El presidente Rodrigo Chaves acumula investigaciones penales de la Fiscalía que mantienen un ritmo de al menos una al mes, lo que lleva a nuevos niveles el peso de estas denuncias en contra de un mandatario.
Los datos de la Fiscalía reportan 18 investigaciones en curso, que van desde un posible prevaricato por el aumento salarial a sus ministros, a la falta de pago del Gobierno a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El mandatario restó importancia a la concentración de denuncias en su contra, pero eso no impidió que acudiera personalmente al Ministerio Público el 16 de junio del 2022 para informarse sobre las entonces cinco causas. Aseguró que se trataba de “acusaciones absurdas y frívolas”, de parte de personas que utilizan la judicialización de procedimientos para atacar con fines políticos.
Desde esa fecha, mantuvo el ritmo de al menos una denuncia al mes, para alcanzar 18 en la actualidad. Y no se trata de una situación aislada en Zapote: otros nueve de sus compañeros de Gabinete lo acompañan con otras 37 denuncias (ver recuadro), con lo que alcanzan, en promedio, un ritmo de cuatro indagaciones al mes.
Fiscalía queda en deuda en procesos a miembros de Supremos Poderes
Falta transparencia para aclarar tendencias en casos que involucran a funcionarios con inmunidad.
UNIVERSIDAD quiso consultar si existía una tendencia creciente en comparación con años anteriores, pero en el Ministerio Público indicaron que no tenían cifras desglosadas de años anteriores en esta materia, a pesar de que los casos de acusaciones contra miembros de supremos poderes deben ser investigados por el fiscal general, quien debe realizar una investigación preliminar antes de desestimarlos, o recomendar su acusación o remisión a otra fiscalía.
Empero, datos de informes de rendición de cuentas de la Fiscalía indican que las acusaciones directamente relacionadas con miembros de supremos poderes (incluye diputados y magistrados) mostraban una tendencia al alza, que en el 2022 tuvo un retroceso.
En todo caso, el exfiscal Francisco Dall´Anesse sí advirtió que la cantidad de denuncias era bastante alta. Comentó que no existen cambios en los mecanismos de denuncia —Costa Rica tiene el mismo Código Penal desde 1996— por lo que las causas deberían buscarse en otras razones. “Lo que percibo personalmente es que en el Gobierno, especialmente en las conferencias de prensa, se habla con alguna ligereza en relación con temas que son ilegales”, expresó.
Las principales denuncias contra Chaves incluyen cuatro casos por nombramientos ilegales, una figura que es la acusación más repetida en contra de su Gabinete (ver recuadro). En el caso del mandatario, incluyen casos por la presidencia ejecutiva del Sinart, la ministra de la Condición de la Mujer, la dirección de la policía fiscal y un representante ante gobiernos locales.
También, hay cuatro denuncias por tráfico de influencias, en los que se incluye el tema de la Ruta del Arroz, la renovación de la concesión en Puerto Caldera e influir en nombramientos del CTP y Cancillería. Además, hay un expediente del que no se aportaron detalles.
En la figura de prevaricato, se siguen indagaciones por el aumento salarial a los ministros, por la suspensión de servicios para Parque Viva y la modificación del reglamento de responsabilidad fiscal, mientras por incumplimiento de deberes se le cuestiona la falta de pago a la CCSS, y una actitud permisiva ante las plataformas de transporte.
Además, también incluye la denuncia por posibles irregularidades en donaciones a partidos políticos, dos causas por peculado, una por inacción por un nombramiento en el INDER y otra por coacción, de la que no se dieron detalles.
Nombramientos ilegales, la principal denuncia
Al repasar la lista de los presuntos delitos denunciados en los miembros del actual Gobierno, la principal denuncia consiste en los nombramientos ilegales, con casi una tercera parte de todos los expedientes. Consiste en proponer o nombrar en un cargo público a una persona que no tiene los requisitos o competencias necesarios.
En una segunda posición, aparecen empatados el delito de tráfico de influencias (valerse de la posición personal o jerárquica para influir en un funcionario público, para que haga, retarde u omita en un acto propio de sus funciones, con el fin de generar un beneficio económico para sí mismo u otra persona), junto con el de incumplimiento de deberes (funcionario que ilegalmente omita, retarde o no realice un acto propio de su función), ambos con nueve indagaciones en curso.
En una tercera posición, se ubica la figura del prevaricato (funcionario dicta resoluciones contrarias a la ley o las basa en hechos falsos), con seis expedientes. Posteriormente, aparece el peculado (sustracción o distracción de fondos públicos a su cargo, por sus funciones), con cuatro investigaciones en proceso.
