Con una carta acompañada por cerca de 3000 firmas de oficiales, la Seccional de Fuerza Pública de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados solicitó a la Asamblea Legislativa excluirles del rango de acción de la Ley Marco de Empleo Público, que se discute actualmente en el plenario.
Los oficiales manifestaron su preocupación por la aplicación de una legislación que no distingue la labor policial de otros oficios y profesiones del sector público, aunque la Sala Constitucional ha considerado a los cuerpo policiales dentro de un régimen de excepción.
Detallaron que la posibilidad de traslados horizontales establecidos en el proyecto, los congelamientos salariales y un modelo de evaluación que no es acorde a la función policial, pondría en riesgo la estabilidad laboral de los oficiales y la calidad del trabajo que realizan.
Un modelo de evaluación por objetivos como el que plantea el expediente 21.336 permitiría por ejemplo, exigirle a los oficiales cuotas de detenciones, decomisos o apercibimientos, independientemente de la cantidad de delitos que cometa la población en la zona de la que son responsables, explicó Mainor Anchía, dirigente de la seccional de ANEP.
“La función policial es una función especialísima que cumple su función con su sola presencia, un par de oficiales en un sitio con sólo estar ahí previnenen el delito. Pero, si los evaluaran por objetivos, ¿tendrían que forzar requisas o abordajes innecesarios, que pueden ser abusivos? Esto hasta supone un riesgo para la estabilidad laboral de los mismos oficiales pues podrían verse denunciados por abuso de autoridad, siendo que los obligan a estas metas” , cuestionó.
Además explicó que les preocupa se daría un congelamiento salarial. Quienes ingresen a trabajar en la Fuerza Pública una vez aprobado el proyecto, entrarían con un salario de ₡600.000, mientras que quienes ya tienen ese salario por la suma de sus anualidades se quedarían con el salario congelado hasta por diez años mientras quienes hoy ganan ₡450.000 alcanzan la nueva base, lo que resultaría en una desmejora de la calidad de vida de los oficiales, puntualizó.
Finalmente indicó que la posibilidad que abre la legislación propuesta sobre traslados horizontales representa una amenaza a los derechos laborales y humanos de los oficiales. A la vez, sumada al modelo de evaluación por objetivos, se convierte en la herramienta perfecta para el acoso laboral y sexual, indicó el sindicalista.
Según indicó, ya que el proyecto no establece mecanismo alguno que blinde la evaluación de posibles prácticas de acoso, jefaturas abusivas o corruptas podrían evaluar negativamente a un o una buena oficial que no “se acomode” o bien, simplemente, trasladarlo, por ejemplo, a la policía penitenciaria.
En el documento los oficiales también pidieron apoyo para iniciativas que mejoren las condiciones de trabajo de los policías, tanto a nivel de pensiones, como de equipo de trabajo y cobertura del seguro de vida y riesgos profesionales. Ampliación de la cobertura del seguro, respaldo a una ley de pensiones para los cuerpos policiales y reformas legislativas para permitir el uso de armas menos letales que las de fuego, fueron algunas de las peticiones.
