Países de Europa como España, Reino Unido y Noruega, así como Canadá, Australia, Japón y Corea del Sur comenzaron a implementar el Impuesto global a las sociedades del 15%, el cual establece un suelo mínimo de gravamen para que una multinacional pague, sin embargo, Costa Rica se quedará sin recibir nada a menos que corrija lo poroso de su legislación.
El objetivo de este tributo es garantizar que las multinacionales que tengan ganancias superiores a los $800 millones, entre todas sus operaciones, paguen al menos, una cantidad mínima en el impuesto de sociedades, por ejemplo, si una compañía española opera en un país donde la tributación de sociedades es del 10%, España puede exigir que abone la diferencia del 5%.
Esta medida que apenas comienza, impulsada por el G20 y los países de OCDE desde hace tiempo, pretende elevar la recaudación y mitigar el desvío de beneficios corporativos a territorios con fiscalidad más baja.
Es decir, los países de la Unión Europea han visto perder dinero frente a otras naciones, ya sea no cooperante o con baja fiscalidad, como es el caso de Costa Rica, y que tienen legislaciones tributarias con muchos portillos legales, por lo que encontraron, como solución técnica, implementar este impuesto para desincentivar que una empresa se pase de una jurisdicción a otra buscando mecanismos para eludir o pagar pocos impuestos.
Pero su aplicación en Costa Rica no implicaría ninguna ganancia para el país, a menos de que se hagan cambios en la legislación, incluyendo cerrar los portillos que hay entre zonas francas y las empresas del Régimen Definitivo, o modificar el cobro de rentas pasivas extraterritoriales.
De acuerdo con el economista Luis Carlos Olivares, la revisión a nivel nacional debería pasar por acciones específicas, por ejemplo, que las empresas de Zona Franca no vendan al mercado local, pues esto puede resultar anticompetitivo.
“También podríamos hablar de que no se les permita, artificiosamente, fragmentar su personería jurídica, porque esto es un portillo para que se vendan a sí mismas, además de regular los precios de transferencia. Que no se les permita perpetuarse en el régimen, con inversiones mínimas”, señaló el experto.
Olivares insistió en que el país debe ser más expedito en cobrar mejor las rentas pasivas internacionales, porque, en su criterio, actualmente con las reformas de la lista gris, se dirigió al lado contrario, y ya no se podrán perseguir a quienes ponen la plata afuera para evitar el pago de impuestos. Pero, también, requiere establecer un protocolo o ley para implementar el Impuesto global de sociedades, para que se adapte a la legislación doméstica, en lugar de solo aceptar el sistema de otras naciones.
Por su parte, Fernando Rodríguez, economista y exviceministro de Hacienda, dijo que, pese a ser necesaria una revisión profunda, la legislación del régimen de Zonas Francas —que ya cumplió 33 años— así como de los incentivos que se dan y cómo se dirigen, en el tema del impuesto global las discusiones aún están muy crudas.
“Hay que entender que esto no se aplicará a todas las empresas, sino solo aquellas multinacionales que estén por encima del umbral establecido, pero aún se requieren muchos ajustes y ver cómo lo aplican grandes naciones como Europa o Estados Unidos. Pero con la cercanía de procesos de grandes elecciones presidenciales es probable que se dé un giro político muy fuerte y este tipo de iniciativas no se sostengan”, analizó Rodríguez.
Empresas multinacionales negocian con países para el diseño de esquema competitivos
La implementación del Impuesto global de sociedades del 15% a multinacionales se convierte en un verdadero reto, no solo para los países que deberán implementarlo, sino también para las mismas empresas.
De acuerdo con Vanessa Gibson, directora de Clima de Inversión de la Coalición de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE), ante la implementación del impuesto las compañías han buscado estrategias para afrontar los cambios en esa nueva fiscalización internacional.
“Desde hace dos años atrás, las compañías han iniciado conversaciones con diferentes países al tiempo que, por su parte, los países abrieron la discusión para el diseño de sus esquemas en aras de mantenerse competitivos. Hemos conocido diversos casos de naciones que tienen el interés de buscar incentivos, no fiscales, sino de nueva generación o programas que atiendan el cambio internacional”, explicó Gibson.
La vocera de CINDE indicó que las autoridades de comercio exterior de Costa Rica han estado conscientes de la importancia ineludible de atender este tema, escuchando a las empresas y al sector privado, y desde la Coalición, han hecho llegar las consultas y necesidades de las multinacionales y reiterando la necesidad de atender el tema como un elemento esencial del clima de negocios.
“Ciertamente, estamos muy claros que como país debemos movernos cada vez más rápido. Estamos a la espera de conocer el resultado del trabajo que ha venido conduciendo el Gobierno para poder detallar en el alcance ante las multinacionales que siguen trabajando de la mano de Costa Rica y de CINDE”.
