Con algún intento de vehemencia, figuras de partidos políticos de momento, apenas perceptibles, como el Liberal Progresista, Unidos Podemos o Unión Liberal —todos ubicados al margen derecho del escenario político— han intentado cobrar protagonismo al divulgar su oposición a la obligatoriedad de aplicar la vacuna contra la COVID-19.
El tema ha cobrado relevancia sobre todo desde que en setiembre la Sala Constitucional rechazó una serie de recursos de amparo y dejó en firme la medida, pero también desde que la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, tomó la decisión de recibir en la institución a un grupo de activistas antivacunas.
Ante tales hechos, es válido preguntarse si ese tema puede lograr niveles de polarización al punto de incidir con peso en el resultado de las próximas elecciones presidenciales y para la Asamblea Legislativa, en febrero, tal cual sucedió con el tema de matrimonio igualitario en el polarizado proceso electoral de 2018.
Estrategia común y vieja
El politólogo Rotsay Rosales-Valladares, coordinador del Observatorio de Política Nacional (OPNA) del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), en primer lugar, se mostró enfático en que “bajo ningún punto de vista” la vacunación debe ser requisito para ejercer el voto, aunque reconoció que ninguna autoridad lo ha planteado.
Consideró que “es posible” que la obligación de vacunarse y la eventual comprobación de la vacuna aplicada como requisito para acceder a comercios y demás, se convierta en un tema de campaña, “que sirva a ciertos intereses de ciertos grupos para lucrar con esa polémica”.
“Es una estrategia bastante común y vieja la de polarizar y presentarse en uno de esos polos como el liderazgo providencial, carismático, mesiánico que nos va a sacar de esa situación. Es reprochable y censurable, pero en algunos casos le ha resultado útil a ese cálculo exclusivamente electoral”, Rotsay Rosales.
Sin embargo, con cautela añadió: “no sé si es previsible que suceda en el país, no tengo bola mágica ni estoy en estrategias de campaña de partidos políticos para pensar que alguien, maquiavélicamente, pueda estar pensando utilizar estos temas tan delicados de salud pública como un eje discursivo o retórico de su partido o candidatura”, lo cual “sería bastante perverso”.
Pero reconoció que ello “desde el punto de vista del realismo político, por supuesto que no se puede descartar”, en especial en un contexto país en que los últimos procesos electorales fueron marcados por altos niveles de polarización, “sobre todo la última campaña con el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” sobre el matrimonio igualitario, y “el shock religioso”.
Resaltó como parte de ese contexto que dentro de este cuatrienio se han presentado temas que siguen polarizando a la población, como el debate y aprobación del combo fiscal de 2018, “que partió al país en dos, y seguimos viendo las consecuencias de ello, y ni qué se diga las condiciones de pandemia del año pasado y la lucha entre comillas entre reactivación económica o protección de la salud pública”.
Ante la pregunta de si el manejo irresponsable o falto a la ética de ciertos discursos políticos con el fin de crear división es estrategia común del populismo de derecha, Rosales contestó “exactamente”, y citó ejemplos como los de Donald Trump en Estados Unidos o Jair Bolsonaro en Brasil.
“Es una estrategia bastante común y vieja la de polarizar y presentarse en uno de esos polos como el liderazgo providencial, carismático, mesiánico que nos va a sacar de esa situación. Es reprochable y censurable, pero en algunos casos le ha resultado útil a ese cálculo exclusivamente electoral”.
Por otra parte, el analista subrayó que, desde el OPNA, a finales del año pasado han advertido “una y otra vez que el proceso electoral debió haberse planificado y coordinado interinstitucionalmente con mejores condiciones y mayor premura, para salvaguardar la salud pública y el ejercicio del sufragio, pero creo que ya vamos tarde”.
“Sinceramente —aseveró— lo que más me interesa es ese llamado de atención y una búsqueda incesante de estrategias de comunicación que orienten bien a la ciudadanía y que sepamos con claridad cuáles son las reglas del juego; finalmente eso es lo que distingue a la democracia”.
Campaña en redes sociales
La investigadora del CIEP Laura Álvarez, psicoanalista y profesora de la UCR en los posgrados de filosofía y psicología, destacó, en primer lugar, los datos de una encuesta realizada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) entre el 4 de agosto y 6 de setiembre, según la cual el 94% de la población en Costa Rica “considera de importancia la vacunación contra la COVID-19 para detener y evitar contagios, y lograr una mayor inmunidad”.
Ese estudio, además, mostró que el 68% de las personas consultadas opinó que la vacunación debería de ser obligatoria.
Álvarez se preguntó entonces hasta qué punto los candidatos y partidos tienen claridad del porcentaje de población al que le estarían enviando ese mensaje antivacunas o antiobligación de vacunarse con la pretensión de ganar votos.
Pero, en segundo lugar, planteó si la visibilidad que tiene el movimiento de oposición a esas medidas es correspondiente al porcentaje real que representa de la población.
“Según la encuesta de la OPS, el 68% está de acuerdo con la obligatoriedad. Tal vez en ese 30% logren obtener algún rédito en su discurso, pero probablemente no lo tengan si se posicionan completamente como antivacunas”, ponderó.
Dijo que ese sector representa un nicho electoral “que sí le va a interesar explotar a gente que proviene principalmente de partidos pequeños y que les interesa generar una cuota mínima de votos para lograr deuda política”.
Por ello, llamó la atención a reacciones como las de Eliécer Feinzaig, candidato del Liberal Progresista, u Otto Guevara, candidato a diputado de Unión Liberal, quienes han manifestado que no estarían en contra de la vacuna, pero sí de la obligatoriedad.
Polarización
La analista manifestó preocupación ante la realidad de que “ya buena parte de las campañas políticas se movilizan por Whatsapp, Facebook y. en menor medida, en Twitter e Instagram”, a la luz de las recientes denuncias de cómo Facebook (propietaria de Whatsapp e Instagram) privilegia publicaciones que “generan odio y antagonismo porque hacen que haya mayor circulación”.
Observó al respecto que las manifestaciones contra la vacunación en Europa han sido masivas, pero en Costa Rica han sido de 25 o 30 personas, “habría que preguntarse cuál es el objetivo de los medios de seguirles dando un grado de plataforma y cómo esto opera en una caja de resonancia propia de un algoritmo de redes sociales que lo que le interesa es generar antagonismo”.
Al respecto, calificó como “una decisión nefasta” la de recibir a ese sector en la Defensoría de los Habitantes.
“Es claro que esto va a levantar algún grado de antagonismo, porque a esta gente lo que le interesa es generar presencia particularmente en redes”, afirmó la investigadora del Instituto de Investigaciones filosóficas (INIF) de la UCR.
Consideró que sí es probable que algunos candidatos utilicen el recurso la obligatoriedad y posicionarse en contra, “para llegar a una determinada audiencia, para pescar unos cuantos votos”, y añadió que “este tipo de políticos apuntalan afectos, y los afectos que circulan a nivel nacional son particularmente hostiles, el caldo de cultivo para el antagonismo está ahí”, dijo, adelantando resultados de un estudio del CIEP de próxima publicación.
En el escenario electoral también entra la “sobredimensión en redes sociales de posteos que inciten al odio o a la hostilidad porque generan mayor circulación, más clicks y esto puede llevar a un escenario de mayor conflictividad”, advirtió.
Además, observó que es posible que los números de la citada encuesta cambien, no solo por la “volatilidad” de la opinión pública, sino por el efecto netamente de antagonismo que se pueda llegar a crear “ad portas de las elecciones”. “Curiosamente —detalló— las nuevas medidas de obligatoriedad comienzan a regir en la recta final de la campaña”.
