Cinco organizaciones sindicales de la judicatura, que integran la Alianza Sindical del Poder Judicial, dirigieron este miércoles 18 de agosto una carta a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia solicitando que se investigue al Presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo para determinar si su conducta “ha causado un grave daño a la credibilidad y la independencia que debe tener un juez”.
En el escrito fue firmado por Jorge Luis Morales del Sindicato de la Judicatura, Jorge Eduardo Cartín del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial, Alvaro Rodríguez de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística y Afines, Carlos Mauricio Valerio del Sindicato de Profesionales y Técnicos en Contaduría, Finanzas y Afines del Poder Judicial y Andrea González del Sindicato de la Defensa Pública.
Los sindicalistas se adhieren a una solicitud de investigación presentada previamente ante la Secretaria de la Corte y denominada “Proclama Popular de Solicitud de Renuncia y/o Investigación del Presidente de la Sala Constitucional, Magistrado Fernando Castillo”, en relación con la cuestionada entrevista que brindara Castillo al periódico La Nación sobre la opinión consultiva de la sala sobre el proyecto de reforma al empleo público.
Al respecto, Sala Constitucional indicó que la entidad tiene una política de accesibilidad, transparencia y rendición de cuentas. “En garantía al acceso a la información, la presidencia del Tribunal atiende consultas de todos los medios de prensa que así lo requieran. En el caso de la opinión consultiva sobre el proyecto de ley de empleo público se concedieron entrevistas para aclarar puntos concretos del “por tanto”, el cual es público desde el día de la votación, a La Nación, Semanario Universidad, Amelia Rueda, Hablando Claro, Columbia y Radio Universidad, por ejemplo”, indicó la oficina de prensa del tribunal constitucional.
“Denuncias de este tipo no van a limitar a la presidencia a seguir atendiendo las consultas de las y los periodistas, quienes ejercen el derecho a la información en beneficio de la colectividad”, agregó.
“No consideramos correcto que un Juez Magistrado de la Sala Constitucional, se presente a diversos medios de comunicación justificando una resolución por motivos fiscalistas. Aunado a lo anterior consideramos que un “por tanto” de una sentencia no da para dar tanta explicación e interpretación como la que estuvo dando el citado magistrado, ya que consideramos que al hacerlo compromete el proyecto en su redacción final”, reza el documento presentado por los denunciantes.
Cabe destacar que la entrevista brindada al medio abordó detalles sobre las deliberaciones y razonamientos de una consulta de la cual, hasta el momento, sólo se conoce el “por tanto”, es decir, no se ha divulgado en su totalidad.
El tribunal explicó que es incorrecto hablar de “adelanto de criterio”, pues la resolución ya fue dictada, y “desde el propio día de la votación, el ‘por tanto’ se subió al sistema de consulta en línea del Poder Judicial, para que cualquier persona pudiese consultarla, además se distribuyó a los medios de comunicación y se publicó en las redes sociales del Poder Judicial. La presidencia de la Sala, quien en este caso ostenta la vocería del Tribunal, lo que hace son aclaraciones explicativas sobre los puntos del ‘por tanto’, esto en vista de la complejidad de la materia y su carácter técnico jurídico”.
“Es de relevancia destacar que esta es una práctica que se ha venido implementando desde hace años, de forma similar se actuó con el voto sobre matrimonio igualitario y con la opinión consultiva de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, incluso se realizó una conferencia de prensa que fue transmitida en vivo por los medios de comunicación. También se implementó este procedimiento en el voto sobre caducidad de pensiones y en la consulta facultativa sobre el proyecto de ley de patrocinio de licores… en síntesis: se ha hecho en decenas de casos y se continuará haciendo de la misma forma”, agregó la Sala.
En todo caso, el asunto ya está ante la instancia correspondiente, donde la presidencia respetuosa de esa instancia hará todas las explicaciones y aportará todas las pruebas que demuestren que su actuación es conforme a derecho y conforme a una política de transparencia y acceso a la información a todos los medios de comunicación que así lo soliciten
Los firmantes de la petición recordaron a la corte la aplicabilidad del Código Iberoamericano de Ética Judicial que dispone el “deber de reserva y secreto profesional” de los jueces.
A la vez, recordaron el Código de Ética Judicial, que regula las declaraciones que puedan brindarse a medios de comunicación, estableciendo que el “control de la información suministrada quedará librada a la responsabilidad de los mismos medios, pero se cuidará el Juez y la Jueza, en todo caso, de ofrecer declaraciones que puedan ser interpretadas como falta al deber de imparcialidad o de objetividad, o debatir públicamente acerca del contenido de sus sentencias”.
Así, los sindicalistas consideran que la entrevista brindada por Castillo pudo afectar la imagen del Poder Judicial y violar el principio de independencia de los jueces, ahondando en los razonamientos y deliberaciones que llevaron a la resolución de la Sala sobre el proyecto de empleo público.
“Las consecuencias de esta conducta, debe ser analizada por el órgano respectivo a quien le correspondería la valoración de la conducta del señor Magistrado dicho, que al tenor del numeral 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sería esta Corte Plena, por lo cual solicitamos que se proceda conforme a derecho corresponde”, indica el texto.
La Sala detalló que el asunto ya está ante la instancia correspondiente, “donde la presidencia respetuosa de esa instancia hará todas las explicaciones y aportará todas las pruebas que demuestren que su actuación es conforme a derecho y conforme a una política de transparencia y acceso a la información a todos los medios de comunicación que así lo soliciten”.
