País

Poder Judicial remitirá al gobierno y a la Asamblea Legislativa necesidades urgentes para atender ola de criminalidad

“Debe quedar claro en la comunidad nacional que las acciones de prevención de la criminalidad por mandato constitucional y legal son resortes del Poder Ejecutivo", recordó el magistrado Aguirre.

La Corte Plena del Poder Judicial acordó la tarde de este viernes remitir al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa un listado de tareas necesarias para poder “combatir el aumento de la criminalidad del país en la actualidad”.

En una reunión en que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía General de la República detallaron sus necesidades de personal y equipo, las magistraturas acordaron remitir los documentos preparados por ambas entidades para que sean considerados y autorizaron al Presidente de la Corte, Orlando Aguirre,  para negociar lo que corresponda y “se le dote al Poder Judicial de los insumos requeridos”.

Adicionalmente, decidieron llamar a una “concertación nacional” para poder lucha contra la criminalidad, en el contexto de la ola de violencia más grave que ha vivido el país.

Durante la reunión, Aguirre recordó que el Poder Judicial está a cargo de los temas de criminalidad estrictamente en las etapas de reacción y sanción, pero que “para enfrentar eficientemente el fenómeno de la criminalidad y pretender cambios significativos que se traduzcan en menos violencia en las calles no puede obviarse que deben tomarse acciones de prevención al igual que de reacción y de sanción”.

“Debe quedar claro en la comunidad nacional que las acciones de prevención de la criminalidad por mandato constitucional y legal son resortes del Poder Ejecutivo entendiendo también que el fenómeno de la criminalidad debe ser abordado en forma preventiva con acciones sociales de oportunidades, estudio, trabajo, etc.”, dijo el Magistrado.

En la sesión, el Director del Organismo de Investigación Judicial, Randall Zúñiga; el Fiscal General, Carlo Díaz; y el Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez, expusieron la labor realizada, así las limitaciones presupuestarias y la necesidad de más recursos para atender la situación que atraviesa el país.

En concreto, concluyeron que se requieren 1.712 plazas para la estructura penal, de las cuales 1.073 corresponden al OIJ, 235 a juzgados y tribunales, 292 a la Fiscalía y 112 a la Defensa Pública.

Celebran avance de proyectos

En la sesión extraordinaria también se rindió informe sobre los proyectos de ley priorizados por el Poder Judicial, para luchar contra la delincuencia.

Tanto el OIJ como las magistraturas celebraron la aprobación en primer debate de la iniciativa para exonerar al OIJ del pago del Impuesto de Valor Agregado, que generará recursos para comprar 35.000 municiones AR 15, 250 esposas, 283 cascos balísticos, 35 escudos, 24 vehículos, 100 fusiles AR 15, 585 chalecos antibalas, 14 drones y dos licencias de software.

También se anunció que se elaboró un borrador de proyecto de ley sobre ejecución de la pena, que será entregado a la Presidencia de la Asamblea Legislativa el próximo lunes 16 de octubre y se destacó el avance de proyecto de automatización de los procesos judiciales y análisis de rezago del judicial, que se ha trabajado con el Colegio de Abogados y Abogadas, ingenieros industriales, abogados litigantes y la academia.

 

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