El pulso legal que sostienen el Instituto Nacional de Seguros (INS) y la Superintendencia General de Seguros (Sugese) ya sumó 12 días de atraso en el cobro del permiso de circulación de vehículos –mejor conocido como marchamo- que debió empezar el 1º de noviembre.
La disputa se resume en una diferencia de criterios sobre cuánto debe ser la tarifa que se cobre por el Seguro Obligatorio Automotor (SOA), que es uno de los elementos del marchamo y que permite a ocupantes de autos y peatones tener una póliza de hasta ¢6 millones en caso de sufrir lesiones o muerte por accidentes de tránsito.
El INS sostiene que la tarifa debe ser la misma que el año anterior (¢21.380 para carros y ¢70.415 para motocicletas), pero la Sugese le negó la autorización para cobrar ese monto porque considera que no será suficiente para pagar los gastos de los asegurados que tengan accidentes. Desde el 2016, los ingresos por ese seguro han sido insuficientes para cubrir los gastos y el INS ha tenido que recurrir a sus reservas (unos ¢9.000 millones en tres años)-
Aunque el INS alega que hará ajustes para disminuir los costos de operación del sistema médico así como campañas de prevención para bajar la cantidad de accidentes, la Sugese le reprocha no presentar el sustento técnico de esos argumentos, así como haber solicitado la autorización de la tarifa de manera tardía. La Superintendencia además señala que, de mantener el monto, el INS tendría pérdidas de ¢8.000 millones.
Las entidades llevaron su desacuerdo ante el Tribunal Contencioso Administrativo, el cual deberá resolver primero una solicitud de medida cautelar que le permitiría al INS iniciar el cobro del marchamo con la tarifa actual. Posteriormente, se resolvería el fondo del asunto.
Mientras tanto, el Gobierno sigue sin recibir los ingresos por el impuesto a la propiedad de vehículos, que corresponden al 70% de lo que se cobra en el marchamo. Este año, el marchamo se cobraría a 1,5 millones de propietarios. Para el Ministerio de Hacienda representaría un ingreso de ¢168.000 millones, que en parte servirían para financiar los gastos de fin de año, en una época de déficit fiscal en la que todos los colones cuentan.
La pregunta es: ¿Por qué el INS quiere mantener la misma tarifa si aumentarla significaría más ingresos para la institución?
El presidente ejecutivo, Elian Villegas, respondió esa pregunta en entrevista con UNIVERSIDAD.
El 11 de setiembre, el INS presentó una primera solicitud de autorización de tarifa ante Sugese en la que pedía un aumento del 12%. Luego la retiró y pidió mantener el monto. ¿Por qué se dio ese cambio en la petición?
-Porque en la junta directiva nos quedamos pensando que nosotros habíamos declarado el 2018 como el año de la prevención, hemos venido trabajando en distintos componentes de la prevención, y teníamos clarísimo un tema, el de la epidemia de accidentes, es decir, existe una gran cantidad de accidentes, lo cual tiene un impacto muy grande en las personas y esto tiene que ver con la pobreza de las familias. Entonces, el tema es: ¿Vamos a seguir igual? ¿Sencillamente, subimos tarifas y nos vamos por ahí? ¿O generamos algo diferente y nos enfocamos todavía más fuertemente en prevención, en protección, en disminución de gastos y en una administración más eficiente del seguro? A todo eso le sumamos que cuando usted aumenta la tarifa, de forma automática le sube la mora. Y en el caso de motos, la mora ya es muy alta, ya anda como en el 19%.
¿Y con el aumento cuánto podría subir?
-La estimación que nos dan los actuarios es que cada colón de aumento implica dos motos menos que pagan (…) La mora se nos iba a disparar casi un 30%.
Entonces, cuando uno ve ese tipo de cosas, la conclusión a la que se llega es: tenemos que darle vuelta. Y eso significa trabajar muchísimo más en esas cosas que ya veníamos haciendo. Y a eso uno le suma otra cosa y es: ¿está el clima social como para nosotros generar también un problema adicional con un aumento en el marchamo?
¿El clima social fue un factor que consideraron?
-Bueno, es que es un factor desde el momento en que estamos en competencia. Cuando usted va a vender un seguro, cualquier seguro, usted tiene que fijarse muy bien en el precio porque la competencia saca un precio menor o saca una condición mejor y es un elemento intrínseco a la competencia.
Pero este tipo de seguro…
-No tiene competencia, sí. Pero, ¿solo por eso entonces podíamos cobrar nosotros lo que queríamos, es decir, cualquier monto? Nos parece que no, que deberíamos hacer un esfuerzo como si estuviésemos en competencia. Y entonces la decisión que se tomó fue: con el esfuerzo que nosotros podemos hacer, la tarifa alcanza. Y se hizo una revisioncita y se vio cuánto era lo que había que ahorrar, cuánto era lo que había que generar en planes de prevención y entonces la conclusión a la que llegamos es: eso se puede hacer, lo vamos a hacer y vamos a mantener la tarifa.
Si usted dice que el 2018 era el año de la prevención y en las carreteras aumentan los accidentes. ¿Cuál es la garantía de que esas medidas sí van a tener efecto esta vez?
-Es que hay distintas medidas, no solo de prevención, sino otras medidas. Nosotros hemos tomado algunas medidas internas, por ejemplo, ahorro en medicinas, que tiene que ver con una mejor administración de todo el cuadro de medicinas. Ahorro en la parte de imágenes médicas, que eso básicamente es no estar tomando distintas imágenes médicas de una persona cuando ya tenemos una imagen médica que ha sido tomada en algún lugar, sino trasladarla eficientemente de forma electrónica, pero no estar tomando una en zona rural y luego la persona viene aquí y se le toma otra, tal vez en un hospital de la Caja, y luego va al hospital nuestro y se le toma otra. Entonces hay que pagar tres imágenes médicas de la misma espinilla, rodilla, etcétera.
Luego, una mejor administración del rubro de incapacidades (…) Vamos a abrir centros regionales donde vamos a dar terapia, ya están avanzados, le estoy hablando de Pérez Zeledón, Ciudad Neily y Jacó, que pronto los vamos a inaugurar. Entonces ya no hay que incapacitar a las personas para que vengan a recibir terapia a San José. Solo con una buena administración de incapacidades, vamos a ahorrar un poco más de ¢1.600 millones, porque en incapacidades se van casi ¢20.000 millones.
Sugese dice que la tarifa no va a ser “suficiente” como establece la ley. ¿Cuál sustento técnico dieron ustedes?
-Tenemos una diferencia de fondo con Sugese, a nosotros nos parece que a Sugese no le corresponde analizar eso, empecemos por ahí, pero en nuestro criterio sí estamos en capacidad de lograr esos ahorros, tanto bajando la siniestralidad, tanto bajando la severidad de las lesiones y disminuyendo el gasto directo mediante ese uso más racional que le decía.
Todo eso nos permite decir que la tarifa es suficiente. Pero además, si logramos impactar la mora. Y creo que se puede impactar precisamente cuando le decimos a la gente que le vamos a cobrar lo mismo y vamos a recoger un poco más de dinero.
¿Hasta dónde tiene potestad la Sugese?
-De conformidad con el artículo 56 de la ley de tránsito, la Superintendencia puede analizar dos aspectos al momento de otorgar tarifas. El primero es que la aseguradora no tenga una utilidad de más del 6% y el segundo es que la presentación de la información cumpla con las formalidades que emita el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Son las únicas dos cosas, no puede meterse ni en la metodología ni en la fijación de la tarifa.
Cada aseguradora determina que la tarifa que está fijando sea suficiente para dar todas las prestaciones médico-sanitarias estipuladas en la ley. ¿Qué pasa si no le alcanza la plata de las primas? La aseguradora tiene que responder con el patrimonio.
Esa nos parece que es la interpretación correcta y nos parece además que, como lo estamos haciendo, va a ser suficiente.
¿Todas las medidas que ustedes proponen son nuevas?
-Hay algunas que ya las estamos aplicando en esta segunda parte del año e incluso queremos aplicarlas noviembre y diciembre para ir viendo el efecto. Cuando uno analiza los números del SOA, nos han sido favorables en los meses de julio, agosto, setiembre y octubre, han sido números que venían mal, pero han empezado a ser más favorables. Nosotros aquí vemos no solo un tema de números, no es un tema de plata, nosotros también lo vemos en función de la gente. Cuando hablamos de cuál es la esperanza de vida de un motociclista, estamos hablando de 48 años, eso no puede ser. Entonces socialmente es muy importante trabajar ahí. Pero sí le digo una cosa, independientemente de lo que suceda, nosotros vamos a llevar adelante todo el programa que estábamos pensando porque para nosotros es importante poder impactar en la calidad de vida de la gente. Lo vamos a trabajar, lo vamos a medir y para el 2020 sí vamos a poder decirles que tuvo tal impacto concreto.
La Sugese ha dicho que el INS presentó esta solicitud de forma tardía (se presentó el 11 de setiembre con solicitud de aumento, luego se retiró y se presentó el 19 de setiembre).
-No existe un periodo para presentar esto. A pesar de eso, se presentó con 31 días hábiles de antelación al 1º de noviembre (que iniciaba el cobro). Entonces, nosotros no lo estamos presentando tardíamente. Aparte de eso, la Sugese conoce toda la información relativa al SOA y cuando le digo toda, es toda. Nosotros le presentamos un informe mensual a la Sugese y la Sugese cuando quiere nos pide información y aquí se le atiende y se le envía a la brevedad. Entonces no es cierto.
¿En otros años se presentó antes?
-Puede ser que sí, pero igual, estamos hablando de que se pidió con mes y medio de anticipación. Entonces, no es tema. Para nosotros sí estuvo bien presentado, no existe una norma que nos diga en qué fecha hay que presentar.
Se lo pregunto porque, considerando la situación fiscal del país y la necesidad de esos ingresos, ¿por qué no se hizo con más antelación para hubiese tiempo para resolver una discrepancia?
-Es que se hizo con la antelación debida. Estamos hablando de 31 días hábiles. Me parece que es un tiempo absolutamente razonable.
En el Tribunal Contencioso, los escenarios posibles son que les permitan cobrar el monto sin aumento o que se les rechace la medida. En el caso de que se les rechace, ¿qué corresponde?
-Dos cosas, una es la apelación del rechazo de la medida cautelar. Lo cual nosotros no vamos a hacer, precisamente por un tema de tiempo. Lo que haríamos es plantearle la solicitud de tarifa a Sugese siguiendo los parámetros que más o menos deja Sugese establecidos en la resolución y esperando una resolución positiva lo más rápido posible por parte de la Sugese.
¿Si tuviesen que hacer esa solicitud, sería con un aumento del 12%?
-No necesariamente, porque en el conjunto de medidas de las que le he hablado, hay una parte importante que está bien cuantificada, bien estructurada, que esperaríamos que la Sugese nos reconozca metodológicamente y lo podamos incorporar como parte de una disminución en cualquier aumento que se vaya a dar.
