Un grupo de representantes de organizaciones y activistas de organizaciones de personas con discapacidad se presentaron este lunes a las barras de público del plenario legislativo para pedirle a las y los diputados rechazar el expediente 22.530 que permitiría que buses de hasta 20 años de antigüedad sigan transportando pasajeros.
“Este es un proyecto que a todas luces es un atropello a los derechos de los costarricenses, no solo con discapacidad, sino las personas usuarias del transporte público, porque la seguridad de ellos es la que está en riesgo”, dijo Gilberto Pochet, uno de las personas que acudio a la protesta.
“Dios quiera que no pase nada, pero no tiene que llegar una tragedia para que seamos conscientes de que este proyecto no tiene que pasar. No tiene ni pies ni cabeza”, agregó.
Bajo la consigna “nada de nosotros, sin nosotros” y con pancartas en los ventanales, el pequeño grupo hizo sentir su molestia ante la posibilidad de que se permita una prórroga más para que las empresas autobuseras adecúen sus unidades a la Ley 7.600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.
“Este proyecto violenta derechos humanos y específicamente los derechos de las personas con discapacidad, por eso es que estamos aquí, porque nos impacta directamente este proyecto de ley. Existe normativa y los tratados internacionales que cobijan nuestros derechos y claramente el proyecto es contrario a toda esta normativa”, dijo Nicole Mesén, activista de derechos humanos, quien además criticó el impacto ambiental y sobre la salud pública que tendría el proyecto.
Eduardo Bolaños, de la asociación Ditsu indicó que los buses que actualmente operan en cumplimiento con el máximo de antigüedad ley (15 años) suelen estar en muy malas condiciones y en peores condiciones de accesibilidad y dijo que “aumentar ese plazo va a empeorar las condiciones”.
“Cambiar la ley es regresivo en materia de derechos humanos. Es un derecho que se ganó, que se conquistó y que ahora se quiere cambiar”, agregó.
Por su parte, Mildred Campos de la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad (ALAMUD) dijo que la postura del movimiento es firme en que el proyecto no se debe aprobar pues anularía los derechos de la población con discapacidad, “empezando con que si es una reforma de la ley 7600 debería de haber sido consultada a la población con discapacidad y no fue consultada”,
“Nosotros no estamos dispuestos a negociar los derechos humanos. Los derechos humanos no se negocian”, dijo con firmeza.
La activista, que durante la tarde conversó con algunas personas legisladoras, dijo que hay apoyo de parte de algunos diputados pero que otros sostienen en que “se puede mejorar un proyecto que no es mejorable porque toca derechos humanos”.
“Si las cosas siguen, o sea, cada cinco años nos van a tener aquí luchando por este tema”, agregó.
La diputada frenteamplista Priscilla Vindas indicó que es importante visibilizar incluso la poca presencia que pueden tener las personas con discapacidad en las mismas barras de la asamblea pues es casi imposible trasladarse en transporte público y no todos pueden costear transporte privado. “El transporte público efectivamente no es inclusivo, no es accesible, no tienen las herramientas ni los mecanismos adecuados”.
“Es importantísimo el seguir visibilizando que este proyecto es nefasto desde donde se mire y que es una violación a los derechos humanos de las personas con discapacidad”, concluyó la legisladora.
Cabe recordar que el proyecto, fue propuesto para “proteger” al sector autobusero “ante la crisis sanitaria, social y económica provocada por el Covid-19” por el exdiputado socialcristiano Erwen Masis y es heredero -por no decir copia- de una iniciativa presentada en 2009 por varios diputados de diversas fracciones.
Semanas atrás, el presidente de la República, Rodrigo Chaves – cuya campaña recibió contribuciones de representantes del sector autobusero – convocó a las sesiones legislativas extraordinarias la iniciativa de Masís, a quien días atrás nombró representante nacional Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE.
Así, con el argumento de evitar el perjuicio de pequeñas empresas autobuseras que tienen unidades prontas a caducar este plan de reforma legal beneficiaría a todas las compañías, incluidas las grandes autobuseras del área metropolitana, como lo reconoció en su momento Daniela Rojas, que fue asesora de Masís y ahora es diputada jefa de la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
