País desactualizará sus estadísticas de referencia sin el Censo Nacional

“Realizar el Censo Nacional no es un capricho del INEC, sino un derecho de la población”.

Así lo expresa Floribel Méndez, Gerenta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), al advertir del peligro de que, a pesar de ya tener los ¢8.800 millones necesarios para realizar, en el 2022, el XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, el Ministerio de Hacienda se niega a permitirles su utilización, con el fin de cumplir rigurosamente la regla fiscal.

La nueva postergación del censo —debió realizarse en 2021, pues la ley establece que debe hacerse cada 10 años—, tendrá como consecuencia la desactualización del marco de muestra que sirve para desarrollar estadísticas anuales y plurianuales como la Encuesta de Hogares o la Encuesta de Uso del Tiempo, e inclusive para planificar correctamente la adquisición de vacunas contra la COVID-19.

“El censo es la base de toda la producción estadística del país porque actualiza los marcos de muestreo justamente para hacer, por ejemplo, la Encuesta de Uso del Tiempo. Si no actualizamos eso, todas las encuestas de hogares que hace el INEC y las que hacen otras instituciones no van a poder tener un marco de muestreo actualizado. También, el censo sirve para calcular las nuevas proyecciones de la población”, enfatizó Elizabeth Solano, coordinadora del censo en el INEC.

“La pandemia nos cambió todo, pero hay cosas que no cambian, como dónde está geográficamente la gente, cuántos niños hay que deben asistir a la escuela y que no tienen conexión a internet. El censo más bien nos da un reflejo de las necesidades de información que ahora tenemos para enfrentar la pandemia”, agregó.

Para la institución, solo hay dos vías —una inmediata y otra de mayor plazo— mediante las cuales se puede evitar que la aplicación anual de la regla fiscal cercene una parte de la información estadística que la ley mandata realizar al INEC.

La vía corta —que ha quedado realistamente descartada— sería que el Ministerio de Hacienda recapacitara y le permitiera utilizar los recursos que ya tiene. Pero esto tendría que ocurrir antes del 30 de septiembre, cuando la institución debe enviar su presupuesto para 2022 a la Contraloría General de la República.

Esta vía corta sí fue tomada por el Poder Ejecutivo el año pasado, cuando autorizó al INEC a sobrepasar en ¢1.000 millones el límite indicado por la regla fiscal, con el fin de que realizara la etapa preparatoria del censo, pero hoy es negada por Hacienda.

La vía intermedia —que les fue sugerida por la Casa Presidencial y por el Ministerio de Planificación— fue la de preparar un proyecto para reformar el artículo 53 de la Ley 9694, del Sistema Estadístico Nacional, creando un artículo 53 bis, con el fin de eximir de la regla fiscal los presupuestos de todas las estadísticas que tengan una periodicidad de dos años o más, como ocurre, por ejemplo, con la Encuesta de Ingresos y Gastos —cuya periodicidad es de cinco años— o los censos nacionales.

Allí se establecerá que esas herramientas estadísticas serán atendidas con los recursos que permite el artículo 53, los cuales corresponden a un superávit específico que ya tiene la institución.

Méndez y Solano dijeron a UNIVERSIDAD que el INEC estaba en la búsqueda de “padrinos” en la Asamblea Legislativa que tuvieran la disposición de introducir el proyecto y buscarle un trámite expedito. Poco después, el lunes 27 de setiembre, más bien surgió una “madrina”, pues la diputada Yorleny León, del Partido Liberación Nacional anunció, mediante un comunicado de prensa, la presentación del proyecto en la Asamblea.

Según Rudolf Lücke, del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, de la Universidad de Costa Rica (UCR), la actual negativa de Hacienda se da porque “en el momento en que se hacen las excepciones de aplicar la regla fiscal al Instituto Nacional de Aprendizaje y al Consejo Nacional de Producción y queda estimado un nivel de gasto para 2022, este llegó al tope y ahora Hacienda se encuentra en una situación más ajustada, donde el espacio de aumento en el gasto es mínimo”.

“De hecho, existe un espacio entre el porcentaje de gasto estimado por el gobierno (1,82%) y el porcentaje de tope del gasto para cumplir la regla fiscal (1,96%), pero este cubre alrededor de un tercio de los recursos que el INEC necesita que le permita el Ministerio de Hacienda utilizar, por lo que, si bien es cierto es un paso, no se lograría cubrir las necesidades del INEC, y a su vez cumplir la regla fiscal tal y como se encuentra actualmente”, agregó.

Sin embargo, el académico consideró que “por sus características como institución clave generadora de información, y por la gran cantidad de convenios internacionales que de ella dependen o bien se nutren de información, me parece que debe exonerarse al INEC, ya sea totalmente o bien tomando en cuenta los picos de gasto como el censo de cada 10 años”.

Por su parte, Isaac Castro, viceministro de Egresos, del Ministerio de Hacienda, contradijo la permisividad mostrada el año pasado con la etapa preparatoria del censo, cuando respondió a UNIVERSIDAD sobre los motivos para la negación actual.

“El ámbito de aplicación del Título IV (de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas) y sus excepciones fueron claramente dispuestos por el Legislador, por lo que el Ministerio de Hacienda y la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, como operador jurídico en el cumplimiento de la regla fiscal, están orientados únicamente a acatar los imperativos legales contenidos en la Ley No. 9635 y su Reglamento, sin que se le faculte a analizar aspectos puntuales en cada una de las instituciones, ya que ello implicaría que se excedan los alcances establecidos en dicha normativa”, dijo.

Agregó que “particularmente, en referencia al caso del INEC, dicha situación tiene una afectación desde el punto del gasto público, pues contempla la creación de más de 10 mil plazas, conforme a lo solicitado por esta entidad. Sugerimos consultar al INEC sobre su deber de atender las disposiciones de responsabilidad fiscal, pues a dicha institución también le aplica la legislación indicada”.

No obstante, al consultar a Méndez y Solano sobre este punto, las funcionarias explicaron que el INEC no está solicitando la creación de plazas para la realización del censo. Por el contrario, dijeron que la entidad ha diseñado un esquema por el cual la inversión de recursos en la etapa de ejecución del censo se convertirá en un generador de empleos directos en las distintas comunidades del país y permitirá la contratación de servicios tecnológicos tanto públicos como privados. Es decir, será un estímulo para reactivar la economía.

“No estamos solicitándole a la Autoridad Presupuestarias esas plazas. Sería una negociación que estamos haciendo con estas asociaciones de desarrollo comunal. Lo que proponemos es reclutar a la gente en las diferentes comunidades del país, y para ello hemos visto alternativas, que no sería solicitarle plazas por servicios especiales a Hacienda, sino otras modalidades, una estrategia con asociaciones comunales muy interesante que nos permitiría poder contratar a la gente por tres semanas y retribuirles. Una alternativa muy beneficiosa para todos”, dijo Méndez.

Por su parte, Solano detalló que “no son 10 mil, sino alrededor de 14 mil personas en todo el país, a través de las asociaciones de desarrollo comunal. Estamos terminando de finiquitarlo. La idea es, a través de estas organizaciones, poder hacer la contratación del personal de forma tal que todos estos recursos se devuelven a las comunidades en salarios y viáticos cuando corresponde”.

“Decimos que es un ganar-ganar, porque los recursos se devuelven a la comunidad en la generación de empleo y de actividad económica”, resaltó.

Las funcionarias explicaron que, tradicionalmente, los censos nacionales se realizan con el apoyo del magisterio nacional. Sin embargo, debido al impacto de la pandemia de la COVID-19 tuvieron que replantear esta estrategia.

“Este censo sí hace un cambio importante con respecto a los anteriores en cuanto al personal que va a realizarlo. En el pasado utilizamos la estructura del Ministerio de Educación y a los maestros, en este censo no recurriremos a los maestros por varias razones, principalmente, porque estamos introduciendo un tema tecnológico y los datos se estarán levantando con dispositivos móviles. Tampoco estaríamos durando una semana, sino tres semanas”, dijo Méndez.

“Entonces, recurrir a los maestros es imposible y mucho menos con toda la situación que ha tenido el sistema educativo en los últimos años”, enfatizó.

IMPORTANCIA DEL CENSO

Eduardo Lizano y Shirley Benavides, quienes, como Lücke, son economistas e investigadores de la academia, resaltaron la importancia de realizar el XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, aunque con un distinto grado de urgencia.

Lizano, quien es presidente de la Academia de Centroamérica, consideró que “desde el punto de vista de políticas públicas y de información, no hacerlo sería negativo. Sin embargo, posponerlo un año no parece tener un impacto tan negativo. Lo que sí sería un problema mayor sería no realizar estadísticas anuales”.

(Para conocer las encuestas que sí podrá producir el INEC con el presupuesto que le permite utilizar la aplicación de la regla fiscal, ver el recuadro Las estadísticas que sí podrá producir el INEC).

“Sin embargo —agregó Lizano— aun cuando se pudiera hacer este año el censo, al ser un año atípico, por la pandemia, realmente no debería hacerse, porque no sería representativo ni se podría realizar de la manera correcta. Además, la comparación histórica no podría darse. Por lo tanto, lo mejor sería esperar a que la situación se normalice”.

El economista también consideró que “la regla fiscal no se aplica institución por institución, por lo cual podría rebajarse de otra asignación y destinarlo al INEC. Esto es una decisión política y depende de la importancia relativa que se le asigne a este proyecto versus otros”.

Por otro lado, Lizano no se mostró partidario de modificar la regla fiscal.

“Se quiere mantener la regla fiscal, pues es la medida que se tiene para lograr estabilizar las finanzas públicas. Modificar la regla y aceptar excepciones tiene el riesgo de que estas se multipliquen y el ordenamiento de las finanzas públicas no se logre”, argumentó.

Por su parte, Benavides, quien es la directora de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), dijo que “no es conveniente para el país no realizar el censo, porque es el instrumento mediante el cual se obtiene información precisa a un nivel detallado, en todo el territorio nacional, del comportamiento de la población costarricense, en diferentes variables, tales como: educación, infraestructura, cuido, nivel de ingreso familiar, actividades productivas que se llevan a cabo, empleo, sub-empleo, desempleo, informalidad, y otras que posibilitan un mejor conocimiento para la toma de decisiones de los diversos actores locales, privados y públicos”.

“No realizar el censo deja al país con información muy desfasada, y desde todo punto de vista no colabora en estos momentos difíciles a nivel fiscal, productivo, de trabajo y con niveles de pobreza y pobreza extrema relevantes”, añadió.

Además, consideró posible hacer excepciones de la regla fiscal “que pueden venir a fortalecer la democracia y la estabilidad nacional y a ampliar las oportunidades para tomar decisiones presupuestarias que nos lleven a mejorar en esas áreas estratégicas y que tienen un impacto en el resto de la economía y la sociedad”.

Por ello, Benavides “valoraría el costo-beneficio que modificar la regla fiscal implica para el país en educación, salud y seguridad nacional”, dijo.

Por su parte, Lücke opinó que “es contraproducente no realizar el censo y otras encuestas que genera el INEC para el desarrollo apropiado de políticas públicas, de forma tal que la asignación del gasto sea más eficiente”.

“Sin datos, la forma en cómo se asigna el gasto, especialmente el gasto social, va a ser menos eficiente, incrementando la posibilidad de caer en errores a la hora de asignar los pocos recursos con los que se cuenta. Son insumos relevantes a la luz de una reactivación económica que tanto el sector privado como el sector público aprovechan para la toma de decisiones”, agregó.

El economista de la UCR se manifestó a favor de modificar la regla fiscal.

“Utilizaría más años para estimar el promedio móvil que determina el crecimiento del gasto en función del crecimiento del Producto Interno Bruto dentro de la regla fiscal o bien valoraría la opción de eliminar años muy atípicos mediante alguna regla, como este pasado 2020”, dijo.

“Por ejemplo, con solo utilizar el promedio del crecimiento durante los últimos 5 años en lugar de los últimos 4 años, se incrementa el tope de la regla fiscal, permitiéndole al INEC utilizar sus propios recursos”, agregó.