En la sesión de Corte Plena programada para este martes al final no se realizó ninguna ronda de votación para elegir a la Presidencia, pues el proceso electoral se suspendió hasta el próximo lunes.
La suspensión se debió a que, tras analizar solicitudes del Sindicato de la Judicatura (Sindijud), la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) y de la magistrada Julia Varela para suspender todo el proceso, en vista de que la Sala Constitucional acogió un recurso de amparo del Sindicato, la Corte decidió doce votos contra diez por continuar con el proceso de elección secreta.
Tras esa votación, el magistrado Jesús Ramírez -quien preside las rondas de votación por ser el de mayor edad y porque la vicepresidenta de Corte, Patricia Solano, es candidata- se dispuso a realizar la primera ronda de votación, pero la magistrada de Sala III Sandra Zúñiga intervino y manifestó que en vista de que la decisión no quedó consignada como un acuerdo en firme, presentó un recurso de revisión sobre la determinación de llevar acabo la votación secreta.
Es decir, ante el hecho de que la Sala Constitucional acogió para su estudio un recurso de amparo presentado por Sindijud contra la votación secreta, esa organización, la Acojud y la magistrada Varela solicitaron que se suspendiera el proceso, para dar chance a que la Sala IV decida. Sin embargo, esa iniciativa fue sometida a un proceso de votación con el resultado ya dicho y posteriormente el recurso de revisión planteado por la magistrada Zúñiga obligó a suspender la elección de la Presdencia.
Corte dividida
La votación respecto a suspender o no el voto secreto fue púbica, por ello se sabe que quienes optaron por mantener el voto secreto fueron Anamari Garro, Ana Isabel Vargas, Damaris Vargas, Fernanado Castillo, Jorge Araya, Jéssica Jiménez, Jorge Olaso, Jesús Ramírez, Luis Porfirio Sánchez, Roxana Chacón, Roberto Garita e Iris Rocío Rojas.
Por suspender la elección mientras la Sala Constitucional decide votaron Fernando Cruz, Gerardo Alfaro, Julia Varela, Luis Guillermo Rivas, Luis Fernando Salazar, Orlando Aguirre, Paul Rueda, Patricia Solano, Rafael Segura y Sandra Zúñiga.
Es decir, de las cinco personas que se postularon al puesto, sólo Chacón votó por no suspender la elección, mientras que Rivas, Aguirre, Salazar y Solano sí lo hicieron.
La polémica respecto a la forma de elegir la Presidencia de la Corte estriba en que el artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su inciso 6 establece que debe realizarse por votación secreta; pero quienes abogan por el voto público -como lo ha planteado desde el inicio de las rondas de votación las magistrada Varela-, señalan que ya la Sala Constitucional ha reconocido la vigencia de principios emanados de la Constitución Política, como el de transparencia y publicidad de los actos administrativos.
Varela además al inicio de la sesión invocó el artículo 41 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, que establece que “la interposición del amparo no suspenderá los efectos de leyes u otras disposiciones normativas cuestionadas, pero sí la aplicación de aquellas al recurrente, así como la de los actos concretos impugnados”.
De seguido, Iris Rocío Rojas atacó la iniciativa, cuestionó “¿Cuál es el acto impugnado?”, se respondió “me parece que el acto impugnado es las votaciones que ya se realizaron, no tiene nada que ver con lo que estamos convocados hoy”, y afirmó que “desde un punto de vista de interés público hay que garantizar continuidad del servicio, cumplir con obligación constitucional del artículo 162”, que simplemente manda a que Corte Plena elija a su Presidencia.
El magistrado presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, también tomó la palabra para referirse al artículo 41 de la Ley de Jurisdicción Constitucional y la posibilidad que establece de suspender la aplicación de normas impugnadas.
Dijo que desde 1992 la Sala IV ha entendido que tal suspensión requiere de que se dicte explícitamente una medida cautelar, de lo contrario “Costa Rica estaría paralizada”.
Castillo aseveró que “no hay razón jurídica para suspender”, la votación, pero subrayó que el problema también tiene una “dimensión política que esta Corte tiene que plantearse: si en las condiciones actuales donde hay un recurso de amparo y un proyecto de ley que se tramita con celeridad, debemos esperarnos para hacer la votación pública, o la seguimos haciendo privada, es un tema de lectura política que tiene que hacer este órgano”.
Planteó si realizar la votación secreta podría generar un “problema de legitimidad social y política”, de manera que es posible dar un mes para que se apruebe una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial que se tramita por vía rápida en Asamblea Legislativa y que eliminaría la disposición del voto secreto.
Posteriormente, fue la magistrada de Sala III Sandra Zúñiga quien salió al paso de las consideraciones de Iris Rocío Rojas y dijo que “hoy es el día para demostrar su realmente estamos interesados en demostrar esa transparencia” y añadió que la “opacidad” del voto secreto “es terreno fértil para que la opinión pública cuestione la imagen del Poder Judicial”.
Poco después se sometió a votación la iniciativa de suspender la elección, la cual fue rechazada. Zúñiga presentó entonces su moción de revisión, la cual fue apoyada entre otros por Castillo.
Tras ese resultado, tanto Luis Fernando Salazar como Patrica Solano hicieron uso de la palabra para manifestar que apoyan la iniciativa de un voto público.
