Ante denuncias planteadas el martes por dirigentes sindicales ante una comisión de diputados, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) respondió que ha tomado las medidas necesarias para el manejo de menores de edad con perfiles disruptivos en la red de albergues donde también se alojan niños, niñas o adolescentes en condiciones vulnerables.
La presidencia del PANI aseguró que han atendido los casos de violencia o incidentes mencionados por Ovidio Fernández, secretario del sindicato de funcionarios de la entidad, quien denunció que la mezcla de internos con distintos perfiles está provocando riesgos para algunos de ellos y para trabajadores.
Aunque el PANI da una versión distinta sobre casos mencionados, añade que se han tomado las medidas para procurar seguridad y una buena gestión de la red de 46 albergues donde están 307 niños, niñas o adolescentes, incluidos centros privados que funcionan mediante convenio con la institución.
Se trata de albergues que dan una opción transitoria para menores que fueron separados de sus familias por vulnerabilidad o riesgo social, e incluso peligro de muerte, indicó el PANI, que asume al sindicato como una organización “que conoce la realidad y complejidad de la población” a cargo de la institución.
“La población en albergues son niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, física, psicológica, con adicción, con conductas disruptivas, con enfermedades crónicas, diagnósticos psiquiátricos, adolescentes madres, con procesos en Penal Juvenil; algunos de ellos y ellas víctimas de trata, tráfico, sustracción internacional y otras que exigen la atención 24/7 y del mayor nivel de especialización”, explicó el PANI en comunicado.
Para ellos profesionales de distintas disciplinas se unen a otro personal contratado para servicios específicos, además de los equipos profesionales de las ocho unidades regionales que dan atención inmediata día y noche.
La presidenta del PANI, Gloriana López Fuscaldo, fue convocada por la comisión legislativa de Niñez y Adolescencia para que se refiera a los hechos reportados por el sindicato, aunque adelantó que se han tomado medidas como las siguientes:
- Monitoreo diario y semanal de la ocupación de cada albergue para evitar hacinamiento.
- Control permanente de espacios en albergues privados para trasladar a menores que consumen drogas, con casos penales, discapacidad, diagnósticos de psiquiatría, enfermedades crónicas, adolescentes madres y primera infancia.
- Contratación permanente de tutores físicos y asistentes personales de apoyo, según necesidades de los grupos.
- Acatamiento de los lineamientos dictados en los fallos de la Sala Constitucional, con la consideración de no discriminación de la población por sus condiciones o historial de vida
- Modificación del protocolo de denuncias y alertas con el OIJ respecto del egreso no autorizado y en enlace con la Comisión Nacional de Sistema de Alertas.
- Elaboración de protocolo de atención a niños, niñas y adolescentes que presentan comportamiento suicida en albergues.
- Coordinación con la Fiscalía Adjunta de Atención de Hechos de Violencia en menores de edad, con la Defensa Pública y el Poder Judicial para atender víctimas de delitos.
- Inversión permanente en reparación de las instalaciones y remodelación de los albergues.
- Fortalecimiento del programa de acogimiento familiar.
- Programa para el desarrollo de proyecto de vida independiente para personas adolescentes que egresarán pronto de la protección institucional.
