El período de inscripción de candidaturas corre en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) con la previsión de que las elecciones de 2022 se avecinan con un salto inédito en la cantidad de agrupaciones políticas en la pelea por el poder, se supone, pero con la interrogación sobre lo que ello significa y lo que provocará en el resultado, en la legitimidad del próximo gobierno o en la composición de la próxima Asamblea Legislativa.
Un total de 27 personas está anunciado para inscribirse en la competencia por la Presidencia de la República, el doble de lo que se registró en 2018 y en 2014. Independientemente de que todas lo hagan o cumplan los requisitos, nadie duda de que el 6 de febrero toparemos la papeleta electoral más grande en la historia.
Los comentarios en redes sociales señalan, en principio, que ese dato es señal de un supuesto deterioro del sistema político, a pesar de que muestra una total contradicción con lo que se ofrece en regímenes de partidos únicos, como en la práctica opera el sistema en Nicaragua para las elecciones de noviembre.
Consultados los especialistas o las autoridades, coinciden en que la explosión de partidos políticos, tal como ocurrió hace unos años en el ámbito de gobiernos locales, explica distintas características del sistema político actual, y alguna podría ser en principio positiva; la apertura de participación para personas de todas las procedencias.
“Refleja la fortaleza de un sistema abierto en el cual distintos actores pueden aspirar a cargos sin exclusión política o ideológica, un sistema que no discrimina en el origen, sino que deja esa decisión en manos de los ciudadanos”, comentó el asesor político del TSE, Gustavo Román, antes de mencionar otros factores críticos más asociados a la erosión de la figura de partidos políticos.
Entre las 27 candidaturas están las de los partidos tradicionales que han gobernado, las de las agrupaciones que han pescado espacios legislativos durante las dos últimas décadas de caída del bipartidismo, y las de los partidos recién nacidos que son un resultado más del empeño de una figura política que de un movimiento ciudadano con un interés ideológico común.
“Lo ideal es que detrás de cada sigla haya un colectivo de ciudadanos que ha madurado una propuesta política, y sobre eso ofrezca a una serie de personas para dirigir al país. Lo cierto es que no siempre es así”, señaló Román sobre un aspecto en el que el TSE no tiene más injerencia que velar por el cumplimiento de los requisitos formales.
Ilka Treminio, doctora en Procesos Políticos Contemporáneos y profesora en la Universidad de Costa Rica (UCR), comentó que en Costa Rica las reglas para la inscripción de partidos son relativamente laxas, pero que no es al TSE al que corresponde intervenir en el tipo de sistema de partidos. “Eso es una decisión del electorado dentro de un conjunto de reglas. “En el TSE son jueces; estarían interviniendo demasiado en el modelo”, opinó Treminio.
La multiplicación de agrupaciones nacionales, llamada “municipalización” por expertos del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la UCR, se ha acelerado en años recientes. La prueba indica que, del total de 31 agrupaciones habilitadas para competir por la Presidencia, 18 (58%) debutaron en los comicios nacionales de 2018 o están por hacerlo en 2022.
Ronald Alfaro, investigador del CIEP y del programa Estado de la Nación, dijo en la víspera de la convocatoria a elecciones, el 6 de octubre, que la realidad política ha ido superando el marco legal diseñado para partidos políticos desde décadas atrás, salvo algunas reformas pequeñas, como la interpretación constitucional del 2010 que permitió a las agrupaciones nacionales formar sus asambleas territoriales desde el nivel de los 82 cantones y no de los 488 distritos.
Costa Rica sigue la senda de otros países
El marco legal permite que los partidos se construyan sin capacidades de control entre niveles o entre territorios. “Muchos con solo vehículos electorales, grupos vacíos en la práctica”, comentó la politóloga Treminio antes de admitir como válido el ángulo de la democratización del acceso al poder.
Subraya que una parte de las candidaturas en la práctica funcionan como si fueran independientes, pues en otros países existe una figura legal, pero no en Costa Rica, donde el partido sigue siendo indispensable para la postulación a la Presidencia, curules legislativas y gobiernos locales.
La postulación con un partido, sin embargo, otorga diferentes posibilidades, como la opción de inscribirse con la doble candidatura para dos poderes de la República con obvias diferencias en requisitos, responsabilidades y dinámicas de poder. Es lo que ha hecho la mayoría de las candidaturas presidenciales, pues se anuncian como aspirantes a gobernar desde el Ejecutivo y a ocupar una de las 57 curules de la Asamblea Legislativa.
En total hay 55 partidos habilitados para participar en el actual proceso electoral entre nacionales y provinciales, nuevos y viejos, aunque está por verse si todos inscriben candidaturas para la Presidencia o para escaños legislativos en el plazo disponible hasta el 22 de octubre.
Treminio explicó que Costa Rica, habiendo dejado atrás el bipartidismo con el cambio de siglo y habiéndose diversificado más en la última década, entra en la categoría de multipartidista moderado. Esto, después de encaminarse por la senda de fragmentación que ya han transitado democracias consolidadas como la española o la inglesa, a pesar de ser esta bipartidista por excelencia.
Esta reconfiguración de partidos, sin embargo, se parece también a la que presentan El Salvador y Honduras, donde se derrumbó el bipartidismo casi centenario que había soportado distintos momentos de crisis.
También está en la mira el caso de Guatemala, más fragmentado desde tiempo atrás, aunque Treminio señala que la fórmula para asignar curules en relación con los votos de cada partido tiende más a la concentración que a una mayor diversidad de partidos, por lo que tampoco es seguro que la composición legislativa del 2022-2026 sea más diversa que la actual.
“Algunas personas temen que pueda atomizarse más (el reparto de escaños), pero quizás no sea aún el momento. Al ser tantos partidos, no muchos podrán alcanzar con facilidad en el subcociente”, explicó en relación con la barrera que debe superar todo partido para poder optar por una curul.
El subcociente es la mitad del cociente, que es el valor que resulta de dividir el total de votos válidos de la circunscripción (por ejemplo, la provincia de Heredia) entre la cantidad de escaños para esa circunscripción (seis, en el caso de Heredia).
El reparto de curules se hace solo entre las agrupaciones que superan ese subcociente y hay ocasiones en que un escaño se asigna por un residuo, que juega a favor de las agrupaciones que ya obtuvieron al menos un espacio. Por eso, se señala que el procedimiento llega a una etapa en que tiende a favorecer la concentración en lugar de aumentar la dispersión de curules, sobre todo en provincias pequeñas, como señaló también el politólogo Alfaro.
Esa barrera del subcociente, por ejemplo, fue la que provocó que en 2018 las 57 curules quedaron en manos de siete partidos y no de 12 (aunque luego se dividieron y subió la cantidad de grupos parlamentarios), lo cual habría hecho aún más complejo el alcance de acuerdos políticos, al menos en teoría.
Esa regla solo puede cambiarla la Asamblea Legislativa, compuesta por las agrupaciones que más se benefician de ella, lo cual hace menos probable que se elimine para procesos futuros, a pesar de la tendencia de resquebrajamiento y multiplicación de partidos.
