Las tendencias económicas y sociales de las últimas décadas propiciaron que la pandemia de COVID-19 sorprendiera en malas condiciones a Costa Rica y desatara una crisis cuya magnitud y duración es aún una incógnita.
En la víspera de los 200 años de independencia, el país sufre un evidente deterioro en las condiciones de vida generales de la población, con más desigualdades, más pobreza, más desempleo, una contracción económica, desfases de productividad y persistentes dificultades para alcanzar acuerdos políticos, aunque con un respaldo a la democracia que hasta ahora resiste el vendaval.
“La elevada desigualdad social que tenía el país antes del shock demuestra que, ante el impacto de la crisis, emergen las fracturas que dividen a la sociedad, y colocan a los sectores sociales que sufren pobreza, exclusión y desigualdad en situaciones de gran vulnerabilidad”.
Así lo indican los análisis del Informe 2020 del Programa Estado de la Nación (PEN) en Desarrollo Humano Sostenible, presentado este martes por el Centro de Pensamiento e Investigación que en el año 2019 ilustraba su portada con una caja con el rótulo “frágil” y resumía así la situación del país: “como sociedad Costa Rica no tiene margen de error en estos años inmediatos al cierre de la presente década e inicio de la siguiente”.
Un año y una pandemia después, la caída que se advertía desde antes del coronavirus se consolidó; los márgenes de acción son aún menores para evitar que la crisis se instale por años en el país y que los efectos los sufran las próximas generaciones.
En 2020 los espacios de acción para enmendar las cosas se ha reducido a mínimos, los problemas son mayores y el enfoque optimista se limita a la posibilidad de políticas diferentes a las del pasado para frenar pronto el deterioro y volver al menos al escenario previo, aunque los daños ya están hechos.
“Habrá un retroceso en el desarrollo humano sostenible del país, cuya magnitud y duración es difícil de predecir”, se lee en la valoración general del capítulo de Equidad e Integración Social de este Informe.
Qué pasaría si…
Para ello los investigadores del PEN analizaron la vulnerabilidad de los hogares actuales y las posibilidades de recobrar la posición de 2019 según varios escenarios. Por ejemplo, en el caso hipotético de que el Gobierno pudiera otorgar a 261.931 hogares que cayeron en pobreza un bono de ¢125.000 (monto equivalente a una mensualidad del programa Proteger). En este caso, casi uno de cada cuatro (26,5)% de esos hogares podría recuperar en el corto plazo su condición de no pobres.
Pero si la transferencia fuera de ¢60.000, solamente el 6,6% se devolvería a los grupos no pobres, de acuerdo con la proyección realizada en este Informe con datos detallados del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), utilizado por el Gobierno para asignar ayudas sociales de 113 tipos desde 25 instituciones.
Materializar esas ayudas hipotéticas, sin embargo, dependería del mejoramiento de las finanzas públicas ahora que están aún más comprometidas que en 2019, pues los esperados efectos de la reforma fiscal del 2018 se disiparon por el golpe de la pandemia en el segundo trimestre de este 2020, recuerda también el PEN.
“Aunque se desconozca el tiempo que le resta a la pandemia, es seguro asumir que el impacto en materia de equidad e integración social será devastador y generalizado. Habrá un retroceso en el desarrollo humano sostenible del país, cuya magnitud y duración es difícil de predecir. (…) Las personas perjudicadas podían acercarse al millón de personas; es decir, aproximadamente uno de cada dos individuos de los que integran la fuerza laboral”.
No se puede descartar que más bien haya más factores adversos en los hogares, por lo que el PEN también presentó escenarios posibles de empeoramiento.
En caso de que perdiera el empleo un miembro de cada hogar, la pobreza llegaría al 52% de las familias, 16 puntos adicionales a los 36 que deparan los datos del Sinirube (con parámetros diferentes a la medición oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, que señaló en septiembre que la pobreza por ingresos subió a 26%).
Otros escenarios desfavorables serían la reducción de la mitad del ingreso per cápita (subiría la pobreza 6 punto), una disminución de 20% en las pensiones (subiría la pobreza 4,3 puntos) o el retiro de un beneficio social a uno de los miembros del hogar (la pobreza subiría un punto más).
Esto ocurre porque un 60% tiene características que difícilmente les permite moverse a categorías de más pobreza o menos, mientras un 40% sí es proclive a ello, por factores de edad y el sexo de la jefatura de ese hogar. Y de este último porcentaje, dos tercios experimentarían ese cambio en el sentido de empeorar su situación.
Problemas ya venían en tendencias de empleo y desigualdad
Sin embargo, nada ocurre de manera aislada. La pobreza y sus cambios dependen de la capacidad de ingreso de los hogares, que en el actual contexto económico y laboral de esta pandemia se redujo 12,2% en promedio respecto al del 2019. Pasó de ¢1.016.359 a ¢891.934, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), pero el PEN advierte que esto tampoco es nuevo, pues ese dato del 2019 ya presentaba una disminución real de 2,5% frente al del 2018.
Este Informe del PEN expone “un país mal preparado para enfrentar la crisis provocada por la pandemia del COVID-19” y señala como un factor relevante no solo la pobreza, sino la desigualdad que resulta elevada en comparación con otros países de América Latina y también con naciones miembros de la OCDE.
En Costa Rica los estratos bajos representan el 44% de los hogares, pero captan solamente el 16% de los ingresos del país; los estratos medios constituyen el 50% de los hogares con el 60% de los ingresos; mientras, los niveles más altos son solo el 6% de los hogares, pero absorben el 24% de los ingresos, reporta el Informe.
El indicador utilizado para medir la desigualdad, llamado coeficiente de Gini, acumula tres años estancado 0,514, “lo que demuestra la persistencia de una alta desigualdad en la distribución del ingreso y consolida el estancamiento durante la segunda década del siglo XXI”, se lee en el documento.
Si se ve mediante deciles por ingresos (agrupaciones que resultan después de tomar la población y dividirla en diez grupos ordenados del menor al mayor), en 2019 el primero recibió solamente un 1,5% y el décimo acaparó un 33% del total. Es decir, el 10% de mayores ingresos recibe casi 22 veces lo que capta el 10% más desfavorecido, mientras la media en los países de la OCDE es 9 veces, señalan los investigadores.
El problema no es solo de conseguir el dinero para llegar a fin de mes en este momento; el problema es que los hogares de menos ingresos son también los que tienen menos educación formal, lo que explica en parte su situación y dificulta el progreso propio en el futuro, cuando pase la pandemia. Por ejemplo, solo el 2% de las personas en estratos bajos alcanzó estudios universitarios, frente a un 21% en estratos medios y 67% en el alto.
El factor educativo resulta crítico en este año en que la COVID-19 hizo suspender el curso lectivo presencial y pasó a un modelo de distancia para el que no estaba preparado el sistema, los maestros, los hogares ni los estudiantes. La carencia de Internet de calidad, de computadoras y de capacidades de docentes para la educación virtual vuelve a pasar una factura mayor a las poblaciones no adineradas, lo que hace prever efectos a largo plazo en sus capacidades laborales.
“El riesgo que enfrentan las fuentes de financiamiento de los programas sociales surge exactamente cuando el país necesita de recursos para aplicar políticas contracíclicas, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable que será la que sufra el mayor impacto”.
Factores de desigualdad
¿Cuáles elementos hacen que la desigualdad se mantenga alta? “Los ingresos laborales de los trabajadores calificados, la renta del capital, las pensiones contributivas o las otras transferencias estatales en dinero (pensiones contributivas de regímenes especiales), ofrece el Informe como respuesta.
“Los salarios de empleados calificados del Estado generan el mayor aumento marginal en el coeficiente de Gini, por su alta concentración en el quintil superior (el 20% de mayores ingresos)”, dice el capítulo 8.
Del otro lado, el elemento que más ayudaría a reducir la brecha es el salario de los trabajadores no calificados del sector privado, con el problema de que ese depende más del dinamismo de sectores de la Economía que vienen creciendo poco y que con la pandemia se golpearon más.
Una economía enferma
“El impacto del shock vino a desnudar las precarias condiciones de la economía costarricense al cierre del 2019”, dice sin disimulos el Informe. Se refiere a factores que se resumen en el corto crecimiento de la economía en 2019 en relación con 2018, un 2,1%, la cifra más baja desde la crisis del 2009.
Llegado el coronavirus, esta desaceleración se convirtió en contracción y fue más allá de los lentos sectores tradicionales, pues alcanzó al motor turístico y se ampliaron las repercusiones en desempleo. Los trabajos menos calificados son los que mayor cantidad de plazas perdieron.
“La pandemia parece profundizar la crisis laboral que se venía gestando desde años anteriores en algunos segmentos específicos. Por ejemplo, entre el segundo trimestre 2018 y el segundo trimestre 2019 cuatro categorías de trabajo ya habían experimentado contracciones en el número de ocupados: personal de apoyo administrativo, trabajadores de los servicios y vendedores, operadores de instalaciones y máquinas y ocupaciones elementales”, advierte el PEN.
Esto se relaciona con el comportamiento diferenciado de las industrias ligadas al mercado externo no tradicional y las de la “vieja economía” relacionada con el mercado doméstico y la agroexportación tradicional.
Así es como las empresas incluidas en el régimen especial (zonas francas exentas de impuesto de rentas) crecieron en tasas superiores a 10% y las del régimen definitivo (general) mostraron tasas bajas e incluso negativas. El problema es que el primer sector no logra encadenar a otras áreas de la economía y su impacto sobre el empleo quedó limitado.
Además, en el año previo a esta pandemia, en 2019, las exportaciones crecieron solo 2,4%, menos que el promedio de la última década; en buena medida por un entorno internacional frenado e incierto que se agravó en este 2020 con la expansión del coronavirus y que reducen aún más las oportunidades de una pronta recuperación.
Riesgos centralizados
Un elemento de debilidad en la economía nacional es el peso excesivo de la región central del país sobre la red de los negocios y transacciones en todo el país, con más de dos terceras partes. Son reducidas las conexiones empresariales o comerciales entre regiones vecinas o dentro de cada una de ellas, lo cual constituye un punto débil.
“Un shock en la Central-GAM (específicamente en comercio y transporte) tendría una gran transmisión en sectores que ni siquiera son de esta región”, advierte el Informe en su capítulo 2 titulado “Redes productivas en Costa Rica”.
La proyección oficial de contracción para este 2020 es de un 4,5% en el Producto Interno Bruto (PIB), el peor resultado en 40 años. Esto golpeó la recaudación de impuestos, lo que, sumado a un aumento de gastos en salud y atención social, hizo que el déficit financiero acumulado del Gobierno Central pasara en 12 meses del 6,6% al 8,2% del PIB. De esta manera se esfumó el efecto inmediato que se esperaba generara la reforma fiscal aprobada en 2018.
El golpe en la economía minimizó el margen de error en el manejo de las finanzas públicas, señala el PEN, lo que compromete más la posibilidad de dar la atención necesaria ante un coronavirus aún activo, atenuar los efectos sociales de las medidas de contención e impulsar la reactivicación. Y todo ello depende de necesarios y prontos acuerdos entre actores del sistema político.
“La urgencia de tomar decisiones con respecto a la difícil situación fiscal puede impactar el proceso de reconstrucción económica que se espera en el 2021 y, a su vez, los recursos que el país posea para financiar áreas claves del desarrollo humano. La complejidad de la situación se agrava cada día, mientras esas decisiones sigan sin tomarse”.
El sistema político resiste entre brincos y saltos, por ahora
El año 2020 mostró la capacidad de respuesta bajo presión del sistema político de Costa Rica ante las emergencias de la mano del coronavirus y ante “ la mayor amenaza a la democracia que el país ha experimentado desde la década de 1940”, según el Informe 2020 del Estado de la Nación.
“Hasta el momento, el sistema político ha dado respuestas democráticas al shock de la pandemia del COVID-19, que está afectando negativamente, y afectará aún más, el desarrollo humano”, indica el Informe en su capítulo 11 sobre Fortalecimiento de la Democracia.
Se refiere a medidas del Gobierno central, instituciones descentralizadas y de la Asamblea Legislativa, entre otras, a pesar del ambiente de conflictividad generada en torno a implicaciones sanitarias y económicas del coronavirus.
Pese al descontento instalado en la ciudadanía sobre el trabajo de la clase política, al apoyo popular más bajo al gobierno en seis administraciones y a la mayor inestabilidad de un gabinete en 40 años, es generalizado el respaldo popular a la democracia, como indican mediciones del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) citadas por el PEN.
La advertencia, sin embargo, queda escrita: “la profundización de los efectos económicos y sociales negativos de la pandemia crean una situación riesgosa. Es imposible descartar un escenario de turbulencias políticas”.
