En lugar de tratar de lograr claridad sobre los salarios que estaría percibiendo de más, la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel, está buscando ampliar la polémica en este campo.
Esquivel denunció ante Rodrigo Arias, presidente legislativo, el caso de la contralora Marta Acosta, por considerar que su salario de ₡5.740.000 estaría por encima del límite de ₡5.565.000, según disposición de la Contraloría en el oficio DFOE- DEC3200, en el sentido de que los salarios de los nuevos jerarcas no podían pasar ese monto.
Aunque solo hace una referencia indirecta en su carta (menciona el oficio DFOE- DEC3200 dirigido a la Junta Directiva de la CCSS el 19 de diciembre del 2023, únicamente), es imposible ignorar que Esquivel se encuentra en una polémica luego de que la Contraloría le indicó que su salario de 7,1 millones excedía en ₡1.593.848 ese límite, por lo que pareciera estar en una operación de reclamo.
La Contraloría resolvió que Esquivel debía devolver los salarios de más, pero la presidenta de la CCSS primero se negó, solicitando un criterio del Ministerio de Planificación. Al no lograr en esta acción respaldo para rechazar la indicación del ente fiscalizador, recurrió a intentar recusar a miembros de la Junta Directiva de la CCSS, y posteriormente, declaró ante diputados que no tiene claridad del monto que debería devolver.
Ello podría explicarse porque en lugar de realizar estudios sobre su salario y lo que la ley ordena en su caso, al parecer Esquivel se está enfocando en analizar los salarios de otros. Esquivel remitió a Arias un documento de ocho páginas, en el que incluye un criterio jurídico para denunciar que el salario de Acosta no se adecúa a lo sustentado en el documento remitido a la Junta Directiva de la CCSS.
Sin embargo, se trata de un tema que la propia Contraloría había respondido ya ante el propio Arias, con el oficio 16439, del 14 de noviembre del 2023. En ese documento, se le indicó al presidente legislativo que el actual salario de Acosta se fijó en mayo del 2020, por lo que el límite al que se hace referencia, relacionado con la entrada en vigencia de la ley de empleo público (8 de marzo del 2022) es posterior.
En la misiva del ente contralor se destacó que, según esa misma ley de empleo público, se define que los salarios activos para la entrada en vigencia no podrán ser disminuidos, por lo que los ajustes para la Contraloría del límite máximo para el salario global deberán realizarse a partir del 2028.
No es la situación para los nuevos jerarcas, lo que incluye el caso de Esquivel. Sin embargo, es llamativo que la presidenta de la CCSS insista públicamente que no tiene claridad sobre la situación de su salario, y en paralelo realiza gestiones como jerarca de la CCSS (firmó como tal la denuncia que envió a Arias) sobre el salario de otras personas.
También es llamativo que haya presentado esta denuncia ante Arias el pasado 7 de febrero, un día antes de la visita a la Asamblea Legislativa en la que recibió un despliegue de seguridad calificado de excesivo por diputados de la oposición, lo que obligó a que el propio Arias admitiera que esta decisión fue su responsabilidad directa, ante el compromiso que asumió con Esquivel de garantizarle su seguridad con el fin de que asistiera a la comisión legislativa de Ingreso y Gasto Público.
Se consultó a la Presidencia Legislativa sobre esta situación, en el sentido del trámite que podría recibir y el resultado de la carta de la Contralora desde noviembre del 2023 en la que se justificó el monto salarial de Acosta, pero la respuesta fue que hasta el próximo lunes se definiría el trámite.
