Diputados de la comisión de Educación anunciaron la presentación de una reforma con la que se pretende corregir una disparidad creada por la ley 9999 para prevenir la revictimización de menores en el sistema educativo, y garantizar los derechos laborales y el derecho de presunción de inocencia de personas docentes y funcionarias.
Consistirá en una reforma al artículo 10 de la ley, referido a la valoración de la prueba, y fue presentado por los diputados Sonia Rojas, Geison Valverde y Rosaura Méndez (Partido Liberación Nacional, PLN), Manuel Morales y Jorge Rojas (Partido Progreso Social Democrático, PSD), Leslye Bojorges (Partido Unidad Social Cristiana, PUSC), Rocío Alfaro (Frente Amplio, FA) y Johana Obando (Partido Liberal Progresista PLP).
“Fue una labor de más de cuatro meses, con observaciones de sindicatos, el Ministerio de Educación, y actores afectados por la ley 9999, para atender quejas recurrentes de que las disposiciones de la ley contravenían el derecho de la presunción de inocencia, y afectar derechos laborales de los funcionarios”, expresó la diputada Sonia Rojas, presidenta de la comisión.
Rojas afirmó que la ley no establecía con claridad los aspectos relacionados con la defensa de las personas denunciadas, por lo que se debía hacer una reforma para precisar diferentes elementos del proceso y generar confianza jurídica.
Por su parte, la diputada Alfaro destacó que se trataba de una búsqueda de equilibrios. “Tan derecho humano es la protección de los menores, como los derechos laborales de los funcionarios”. Agregó que este resultado puede ser un ejemplo de una buena coordinación entre las diferentes fracciones, a pesar de sus diferencias, y de la relación de la Asamblea Legislativa con movimientos populares.
El diputado Bojorges también destacó que atendieron la solicitud de miles de profesores y sindicatos de educadores, en el sentido de corregir vacíos de la ley 9999. “El objetivo primordial es la protección de los menores que realizan denuncias y evitar que sean revictimizados, pero también era necesario establecer garantías procesales para los educadores”, manifestó.
Los legisladores externaron su confianza en que podrá realizarse un proceso eficiente de consultas con las instituciones relacionadas con el tema para que el trámite sea ágil, y resaltaron que existe un amplio consenso para esta reforma dentro de la Asamblea.
