia sea pronta , cumplida y eficiente.
Navas agregó la reunión era un “hito para Costa Rica” pues el de seguridad “es un trabajo que no se puede hacer solo con un grupo, con una persona o uno de los poderes porque es un problema nacional”.
