La diputada Gloria Navas de Nueva República, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en la Asamblea Legislativa, declaró que la presentación de más de mil mociones al proyecto de ley 23.090 contra el crimen organizado, son un intento de dos diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), Carolina Delgado y Danny Vargas, por atrasar esta reforma.
“En contra de este proyecto únicamente han estado Carolina Delgado y Danny Vargas, son los que se oponen y tratan de atrasarlo, mediante todos los mecanismos posibles. El país debe tener conocimiento de esto, es una barbaridad”, dijo Navas, al ser consultada sobre las perspectivas de la reforma.
El expediente 23.090 fue priorizado dentro del grupo de reformas que los jerarcas de Seguridad del Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo procuraron identificar como acciones importantes para tratar de enfrentar la ola de violencia que enfrenta el país, y que se evidencia en el aumento histórico en la tasa de homicidios. Al respecto, el fiscal Carlo Díaz solicitó enfáticamente que este proyecto fuera aprobado antes del 7 de junio para ampliar plazos de prisión preventiva -entre otros aspectos-, alegando que, en caso contrario, se tendría que dejar en libertad a cabecillas de grupos de crimen organizado.
Por su parte, la diputada Delgado indicó desde la semana anterior que en la Comisión de Seguridad no se quiere discutir el proyecto 23.090 “porque está mal hecho”, y alegó que no restituye el artículo 2 de la ley 8.754 contra el crimen organizado, que ella insiste que quedó derogado por la ley 9.481 para la creación de una jurisdicción especial contra el crimen especializado, a pesar de que las leyes 9.591 y 9.769 extendieron el plazo para que entrara en vigencia, y porque asegura que “es inconstitucional porque quiere hacer retroactiva una norma que no puede ser retroactiva”.
Empero, el plazo luce cada vez más difícil de cumplirse: esta semana se tratará en la reunión de jefes de fracción del jueves 20 de abril el tema del cronograma y acciones para el avance de la iniciativa, luego de que el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio, indicara que no le salían las cuentas, y que bastaría con una moción en la comisión para complicarlo más.
Y sobre la mesa de la comisión, hay más de una moción, muchas más. Al respecto, Navas indicó que Delgado se encargó de presentar 570 mociones de revisión y 570 mociones de forma. “En total son 1.140 mociones para la Comisión, que simplemente se presentaron para atrasar, porque no tienen temas de fondo, de profundidad de la normativa. Simplemente, bloquear un tema que es esencial para el país”, dijo.
Navas enfatizó que el país debe tener claro que se trata de reformas para combatir el crimen organizado. “Esto no es como jugar chapitas”, y consultada sobre el fundamento que alegan Delgado y Vargas, indicó que “siempre son intereses ocultos, pero sabemos que algunos de ellos han estado trabajando con Johnny Araya, en la Municipalidad de San José. Pueden tener el interés de proteger a otros niveles”, expresó.
Navas también declaró que no es de recibo el alegato de que hubo un vacío en la normativa contra el crimen organizado, generado por el período entre el que se derogaban artículos de la ley 8.754 y sigue sin entrar la ley 9.481. “No estoy de acuerdo con eso. El problema de la jurisdicción especial tuvo que ver con falta de recursos para que rigiera, no fue un tema de leyes de fondo. Era una situación que podía retrasarse. En todo eso, hay algo extraño, puede ser la protección de algunas personas”, expresó.
Esto contrasta con el argumento de Delgado, quien en su proyecto de ley 23.208 ya había planteado que la ley 9.481 entró en vigencia el 14 de octubre del 2019, por lo que la ley 9.769 que aplazó su vigencia el 30 de octubre de ese mismo año, ya no podía evitar que se derogaran los artículos de la ley 8.754 que definían los procedimientos para investigar el crimen organizado.
A pesar de esta situación, Navas afirmó que intentarán cumplir con el plazo de impulsar la aprobación del proyecto antes del 7 de junio; es decir, 51 días, y con la elección del Directorio Legislativo, el primer informe presidencial y la obligada reconformación de las comisiones legislativas en medio.
