En tiempos de crisis el gasto social y las transferencias dirigidas hacia los más pobres se convierten en blanco fácil de los recortes para estabilizar las finanzas, pero las consecuencias sociales de estos tardan décadas en pagarse.
El último Informe Estado de la Nación contiene una seria advertencia para estos tiempos de insolvencia en las finanzas públicas y asomos de crisis económica: reducir el gasto social y eliminar las transferencias del Estado a los grupos más pobres prácticamente duplicaría la cantidad de personas en condición de pobreza extrema.
La investigadora del Estado de La Nación, Natalia Morales, detalló que un freno a las transferencias sociales haría que la pobreza extrema suba de 5,7% a 9,9%, mientras que la pobreza total saltaría del 20% al 22,8%.
En el caso de la inversión social “en especie”, como lo son los servicios de comedor en escuelas y los centros de cuido, si estos se eliminaran traerían consigo un aumento de un punto porcentual en la pobreza extrema.
Morales recordó que el país ya optó por recortar la inversión en educación y salud durante la década de 1980 para atender los problemas fiscales, lo que dejó como saldo a toda una generación con baja escolaridad y oportunidades limitadas; además de que tomó 34 años volver a recuperar los niveles de inversión social que se tenían en aquel momento.
El informe destaca que, hasta 2017, se puede considerar todo un logro el hecho de que el país ha podido sostener un creciente gasto social pese a la difícil coyuntura fiscal, con un incremento del 3% en este rubro en comparación con 2016.
“Es una inversión que mejora las condiciones, no resuelve la pobreza, pero por lo menos hace que vivan mejor. Si no hay empleo difícilmente pueda resolverse la pobreza y de ahí el riesgo en este contexto de recortes fiscales”, apuntó.
Este incremento en las transferencias se reflejó en el hecho de que el primer decil (el 10% de la población con menos ingresos) fuera el único que registró un incremento en sus ingresos durante el último año, pues en los restantes nueve deciles hubo decrecimiento.
“En el primer decil hubo un aumento de ingreso que se explica por la inversión social y en términos acumulados, representa un crecimiento del 16%, que es importante. Esto provocó que el Coeficiente de Gini (indicador que mide la desigualdad) cayera un 1,4%, porque el ingreso cayó en la mayoría de los hogares, menos en los más pobres”, explicó.
El Estado de La Nación estima que un 70% de los hogares en el país no son pobres, mientras que existe un 11% que son pobres cuando se mide por el método de Línea de Ingreso (un monto de ingreso mensual por persona, bajo el cual se considera pobre o no a una persona); otro 10% es pobre bajo el método multidimensional (tiene alguna necesidad básica insatisfecha) y un 8,7% es pobre si se aplican ambas metodologías.
Este último grupo, que representa unos 132.219 hogares, es el que Morales consideró los “pobres duros”, pues tienen más complicado el poder superar su condición de pobreza.
AJUSTE COSTOSO
El informe Estado de La Nación señala el 2017 como un año particularmente “crítico” en el tema económico, sobre todo por el evidente deterioro de las finanzas públicas, cuyo déficit pasó de 3,3% del Producto Interno Bruto del país (PIB) en 2009 a un 6,2% del PIB al cierre del año anterior.
Pamela Jiménez, investigadora a cargo del capítulo económico, apuntó que el entorno internacional –que en años atrás fue favorable para el país– hoy ha cambiado radicalmente y presiona con incrementos en los precios (del petróleo), el tipo de cambio, las tasas de interés y la inflación.
Estas condiciones hicieron que durante el 2017 la tasa de crecimiento del crédito en colones bajara de un 14% a un 12%, mientras que el crecimiento del crédito en dólares se desplomó al bajar de 11% en 2016 a solo un 3% el año anterior.
Sumado a estas condiciones, Jiménez llamó la atención sobre lo problemático que resulta la desaceleración de la economía, que pasó de un crecimiento del 4,2% del PIB en 2016 a un 3,2% en 2017 y trajo consigo un menor crecimiento en el consumo de los hogares, en las exportaciones de bienes y servicios, así como una fuerte caída en la inversión, la cual decreció en 3,1% con respecto al año 2016.
“El único componente de la demanda del PIB que se incrementó fue el consumo del Gobierno (subió de 2,4% a 2,9%), que en un contexto de déficit fiscal es difícil pensar que una reactivación económica venga por la vía del gasto del Gobierno”, aseguró.
Junto con la economía, también bajó el ritmo de crecimiento en los ingresos del Gobierno, que pasaron de 9,6% en 2015 a 7,9% en 2016 y quedaron en 5,3% para el 2017; mientras que el gasto subió de 6,1% a 9,1% en el último año.
“La desaceleración del ingreso lo que obligó al Gobierno fue a endeudarse para cubrir estos gastos, la deuda pasó de representar 27% del PIB en 2009 a 49% del PIB en 2017, y se proyecta que si no hacemos nada, la deuda va a llegar a 70% del PIB para el bicentenario (2021), que realmente es un número muy difícil para pensar que se logre tener los recursos para cubrir ese tamaño de deuda”, indicó.
Jiménez llamó la atención sobre el hecho de que la deuda creciente demanda cada vez más recursos por concepto de intereses (15% del gasto para 2017), lo que hace que el Gobierno tenga que buscar financiamiento en condiciones cada vez más complejas.
Durante el 2017, la deuda del Gobierno se incrementó en una combinación complicada de cada vez más obligaciones en tasas variables, en moneda extranjera y con plazos de pago menores a un año.
“Ahora, las políticas de contención, especialmente en remuneraciones, realmente sí han tenido un efecto y han generado que no sea remuneraciones uno de los principales rubros que ha aportado al crecimiento del gasto”, añadió Jiménez.
Sin embargo, la investigadora advirtió que este tipo de medidas (como la retención adelantada en los pagos con tarjeta de crédito) tienen efectos limitados y es urgente reactivar la economía para que los ingresos tributarios vuelvan a crecer.
