Álvarez Desanti y directores de La Nación y Canal 7, quienes participaron en jornada histórica, calificaron publicación como “refrito”, pero se negaron a revelar lo conversado esa noche.
El Partido Liberación Nacional (PLN) vivió una semana de tirantez, a menos de un mes de elegir a su candidato presidencial, después de publicarse detalles sobre la participación de miembros de las familias propietarias del diario La Nación y Canal 7 en la cena del día en que se decidió abortar la campaña presidencial en marzo de 2014.
La lucha de tendencias se encrispó por el papel que en ese momento tuvo el actual precandidato Antonio Álvarez Desanti, entonces jefe de campaña del candidato Johnny Araya. Ha habido movimientos internos, recriminaciones y replanteamientos de estrategia.
Álvarez Desanti auspició esa noche en su casa una reunión secreta con directivos y dueños de Grupo Nación y de Televisora de Costa Rica, sin que hasta ahora se sepa el contenido de ese encuentro ni por qué estuvieron invitados los empresarios.
Esto lo publicó UNIERSIDAD en la edición del miércoles 1 de marzo; y, aunque el precandidato se ha negado a responder preguntas de este medio, en otros espacios consideró que se trata de “un refrito” influenciado por simpatizantes de su contendor José María Figueres, expresidente y precandidato para la elección interna del 2 de abril.
Otro precandidato, Rolando González (gerente de esa campaña y crítico de la manera insólita como Araya acabó la campaña del 2014), reconoció que el ambiente interno ganó hostilidad por las explicaciones que un sector del PLN aún espera de Álvarez Desanti, como protagonista del retiro de la campaña presidencial que derivó en la peor derrota del partido más tradicional del país.
La tensión se acumuló durante la semana y se concentró este martes en la Asamblea Legislativa, ante la intención de varios diputados de crear una comisión legislativa para investigar la reunión del 4 de marzo de 2014 de Álvarez Desanti y Araya con el director del diario La Nación, Armando González, y el presidente ejecutivo Manuel Francisco Jiménez, además del director de Telenoticias, Ignacio Santos y el presidente de Teletica, René Picado.
El intento de crear esta comisión fracasó en una votación de 17 diputados contra 25, con el argumento de que es improcedente investigar a los medios de comunicación. Pero reflejó en buena medida la tensión entre los diputados.
La jefa de fracción verdiblanca, Maureen Clarke, se vio obligada a pedir casi una hora de receso antes de someter a votación la propuesta impulsada por el oficialista Víctor Morales Zapata, quien consideraba necesario indagar “los intereses económicos y mediáticos entremezclados con los políticos”.
En la bancada del PLN no había consenso. Algunos sí apoyaban crear la comisión, pero evitaban manifestarlo en público. Por eso la negociación durante casi una hora entre sus diputados, hasta que sometieron el tema a votación interna para votar todos en bloque y ganó por mayoría el “no”.
Al rechazo de los verdiblancos se sumaron cuatro diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC): Ottón Solís, Epsy Campbell, Marvin Atencio y Marlene Madrigal; más la ausencia notable de la jefa de fracción, Laura Garro, y de Marco Redondo.
También se opusieron legisladores de otras fracciones y otros no estuvieron, como el libertario Otto Guevara, aunque antes había firmado la moción para investigar el caso.
Al conocerse la votación, gestos de satisfacción se expresaron en las caras de varios diputados verdiblancos. Su jefa de fracción prefirió no contar detalles de la discusión que tuvieron internamente.
“Se trató de llevar al plenario la campaña política. Es absurdo investigar una reunión privada”, contestó a la prensa. “Tuvimos una discusión, pero no les voy a decir lo que ustedes quieren oír”, añadió.
El legislador Carlos Arguedas tomó después la palabra y consideró que la intención de investigar a los medios de comunicación lesiona los principios del sistema democrático. “Sería un acto descomunal”, señaló el exmagistrado.
En frente, Morales Zapata consideraba que era una oportunidad “histórica” para alojar una discusión con “propósitos educativos” sobre las relaciones entre política y empresas mediáticas en este país. Después se aludió con términos duros directamente al director de La Nación.
Esta fue parte de la repercusión que tuvo la publicación del recuento de hechos de la jornada del 4 de marzo de 2014, una decisión histórica que todavía causa escozor en un sector del PLN, y cuestionamientos a quienes participaron.
Aunque los periodistas Armando González e Ignacio Santos evitaron dar explicaciones previas a nuestra publicación del 1 de marzo, ambos escribieron extensas respuestas en la edición dominical de La Nación. Igual que Álvarez Desanti, consideraron que la información era “un refrito”, defendieron el derecho de los periodistas a tener reuniones “fuera de grabación” y evitaron explicar la presencia de los propietarios de ambos medios.
Johnny Araya, quien confirmó la existencia de esa reunión, dijo esta semana a la prensa que la intención en ese momento fue aprovechar la “relación cercanísima” de Canal 7 y La Nación para compartirles la decisión de retirarse.
Un invitado más y una contradicción
En aquella reunión del 4 de marzo de 2014 en casa de Álvarez Desanti no solo estuvieron los directores y presidentes ejecutivos de La Nación y Canal 7. Ahora también quedó confirmada la presencia de Carlos González Jiménez, otro miembro de la familia fundadora de Grupo Nación.
Su nombre lo mencionan las respuestas que publicaron el director de La Nación, Armando González, y el de Telenoticias, Ignacio Santos.
Carlos González fue viceministro de Hacienda en el Gobierno de Abel Pacheco, es primo del presidente corporativo Manuel Francisco Jiménez y fue miembro del Comité de Vigilancia de Grupo Nación.
Para ese momento, marzo de 2014, estos dos empresarios estaban acusados por el Ministerio Público por un supuesto delito de defraudación fiscal que, de haberse comprobado, había acarreado penas de cárcel.
Además estaba vigente una directriz, firmada por la entonces presidenta Laura Chinchilla Miranda, en donde instruía al Ministerio de Hacienda a no conciliar en casos de grandes defraudaciones tributarias.
Las investigaciones del Ministerio de Hacienda contra La Nación culminaron meses después en una conciliación, tras la llegada de las nuevas autoridades en el Gobierno de Luis Guillermo Solís en noviembre de 2014.
La Nación pagó más de ¢2.200 millones al fisco y quedaron sobreseídos Manuel Jiménez y Carlos González.
En la respuesta de Ignacio Santos publicada este domingo se consigna que la reunión nocturna fue convocada por Álvarez Desanti al mediodía de ese martes, a pesar de que Araya aseguró a UNIVERSIDAD que el encuentro estaba programado con antelación y solo coincidió con la jornada en que se tomó la decisón trascendental de retirarse.
