La polémica en torno al proyecto de ley sobre la pesca del camarón que impulsa el Gobierno ganó cuerpo en la comisión de ambiente de la Asamblea Legislativa en las últimas semanas.
Representantes de sectores ecologistas y pescadores artesanales acudieron a reforzar su rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno, que a su vez envió directamente a defenderlo al ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz, junto al presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), Gustavo Meneses.
La polémica se hizo evidente en los aplausos que recibieron los jerarcas de parte de los empresarios de camarón que se apersonaron al sector de la barra de público en la Asamblea Legislativa.
La pesca de camarón es el principal recurso comercial del Golfo de Nicoya, en la costa pacífica.
Jorge Jiménez, director de Marviva, organización ecologista aliada de los pescadores artesanales opuestos al proyecto, insistió ante los diputados que en la actualidad no existe técnica alguna de pesca de arrastre del camarón que garantice la sostenibilidad del recurso, por lo que no habría base legal para restablecerla.
Las artes que se emplean están provocando una remoción de la fauna y del fondo marino que afecta el sustento de 15.000 pescadores artesanales, frente a 500 empleos que hay en el sector semiindustrial, aseveró entre otros datos sobre la matanza incidental de otras especies que provoca esa práctica.
Sostuvo que no existen los estudios técnico-científicos previos que garanticen la sostenibilidad de la pesca del camarón con las técnicas actuales, estudios que el tribunal Constitucional (Sala IV) puso como requisito para aprobar nuevas licencias de pesca.
La técnica en sí no es sostenible. Lo que ha hecho que la actividad sea aceptable en algunos países es la decisión de determinar ciertas áreas de su costa para que sean arrastradas, sabiendo que su único objetivo sería extraer camarón porque los otros organismos van a ser afectados, remarcó Jiménez en su comparecencia el pasado 16 de junio.
La argumentación del ministro Arauz fue en el sentido de que el proyecto de ley se enmarca en el criterio de tratar de resolver la gran paradoja que se da en el sector pesquero, de tener una gran riqueza en el mar y una gran pobreza en las cosas.
Se trata de ver cómo lograr que a través del aprovechamiento sostenible del recurso se pueda ir cerrando esa paradoja, dijo.
También se trata de superar la vieja dicotomía que ha habido entre la producción y el ambiente.
“Hay que entender que ambiente y producción tienen que ir de la mano, y no que si uno es de la actividad productiva entonces está contra el ambiente, y si uno preserva el ambiente está en contra de la producción. Las cosas tienen que ir juntas, de forma que se permita a la gente vivir y a la vez preservar el ambiente del que todos dependemos”, expuso el jerarca.
Desde su perspectiva, el voto de la Sala IV (emitido en el 2013) más que cerrar una puerta abre una posibilidad de mejora. “El voto mantiene los derechos adquiridos (de quienes tienen permisos de pesca aprobados) y los que se puedan otorgar, siempre y cuando se logre un aprovechamiento del recurso compatible con un desarrollo sostenible democrático, y que se garantice criterios para el uso sostenible de la utilización de artes de pesca amigables con el ambiente, avaladas por las instancias administrativas competentes y sustentadas en criterios técnicos y científicos”.
El proyecto –añadió- cumple con el voto de la Sala Constitucional, se aplican los principios de conocimiento técnico científico, principio precautorio, principio de solidaridad y justicia social y principio ecosistémico, lo cual permite disminuir o erradicar el riesgo que genera la pesca de arrastre del camarón y asegurar el desarrollo sostenible democrático, garantizar el aprovechamiento de los recursos para las presentes y futuras generaciones de manera equitativa en la sociedad, y permitir el progreso solidario de las familias que conforman el sector productivo del camarón.
El diputado Juan Marín (Liberación Nacional) advirtió que en el voto de la Sala IV incluye un condicionamiento a favor de la naturaleza y sobre todo un principio de no regresión ambiental, y se requiere de un estudio técnico previo, pero eso no está en el expediente del proyecto.
Con este proyecto se está siguiendo la misma ruta que ocurrió con la ley de recurso hídrico, que la Sala IV declaró inconstitucional por un tema de regresión. “Llamo la atención al Poder Ejecutivo para que tomen en consideración esa integralidad del voto, porque si no podríamos continuar generando una ley que podría ser declarada inconstitucional”, señaló.
RECLAMOS
Entre el público presente en la comisión de ambiente había pescadores en pro y en contra del proyecto, así como ambientalistas opuestos a la propuesta. Estos protestaban sobre todo por lo que consideran un engaño con el proceso de consulta que el Gobierno sostiene haber cumplido para elaborar la propuesta.
Además, exigían que el Gobierno presente los estudios previos sobre la sustentabilidad de la pesca de camarón que los magistrados pusieron como requisito para aprobar nuevas licencias de pesca.
Edgar Castrillo, director de la organización no gubernamental Unidad Especial de Protección y Rescate Animal (Uespra), consideró que el discurso del ministro y del presidente de Incopesca “no fue sustancioso ni veraz, y hasta se embarcaron al mencionar que la Sala IV dijo que debía haber un estudio previo, y ellos están mencionando lo que hay que hacer, pero no lo que se ha hecho”.
“También están siendo falaces en cuanto a la participación de la sociedad civil, porque la parte artesanal y la parte ambiental nos divorciamos públicamente de ellos, solo dos organizaciones artesanales están con ellos, el 90% de los pescadores artesanales están en contra del proyecto y renunciaron a la llamada mesa de negociación”, aseveró.
Fiorella Ramírez, estudiante de Biología de la Universidad Nacional, apuntó que “la mesa de diálogo se rompió hace muchísimo tiempo, se fueron los pescadores artesanales y los ambientalistas, y ellos (el Gobierno) que quedaron hablando solos, el texto ya estaba hecho y no hubo lugar para que la gente diera opiniones del respecto”.
Su compañera Estefany Valle dijo que apoyan la posición de los pescadores artesanales, porque si no hay estudios previos como ordenó la Sala IV, “eso va a ser una ley para que al final sea declarada inconstitucional, y los diputados están perdiendo el tiempo tratando de meter otra vez pesca de arrastre disfrazada de pesca sostenible”.
Otro es el parecer de Roy Carranza, presidente de la Cámara Puntarenense de Pescadores, quien manifestó que están a favor del proyecto, porque viene a dar una regulación de la pesquería del camarón.
Consideró que la pesca puede ser compatible con la sostenibilidad, la producción es estable y es mentira que se está exterminando el camarón.
“La metodología se ha venido renovando, lo que pasa es que hay muchas organizaciones que no quieren hacer valer eso; pero hay estudios que determinan que la técnica se ha venido mejorando, se usan excluidores de peces, de tortugas, donde se libera como mínimo el 70% de la fauna acompañante. Esa es la realidad. Nosotros hemos venido cambiando, hemos venido haciendo innovaciones, no desarrollamos la actividad pesquera como hace 50 años”, afirmó.
Solución integral
En la defensa del “Proyecto de Ley para el Desarrollo y Aprovechamiento Sostenible del Camarón (expediente 19838) Gustavo Meneses, presidente de Incopesca, se afincó en la necesidad de hacer una abordaje integral de la problemática de las zonas costeras y la pesca, pues en su opinión no solo está implicada la parte ambiental, sino también una realidad socioeconómica, ya que allí la pobreza y el desempleo son mayores que en el resto del territorio nacional.
El desempleo crece por el mal manejo de los recursos y otras afectaciones, dijo Meneses, tras recordar que Incopesca tiene la responsabilidad institucional de promover y administrar la actividad pesquera garantizando la conservación, protección y desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos, lo que no puede hacerse sin la participación de otras instituciones que deben velar por el ambiente.
Meneses señaló que es seria la afectación provocada con el uso de artes ilegales de pesca, tanto de la flota semiindustrial de arrastre como de la flota artesanal, a lo que se suma la afectación por el cambio climático y la contaminación que se está dando de las aguas que llegan desde la capital hasta nuestras costas.
“El voto de la Sala dice tenemos que parar este desorden, pero tenemos que hacerlo desde una perspectiva ecosistémica. Tenemos, por lo tanto, que trabajar bajo un nuevo paradigma pesquero, en que se considere la dimensión social, la económica y la ambiental, es la posición que se está manejando desde las organizaciones y desde los estados que están actuando con responsabilidad”, argumentó Meneses.
