Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, denunció atrasos de hasta nueve meses en los procesos penales en diversas fiscalías de las provincias de Limón y Puntarenas.
Durante la sesión del lunes 21 de marzo, en la que el fiscal subrogante Warner Molina rindió su informe anual, Cruz intervino para preguntarle al funcionario sobre los atrasos que se dan en fiscalías como la de Pococí, Batán y Sarapiquí, en Limón, o en el Primer Circuito Judicial de Puntarenas, que calificó como las “más calientes en temas de crimen organizado”.
Según dijo, en la Fiscalía de Sarapiquí se dan atrasos de hasta cuatro meses para autorizar una orden de allanamiento, mientras que en Guácimo una solicitud de intervención telefónica puede durar hasta dos meses y medio; y en Sarapiquí hasta nueve meses.
“En temas penales de cualquier éndole eso ya es mucho”, dijo Cruz, que agregó que considerando la trascendencia que tienen estos procesos el panorama empeora.
Además, según Cruz en las fiscalías de la zona Atlántica un anticipo jurisdiccional de la prueba (proceso de recepción anticipada de evidencia) puede tardar hasta tres meses en autorizarse, mientras que en Puntarenas el éríodo de espera supera los cuatro mese.
Por eso, dijo, el quehacer de la Fiscalía “va más alla de casos terminados, que ni detallamos qué significa”. La crítica de Cruz se dirigió a que el fiscal destacó que bajo su mandato se han concluido un porcentaje importante de casos, aunque no detalló si con “concluido” se refería a condenas, sobreseimientos o desestimaciones.
Según información brindada por Molina, en el 2021 se recibieron 194.752 casos nuevos, lo que implica que cada 2 minutos y 40 segundos se registró un delito.
A esto, explicó, se suman los casos reentrados, los testimonios y el circulante acumulado para un total de 280.380 expedientes. También destacó que durante el mismo año se realizaron un total de 30.349 acusaciones, lo que representa un 17,14% del total
El fiscal interino también destacó los avances realizados en el cierre de casos de corrupción, narcotráfico y crimen organizado, y destacó tareas pendientes, especialmente en temas de delitos relacionados con relaciones de género y personas en condición de vulnerabilidad.
Sobre los señalamientos de Cruz, Molina dijo que la Fiscalia General responde a las solicitudes de intervenciones telefónicas en 24 horas- “Las analizamos y resolvemos en 24 horas, del 100% que he autorizado que son como 500, solo dos se rechazaron, fueron apeladas y al final fueron aceptadas”, dijo.
Sobre lo demás, afirmó el Fiscal, “no he visto ese atraso tan escandaloso, quisiera verlo para hablar con los fiscales adjuntos a ver qué está pasando”.
