Grandes empresas de transporte público que controlan rutas en todo el país podrían verse beneficiadas si el Consejo de Transporte Público (CTP) amplía el uso de la figura del consorcio empresarial fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).
Si bien en 1999 la Ley Reguladora Transporte Remunerado de Personas Vehículos Automotores (No. 3503) fue reformada para autorizar la creación de los consorcios de dos o más empresas que operen rutas individualizadas en un mismo sector y, ese mismo año, se publicó un decreto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), que limitó la posibilidad al “Área Metropolitana de San José”.
Ahora, en el marco del vencimiento y renovación en setiembre de las licitaciones de transporte público en modalidad de buses, genera preocupación un nuevo documento de lineamientos sobre la constitución de consorcios operativos emanado del propio CTP.
Esa propuesta fue presentada el pasado 23 de julio a la junta directiva del CTP por el representante del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Rafael Chan, y en su punto 19 apunta que la figura del consorcio, conforme se establece en la mencionada Ley 3503, “debe ser utilizado por aquellas empresas que se les haya renovado la concesión y operan exclusivamente en los sectores/subsector como concesionarios del Área Metropolitana de San José. No obstante, esta denominación puede ser utilizada en cualquier zona del territorio nacional donde las condiciones operativas permitan establecer un consorcio operativo”.
Es decir, el Poder Ejecutivo busca ampliar esta figura del consorcio operativo a todo el país, lo cual favorece a poderosas empresas que ya han adquirido muchas rutas en diferentes zonas. Cabe recordar que en 2019 UNIVERSIDAD reveló en investigación sobre el acaparamiento de rutas por parte de grupos empresariales del sector.
Por ejemplo, se mostró que a través de familiares y redes de sociedades, el grupo JSM (siglas de Jorge Solano Montenegro) está relacionado con la operación de Guapileños (San José-Río Frío), Pulmitan de Liberia (San José-Playas del Coco), Comtrasuli (San José-Acosta), Caribeños (San José-Limón), Deldu (San José-Peñas Blancas), Transtusa (San José-Turrialba) y otras operadoras, que en total agrupan 25 concesiones y, para ese entonces, un 11% de los ingresos del sector autobusero, más de $41 millones al año.
“¿Para qué van a tener todos su propio plantel y taller?, mejor uno solo trabajando para todos”, pues “tratamos de hacer eficiente la operación interna de la administración de la ruta para tener una mejor calidad para los usuarios”, Manuel Vega.
Otro caso revelado en ese reportaje es el del empresario Raymond Salim Simaan, a quien pertenece la ruta San José-Uruca, así como Transportes Quepos Puntarenas y Transportes Costarricenses Panameños, que manejan las rutas San José-Paso Canoas, San José-Quepos y San José-Dominical. En esa oportunidad además se destacó que Simaan fue uno de los principales financistas de la campaña electoral del Partido Integración Nacional (PIN), pues compró ₡1.072 millones en bonos a ese partido.
Es llamativo que, según consta en el acta de la sesión de la junta directiva del CTP en que Chan presentó la propuesta, el funcionario adujo que fue en “la última reunión a la cual fue convocado todo el empresariado que brindan (sic.) el servicio público de transporte remunerado de personas”, en la que “muchos de ellos se presentaron con sus respectivos Asesores Legales y entre las preguntas que hicieron resaltaron muchas dudas sobre la constitución de los CONSORCIOS OPERATIVOS”.
Cabe destacar que la misma ley 3503 en su artículo 11 establece que “una misma persona no podrá ser dueña de más de dos empresas, ni socio mayoritario de más de tres empresas que operen en diferentes rutas. Queda prohibido otorgar concesiones o permisos a personas o empresas afiliadas, subsidiarias, intermedias, o en cualquier forma ligadas a otro concesionario; si se violare la prohibición establecida en este artículo, los respectivos permisos o concesiones serán cancelados”.
Preocupaciones de la Defensoría
La Defensoría de los Habitantes ha dado seguimiento al tema desde que recibió una denuncia por parte de un ciudadano ante “una posible concentración de concesiones y permisos”, según se lee en un comunicado divulgado el pasado domingo 8 de agosto, al cual tuvo acceso UNIVERSIDAD y que se refiere al mencionado caso del empresario Simaan.
Esa fuente añadió que “esta preocupación aumenta de cara al proceso de renovación de las concesiones actuales”, ya que el CTP “emitió y sometió a consulta” el ya citado documento de lineamientos para constituir consorcios y “se ha advertido que algunas disposiciones del lineamiento podrían ser contrarias a la normativa vigente en relación con monopolios y prácticas anticompetitivas o podrían tener consecuencias no deseables desde esa perspectiva”.
Por ello, la Defensoría solicitó a la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom) que se pronuncie sobre los lineamientos del CTP, cuyo plazo para observaciones vence el próximo 11 de agosto. La Comisión informó a la Defensoría que ya se encuentra haciendo el análisis respectivo.
La defensora Catalina Crespo dijo por escrito que el citado punto 19 del documento de los lineamientos “podría interpretarse como una extensión de la figura del consorcio operativo a zonas geográficas donde ello no corresponde aún, por no encontrarse incluidas en los proyectos y normativa de modernización-sectorización del transporte público”, que actualmente se circunscriben al Área Metropolitana de San José.
Además, la semana pasada Crespo envió un oficio a Rodolfo Méndez Mata, jerarca del MOPT, a quien solicitó información con respecto a fusiones de empresas autorizadas a partir de la entrada en vigor de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica (N° 9736).
Es notorio que también pidió el detalle de las empresas autobuseras a las que entre noviembre de 2019 y julio de 2021 se les autorizó para “sustituir números de códigos de rutas y la asignación de un único código para todas esas rutas”. Se trata de una práctica que también podría incidir en encubrir la concentración de varias rutas bajo un mismo concesionario.
Entre otras cosas, también se solicitó la lista de las rutas que entre 2014 y el 30 de julio de 2021 han sido abandonadas y otorgadas a nuevos operadores, así como el detalle del procedimiento seguido para ello.
“Circunstancias ideológicas”
Manuel Vega, director ejecutivo del CTP, en primera instancia remitió las consultas de UNIVERSIDAD a Eduardo Brenes, viceministro del MOPT, quien funge como presidente de la junta directiva del CTP, pero luego desde la oficina de prensa del MOPT se dijo que Brenes contestaría por correo electrónico las consultas hechas al respecto, pero al cierre de edición no se contó con sus respuestas.
Vega, sin embargo, ponderó que la mencionada Ley 3503 establece “una barrera” contra el acaparamiento en el citado artículo 11, pero “posteriormente el legislador poco a poco cambió el esquema para pasar de un chofer dueño de ruta, a empresarios, una circunstancia esquemática, consolidada, administrativa, operativa y financiera”, lo cual se concretó con la mencionada reforma de 1999 al artículo 14 de la Ley, que según explicó “establece al CTP y a las empresas la posibilidad, previa autorización del CTP, de que existan consorcios operativos o fusiones para una mejor adecuación del esquema operativo y servicio a los usuarios”.
Por ello, aseveró que el documento de los lineamientos recién presentado “no es una propuesta antojadiza”, sino que se elaboró con base en lo que permite la ley.
Ante la pregunta de si extender la figura del consorcio fuera de la GAM podría incidir en una mayor concentración de rutas en menos empresas, Vega expresó que “el tema no es tanto si hay muchos o pocos operadores”, lo cual “reviste circunstancias ideológicas”, sino que “desde el punto de vista estrictamente operativo, se requiere que el usuario reciba un servicio de calidad” y a partir de ello se puede definir la actividad “con muchos operadores o con un tanto menos”.
Vega apuntó que la idea es que si existen varios operadores en rutas de una misma región o subregión “¿para qué van a tener todos su propio plantel y taller?, mejor uno solo trabajando para todos”, pues “tratamos de hacer eficiente la operación interna de la administración de la ruta para mejorar la calidad para los usuarios”.
Ante la existencia de casos como el del grupo JSM, Vega dijo que “la única herramienta con que cuenta el CTP es la certificación notarial del libro de accionistas de cada empresa, con lo cual se hace un control cruzado con la información ya disponible “para revisar que sea consistente; no podemos ir más allá”.
