El plan fiscal corre a toda velocidad de cara a su aprobación en primer debate. Sin embargo, ese es el menor de los escollos que enfrenta si tomamos en cuenta que después vendrá su consulta constitucional, donde todavía se aparecen los fantasmas de los dos proyectos de reforma fiscal que se rechazaron allí en 2006 y 2012.
Lejos parece haber quedado la preocupación sobre si se tiene la cantidad de votos necesarios para aprobar el proyecto, sino que las dudas ahora se posan sobre la forma en la que se ha desarrollado el trámite legislativo y si, como en las ocasiones anteriores, se cometió algún vicio que pueda dar al traste con lo actuado.
Cualquier error de procedimiento que se haya cometido podría ser apuntado por la Sala Constitucional, ente que –si lo pide un grupo de al menos diez diputados– deberá revisar cada paso del proceso y apuntar si cualquier error es suficiente justificación para devolver el proyecto a alguna etapa en específico o, peor aún, tirarlo abajo por completo.
Todo ello ocurrirá tras el primer debate, etapa en la que ya se quedaron postradas la Ley de Pacto Fiscal impulsada por los gobiernos socialcristianos de Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco; así como la Ley de Solidaridad Tributaria orquestada por Laura Chinchilla.
Todos esos proyectos se aprobaron en primer debate después de empedrados caminos de negociaciones y luchas políticas y sociales. No obstante, perecieron ante el criterio de los magistrados de la Sala Constitucional, quienes revisaron sus trámites y reconocieron fallos en campos como el derecho de los diputados para imprimir cambios en el texto y la publicidad de sus acciones.
De cualquier manera, la iniciativa ahora corre y ya ve la línea de meta en ese primer debate, una aprobación que los oficialistas del Partido Acción Ciudadana (PAC) estiman que llegará a más tardar la próxima semana.
Según el jefe de la fracción oficialista, Víctor Morales Mora, ese ya no parece un escenario complicado, pues, entre el independiente Erick Rodríguez y las mayorías del Partido Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC), los 29 votos requeridos parecen una meta sencilla.
Ciertamente, en el PLN y el PUSC hay diputados que sostienen dudas contra el proyecto; sin embargo, junto con los oficialistas y el independiente suman 37 votos, un número ocho unidades superior a la suma requerida.
Por el momento, el proyecto está en etapa de mociones de reiteración, el último paso antes de la discusión y votación en primer debate del proyecto, tras la que todo quedaría en manos de la Sala IV si se cumplen los pronósticos y la oposición quiere consultar el proyecto.
Distintas oposiciones
Cuando se habla de la oposición en el Congreso es necesario comprender que hay variedad de posiciones. En total, son seis fracciones y 47 de 57 diputados, una amplísima mayoría que, sin embargo, está fraccionada.
Por un lado, más alineados con la iniciativa fiscal están el PLN y el PUSC, partidos que han dado un espaldarazo al Gobierno, quizás tras rememorar las caídas de sus respectivos proyectos, ante los que han mencionado su recuerdo y su deseo de no cometer “los mismos errores”.
Por otro lado, aún no revelan su posición final los diputados de Restauración Nacional (PRN), miembros de la segunda bancada más grande del Congreso, que mantienen una posición indecisa y aseguran que votarán afirmativa o negativamente el proyecto hasta analizar su versión final.
Eso sí, los restauracionistas parecen apuntar al rechazo, pues reconocen algunas diferencias de fondo con el texto y se han visto bastante cercanos a los sectores sindicales en las últimas semanas, a pesar de que en campaña se habían comprometido a impulsar el proyecto en su plan de gobierno.
Sin embargo, ellos aún no se unen de lleno al frenteamplista José María Villalta, el republicano Dragos Dolanescu y los tres diputados del Partido Integración Nacional (PIN), los cinco congresistas del bloque más radical contra el texto y que resultan insuficientes para frenarlo por sí mismos e, incluso, para enviarlo a consulta de la Sala IV.
A este bloque de cinco diputados podrían sumarse los restauracionistas, así como algunos liberacionistas o socialcristianos como las diputadas Franggi Nicolás o Shirley Díaz, quienes no parecen del todo convencidas con la redacción de la iniciativa.
De cualquier manera, desde el PLN, el jefe de esa bancada, Carlos Ricardo Benavides, sostiene que el apoyo es mayoritario y que no obstaculizarán el trámite del proyecto, como en su momento lo hicieron los hoy oficialistas del PAC.
Eso lo recuerda con sangre en el ojo, pues él mismo fue ministro de la Presidencia durante el gobierno de la expresidenta Chinchilla en el periodo de las discusiones fiscales.
También sostiene su apoyo el jefe del PUSC, Erwen Masís, quien recientemente acusó a los opositores del proyecto de tomar posiciones cómodas y escudarse en la reconocida existencia de una mayoría que aprobará el proyecto, aún si ellos se oponen.
Los fantasmas
Ahora, si bien los votos parecen asegurados, los fantasmas de las caídas de otros proyectos fiscales –muy similares al actual– han resurgido con la llegada a este punto clave: las consultas constitucionales.
Más allá de si se aprueba o no este proyecto, lo cierto es que el trámite que ha transitado desde que se presentó en noviembre de 2017 deberá ser revisados por los magistrados de Sala Constitucional si así lo piden al menos diez diputados.
Para ello, será especialmente importante la decisión que tome la fracción de RN al respecto, pues los diputados de fracciones minoritarias opuestos al plan no suman la cifra necesaria para solicitar esa revisión por su cuenta.
No obstante, todo apunta a que la iniciativa sería revisada por la Sala, un trámite que podría anular el procedimiento o, cuando menos, devolverlo a una etapa más temprana si se encuentra algún error legal en el trámite que así lo requiera.
Ese tipo de dictámenes de la Sala son vinculantes y sirven para “anular” esos vicios y, según el abogado constitucionalista, Manrique Jiménez, se trata de una función para la que la Sala tiene “amplias potestades” a la hora de indicar cómo solucionarlo.
En otras palabras, los magistrados podrían decidir si se retoma el trámite desde un momento en específico o si se tumba desde sus cimientos, un criterio que sería totalmente vinculante.
Los temores
A lo largo del proceso legislativo del proyecto, los diputados han hablado de posibles vicios procedimentales; no obstante, los oficialistas sostienen que el trámite se ha realizado siguiendo todas las indicaciones que ha realizado la Sala Constitucional en el pasado.
De cualquier manera, siempre se mantienen en el tapete las quejas de los diputados que alegan lesiones a sus derechos de enmienda, como lo hicieron el libertario Otto Guevara o el frenteamplista Edgardo Araya en la legislatura pasada, o como ahora lo han manifestado el frenteamplista José María Villalta, el integracionista Walter Muñoz y los restauracionistas Carlos Avendaño y Eduardo Newton Cruickshank, quienes no pudieron defender algunas mociones en la comisión fiscal por las reglas del trámite de vía rápida.
También, existen dudas por la forma en la que se han admitido las mociones en ocasiones anteriores, así como por los temas que toca la reforma en aspectos salariales y organizativos de instituciones como el Poder Judicial, que recientemente comunicó, a través de un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, que el proyecto lo afectaba, por lo que podría requerir de 38 votos para su aprobación, según dicta la Constitución Política en esos casos.
Sobre todas esta dudas, los oficialistas se mantienen confiados, aunque Víctor Morales reconoce que un 100% de confianza nunca podría existir, porque “siempre puede ser que haya alguna debilidad” que no se haya visto.
Según Morales, lo cierto es que la convicción del partido de Gobierno es seguir hasta la aprobación en primer debate, pues el acuerdo actual es que las consultas se hagan posterior a ese momento, tomando en cuenta “la urgente necesidad” de avanzar.
“Luego haremos las consultas y analizaremos los informes que vengan de ellas, pero ahora nosotros estamos absolutamente persuadidos de que es necesario avanzar con este proyecto y enviar un mensaje claro de que aquí hay voluntad política para resolver el tema fiscal”, afirmó.
Similar apunte realizó el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, quien indicó que la Sala Constitucional ya ha mencionado que las reformas fiscales son objeto de vías rápidas y que cualquier modificación que realice un proyecto de este tipo en alguna institución como el Poder Judicial es un efecto secundario que no debería poner en peligro el texto fiscal.
Sin embargo, esas indicaciones tocan directamente a un poder cuyos magistrados deberán decidir el destino de la reforma, un estilo de proyecto que ya han tumbado dos veces en el pasado y que ahora deberán enfrentar nuevamente.
En el ambiente, eso sí, además del Legislativo y el Ejecutivo, queda un Gobierno en zozobras, encabezado por una ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, que advierte que el tiempo para cualquier tropiezo “ya se agotó”.
Según Aguilar, las condiciones fiscales del país sin el proyecto hacen que los inversionistas le ofrezcan tasas “obscenas” por el financiamiento, una ruta que no quieren tomar para hundir aún más al país en sus deudas ni presionar las tasas de interés o afectar la posibilidad de pago del Estado.
“Es necesario y es nuestra obligación avanzar en el conocimiento de las mociones. Queremos concluir esta semana con esa etapa y entrar a la discusión por el fondo la próxima (…) Es nuestra convicción que no hay un vicio. Sin embargo, aquí, si uno dice que tiene el 100% de la confianza, ese 100% no existe, siempre puede haber alguna debilidad; pero sí creemos que se ha cuidado el proceso para que este proyecto pueda pasar el filtro de la consulta por constitucionalidad” – Víctor Morales, PAC “Seríamos irresponsables si asumiéramos un comportamiento de venganza contra el PAC si eso lo que hace es dañar a la ciudadanía. Es decir, nosotros nunca vamos a olvidar todas las afrentas de parte del PAC, del Frente Amplio (FA) y del Movimiento Libertario (ML) cuando fuimos gobierno; pero eso no quiere decir que el partido vaya a sacarse el clavo haciéndole un daño a las finanzas públicas del país y, por ende, un daño a las personas que menos tienen, que serían los primeros afectados si se viene una crisis” – Carlos Ricardo Benavides, PLN “El presidente y el Gobierno tienen que saber que el esfuerzo tiene que ser mayor, pero no por eso podemos echar por la borda la condición del país (…) En campaña, todos los partidos hablaron de impuestos y no hubo una agrupación que no lo hiciera. Lo que no se vale es que quienes están en contra están en contra porque saben que hay gente que está poniendo el hombro y el pecho, que hay una mayoría para que se apruebe, y saben que al final su estabilidad de vida, la de su familia y la de sus amigos están seguras. Eso no se vale” – Erwen Masís, PUSC “El procedimiento establece que, una vez que se da el primer debate, se le consulta nuevamente a las instituciones y se publica. Tal vez en ese momento valdría la pena hacer una nota (a los jerarcas judiciales) de manera personal, siempre en la vía de la transparencia (…) podemos resaltar la importancia, la necesidad y la urgencia de este proyecto, así como los antecedentes que han acompañado a los procedimientos de 208 Bis (vías rápidas)” – Carolina Hidalgo, presidenta legislativa “En cuanto a la consulta constitucional, nosotros no estamos todavía en ese escenario. Estamos concentrados en las mociones de reiteración y no hemos tomado una decisión de si vamos a firmar la petición o si no (…) vamos por etapas” – Carlos Avendaño, RNReacciones
Cambio de legislatura: La recta final: [1] Posibles cambios del texto completo [2] Posibles cambios de partes específicas [3] Imposibilidad de realizar variaciones [4] Posible caída del texto * Las consultas institucionales pueden adelantarse antes del primer debate si lo solicitan los diputados; sin embargo, los congresistas recientemente rechazaron una propuesta para hacerlo. ** Hasta la votación del texto en primer debate, los legisladores pueden modificar el procedimiento de vía rápida mediante el que se tramita el texto.Largo Camino
