El presidente Rodrigo Chaves puso a prueba los límites de la institucionalidad costarricense en el 2022, chocando repetidamente. Aunque se declaró respetuoso de la división de poderes y de esa institucionalidad en varias ocasiones, incluso el mismo 8 de mayo en que asumió el poder, un repaso de sus acciones evidencia que puso a prueba sus límites e incluso intentó cruzar sus fronteras.
El presidente Chaves atacó directamente a los otros Poderes cuando se disgustó con ellos (Judicial, Legislativo), dinamitó juntas directivas y jerarquías que no le fueron incondicionales (ICE, CCSS), anunció reformas para restar autonomía a entidades que lo incomodaron (FEES, Aresep, SUTEL), amagó con acciones judiciales para variar criterios de entidades reguladoras (Contraloría, Aresep) y avaló proyectos para concentrar poder en ministerios (Ley de recuperación de potestades, reformas en MINAE y MOPT). (ver recuadro)
Se trata de un estilo vinculado con su discurso de hombre fuerte, que se enfrenta al sistema, y que en sectores de la opinión pública que lo apoyan, refuerza su respaldo. Pero se trata de una estrategia que no solo apunta contra la división de poderes esencial en el sistema democrático, sino que difícilmente será sostenible en el 2023, o cuando el Gobierno entre a sus etapas maduras y necesite concretar obras.
Carlos Carranza, coordinador del Programa Análisis de Coyuntura de la Universidad Nacional e investigador de la UCR, comentó que para el gobierno será cada vez más complicado alcanzar sus objetivos, y está limitando sus espacios.
“Es un gobierno de mano fuerte, en el cual los equilibrios no son el punto de partida para el Presidente, sino lograr los fines que se propone. Pero esto provoca roces fuertes y contradicciones”, comentó Carranza.
Precisamente, parte de esa imagen de hombre fuerte se relaciona con que sus acciones sean efectivas, pero esto cada vez se complicará más por los frentes que está abriendo. Carranza citó los casos de los resellos a los vetos presidenciales, con los que se evidenció que el gobierno requiere negociar si desea obtener algunos resultados concretos. “Deberá buscar alternativas, porque en caso contrario, los espacios políticos serán muy limitados, y eso se reducirá conforme se acercan las elecciones municipales y más adelante, las nacionales”, expresó.
Debe recordar que el presidente Chaves tampoco tiene el apoyo de una estructura política consolidada; en la Asamblea Legislativa tiene apenas 10 diputados de 57, lo que le obliga a acuerdos con al menos 19 legisladores para decisiones que requieren mayoría simple, y 28 para las que exigen mayoría calificada.
“Hay que recordar que fue un presidente de segunda ronda, eso genera condiciones particulares. En el caso de Carlos Alvarado, se buscó un gobierno de unidad nacional y un gabinete amplio; en el caso de Rodrigo Chaves, buscó gente que no ha estado en la palestra política, pero eso implica una mayoría que no sabe cómo se maneja la escena política”, comentó Carranza.
Adicionalmente, el panorama también es complicado para la institucionalidad costarricense, a pesar de su desarrollo histórico. “Considero que pone en situación compleja la institucionalidad, pueden presentarse roces más fuertes, pueden presentarse más tensiones”, manifestó Carranza.
Eso dificultará mas el manejo político en el gobierno. Ya han transcurrido ocho meses (un 15% del período), y mantener el estilo de choque con la institucionalidad aumentará los frentes y reducirá los espacios, en momentos en que se requerirá buscar aliados.
Podría requerirse de un cambio en el estilo, o una variación. De momento, Carranza mencionó que no se perciben señales de ello.
Los choques del Presidente
El presidente Rodrigo Chaves abrió frentes en diversas fronteras de la división de poderes, desde los equilibrios con los otros Poderes, hasta la autonomía de instituciones y la regulación independiente.
Ataques a otros Poderes
Judicial: El 20 de junio Chaves visitó el Poder Judicial y cuestionó a ese Poder, justo tres días después de haber visitado el Ministerio Público para conocer las cinco causas en las que aparecía como investigado. Fue un día después de que el presidente de la Corte de entonces, Fernando Cruz, solicitara impulsar un proyecto para aliviar la presión de los cobros judiciales sobre el Poder Judicial. Chaves cuestionó el uso de los recursos en los tribunales y los resultados en el servicio, e incluso les dijo que no debían permitir que los intereses canallas usaran los procesos judiciales.
Legislativo: El 19 de octubre, luego de que la Asamblea Legislativa reselló dos de sus vetos (10 y 18 de octubre) declaró que los diputados se comportaban de manera irresponsable. Reclamó que diputados de la comisión de Hacendarios votaron mociones que variaron el proyecto de presupuesto del Gobierno, mencionó sus nombres e indicó: “Yo le digo al pueblo de Costa Rica, fíjense quiénes son y qué están haciendo, porque ellos tienen el poder de hacerlo, pero deberían de meditar antes de arriesgar”. En julio, ya había chocado con los diputados por los eurobonos, y los acusó de “jugar chapitas”.
Disparando contra autonomía:
Universidades: El 16 de agosto, una multitudinaria marcha de las universidades públicas hizo que el Gobierno retrocediera en su decisión de recortar ₵128 mil millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el 2023. El 5 de octubre, Chaves envió una propuesta a la Asamblea Legislativa para reformar el FEES, para condicionar externamente a centros académicos manejo de recursos, fijando prioridades y trasladando fondos a Hacienda, si no cumplían esos requisitos.
ICE: El 1 de julio, el Consejo de Gobierno destituyó a tres integrantes del Consejo Directivo del ICE, alegando que nombramientos tenían defectos. Después, entre el 7 de junio y el 7 de octubre, descabezó la estructura interna, al despedir 11 gerentes y directores en esos cuatro meses.
CCSS: El 17 de setiembre anunció el despido del presidente ejecutivo de la CCSS, Alvaro Ramos, por aprobar aumento salarial en la entidad, a pesar de ser facultad reservada a Consejo de Gobierno. Lo enmendó con el despido en un Consejo de Gobierno virtual el 21 de setiembre y nombró como presidenta ejecutiva a la ministra de Trabajo Marta Esquivel, que llegó con la intención de revertir este aumento. Pero no lo logró: el 22 de noviembre se anunció que el aumento quedaba en firme. Solo dos semanas después, el 7 de diciembre, Chaves anunció que suspendía a cuatro directivos de la CCSS y los denunció ante la Fiscalía, alegando conflicto de intereses.
Regulación bajo fuego:
Contraloría: Chaves discrepó de la Contraloría y declaró el 6 de julio que correspondería a los tribunales definir cómo se calcula la regla fiscal, luego de que el ente contralor acudiera al Tribunal Contencioso para frenar el decreto 43589-H, con el que se pretendía flexibilizar la ejecución de la regla fiscal. Chaves alegó que defendía derechos de niños a ser albergados por el PANI, Contraloría advirtió que decreto eliminaría límites para transferencias a municipalidades, entre otros efectos.
Aresep: El 20 de julio declaró que ARESEP estaba coadministrando y que vería el tema “con los abogados”, luego de conocer anuncio de aumento en las tarifas de combustibles, que puso fin a decreto que había firmado para subsidiar precio del diésel. Aresep aclaró que medida era transitoria desde el inicio. Adicionalmente, el 19 de octubre, el ministro de Transportes Luis Amador y Chaves culparon a ARESEP por atrasos para que Dekra iniciara la revisión técnica. Amador dijo que esperaban iniciar en setiembre, pero que ARESEP no les dio las tarifas de reinspección. Chaves dijo que ARESEP no aceptaba que la segunda revisión sería gratis.
SUTEL: El 1 de diciembre Chaves cuestionó a SUTEL, declaró que se tenía que realizar discusión profunda sobre que SUTEL administre fondos y regule. “Resulta que son el regulador y la plata”. Esto fue luego de que SUTEL le comunicara, el 29 de octubre, que el concurso que anunció el 7 de julio para la red móvil de 5G todavía no podría arrancar, pues la recuperación de frecuencias “era insuficiente” para iniciar el proceso.
