A pesar de una medida cautelar ordenada por la Sala Constitucional el pasado 9 de noviembre, oficiales de la Fuerza Pública en Los Chiles realizaron el pasado jueves 12 un desalojo contra las familias campesinas que habitan la Finca La Cruz y este lunes 16 detuvo a siete dirigentes del movimiento campesino.
Desde julio de este año, 53 familias campesinas ocuparon la finca, propiedad del Banco Nacional, para poner a producir las tierras.
Desde el inicio de la ocupación tramitaron una solicitud ante el Instituto de Desarrollo Rural, pues según afirman, la ley obliga a las instituciones estatales (incluidos los bancos públicos) a poner las propiedades tomadas a disposición de ese instituto para que la tierra sea dedicada a la producción agrícola.
Así lo indicó Jouseth Chaves, dirigente del Partido de los Trabajadores que colabora con Alianza Campesina, organización que aglutina a las más de 850 familias que participan de siete distintos procesos de lucha por la tierra en Los Chiles.
Según consta en la documentación emitida por la Sala Constitucional en relación con el caso, el pasado 18 de agosto el INDER respondió poniéndose disposición de estas personas para iniciar los trámites respectivos. No obstante, a ese momento el Banco aún no había indicado su voluntad de ofrecer la propiedad, de 240 hectáreas.
Desde el inicio del movimiento se han realizado cinco desalojos e incluso la Alianza denunció hace unas semanas que los campesinos fueron atacados a balazos por guardas de seguridad privada, quienes indicaron que tenían órdenes por parte del Banco.
De acuerdo con Chaves, el domingo 8 de noviembre la Policía interrumpió una asamblea de la organización, registró a las personas presentes e informó de un desalojo que se realizaría en próximos días. En respuesta, los campesinos presentaron un recurso de amparo que fue acogido por la Sala Constitucional el 11 de noviembre.
En la notificación de la Sala se ordena “al Delegado Policial de Los Chiles, NO EJECUTAR DESALOJO ALGUNO CONTRA LOS AMPARADOS, hasta tanto la Sala no resuelva en sentencia el recurso, o no disponga otra cosa” (mayúsculas en el original).
Horas antes, ese mismo día, la Subgerencia General de Operaciones Infraestructura y Compras del banco dirigió una misiva a Lidieth Rojas, presidenta del Comité Campesino La Cruz, en la que asegura que “no se cuenta con una legislación que permita y/o autorice la posesión temporal de las fincas” por lo que niega esa petitoria, pero afirma que “la Administración procederá con las diligencias necesarias ante el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) para que éste manifieste su interés en adquirir el inmueble correspondiente”.
A pesar de las medidas cautelares y de la voluntad manifiesta del banco de proceder con los trámites en conjunto con el INDER, el pasado jueves la policía local se presentó a la finca, desalojó a las familias y con maquinaria destruyó los cultivos y las “champas” (viviendas hechizas). “Los compañeros trataron de enseñarles la documentación en la que la Sala Constitucional ordenaba no desalojar, pero ni siquiera les pusieron atención”, dijo Chaves.
El dirigente comentó que el pasado viernes la organización presentó ante la Fiscalía una denuncia por desobedecer la orden de la Sala y notificó a esta de la violación a las medidas, al tiempo que las familias reingresaron a la finca. Sin embargo, en horas de la tarde de este lunes, la policía local regresó a la zona “detuvo a siete dirigentes y persiguió a la gente, todavía hay familias escondidas en la montaña, asustadas”, comentó.
Este martes a eso de las 10:30 a.m. la organización denunció que personal de la fiscalía de Los Chiles detuvo “en vía pública a la dirigente campesina Lidieth Rojas, mientras se encontraba esperando por la liberación de las 7 personas detenidas la tarde de ayer”.
Chaves comentó que estas acciones son condenables, pues no sólo la respuesta al movimiento “ha sido represiva desde el principio, sino que ahora incluso violentan órdenes emitidas por la misma institucionalidad del país”.
Diego Chévez, jefe de Administración y Venta de Bienes del Banco Nacional informó que el “proceso de toma de posesión del inmueble propiedad del Banco, fue realizado siguiendo todos los procedimientos establecidos para ello y en coordinación con el Ministerio de Seguridad, específicamente con la Delegación de Los Chiles. Igualmente se siguió el procedimiento legal establecido ante los intentos de invasión realizados por diferentes personas”.
En cuanto al recurso de amparo, indicó, “el mismo fue interpuesto contra el Ministerio de Seguridad, por lo que desconocemos el trámite que se haya dado al mismo”.
“El banco debe proceder a la venta de los bienes muebles o inmuebles que reciba en pago de obligaciones crediticias, de conformidad con la ley”, agregó. “Actualmente las fincas están en proceso de inscripción ante el Registro Público y las mismas se ofrecerán al INDER en el momento en que se encuentren a nombre del banco, para que el instituto manifieste si está interesado en adquirirlas”.
