Costa Rica necesita urgentemente contar con una propuesta de inversiones en proyectos de infraestructura y vivienda que cumplan con todos los requisitos para que los fondos de pensiones puedan invertir localmente de manera segura.
Esta es una de las más importantes conclusiones del informe final presentado el pasado jueves 25 de abril por las y los diputados de la Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto Públicos, al cierre de la investigación sobre las pérdidas en el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) en el 2022.
A lo largo del extenso informe se analizan diversas causas de lo sucedido y se contemplan posibles soluciones para que, en caso de un crisis financiera semejante, las pensiones no se vean afectadas.
Cabe recordar que en 2022 los fondos de pensiones complementarias sufrieron pérdidas millonarias a causa – según el informe- de la crisis financiera internacional provocada por la pandemia, siendo que buena parte de las inversiones estaban en portafolios en el exterior.
El decrecimiento se hizo primero evidente en los fondos de Popular Pensiones y fue advertido por este semanario, pero luego se hizo presente en los fondos de todas las operadoras, exceptuando a la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias Vida Plena, que tenía nulas o pocas inversiones afuera.
Esta anomalía y sus afectaciones sobre los trabajadores, especialmente sobre los pensionados o quienes estaban por pensionarse, llevó a la apertura de un expediente de investigación, a cuyo informe final se refiere este artículo.
Y es que a lo largo de la indagatoria, varias personas especialistas insistieron en que los fondos de pensiones se invierten en el exterior porque el país no tiene una oferta suficiente de inversiones a pesar de todas las necesidades de inversión que existen.
Así, varios comparecientes sugirieron que la inversión en obra pública y vivienda son buenas opciones, pero que el problema es que en el país no se desarrollan los proyectos con todas sus etapas, por lo que los fondos no pueden garantizarse el retorno de inversión.
El documento señala que ante la necesidad de que el dinero de los fondos de pensiones se invierta en proyectos de infraestructura o vivienda en el país, las operadoras de pensiones han mostrado “una actitud pasiva a la espera de que haya voluntad política para titularizar obras”.
“Sin embargo, a pesar de que ha habido algunas iniciativas para buscar que esto se lleve a cabo, las acciones han sido aisladas, no ha habido una acción concreta y articulada del sector pensiones para buscar una salida ante un mercado que se está quedando corto para absorber la inversión de estos fondos de pensiones”.
Ante esto, dice el texto, la Superintendencia de Pensiones debe tener “un papel activo en estas iniciativas, revisando y ajustando en la medida de lo posible la normativa que regula la gestión de activos”
Por todo esto, concluye el informe “es urgente que el país cuente con una propuesta de proyectos de infraestructura que puedan ofrecer los mecanismos necesarios para que los fondos de pensiones puedan contribuir en la mejora de la competitividad del país al irse llenando la brecha de tructura que se tiene”.
Así mismo, dice que es importante también “que se desarrollen instrumentos que permitan la promoción del acceso a la vivienda por una cantidad mayor de ciudadanos y ciudadanas”.
Para esto, recomendaron al plenario analizar las necesidades y oportunidades en el sector vivienda y en el desarrollo de infraestructura para iIdentificar áreas que requieran de inversiones y promover incentivos para fomentar la participación de Operadoras de Pensiones, al tiempo que sefomentan colaboraciones entre el Gobierno y esas entidades para identificar oportunidades de inversión conjuntas y promover el desarrollo sostenible del país.
También sugirieron mejorar la supervisión y control para garantizar la transparencia y la debida diligencia en la gestión de riesgos de los proyectos de vivienda y de infraestructura para que los fondos de las Operadoras de Pensiones se puedan invertir en ellos.
Finalmente, recomendó a las propias operadoras diversificar sus inversiones para reducir la exposición a riesgos y aumentar las oportunidades de rendimiento, incluyendo inversiones en energías renovables, infraestructura sostenible y tecnología, “que pueden ofrecer potenciales retornos financieros y alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible”.
