El pago de intereses por deuda pública, talón de Aquiles de las finanzas del país, ha crecido de forma sostenida y actualmente se ubica en un 5,1% en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), una cifra enorme para un país que actualmente tiene una economía con niveles de inflación negativos y una fuerte restricción en gasto social.
De hecho, en agosto de este año el pago de intereses de la deuda pública fue el más elevado de los últimos 18 años, correspondiendo a un desembolso de ₡1.601.953 millones en dicho período.
De acuerdo con un análisis sobre la deuda pública emitido por la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda ha venido sustituyendo deuda externa por deuda interna en un intento de reducir el pago de intereses; sin embargo, al 2024 se proyecta que continuará con indicadores cercanos al 5,1% del PIB y ni la Ley de Reforma Fiscal logró frenar su crecimiento, a pesar de que planteó como la solución a los problemas financieros del país.
La estrategia de sustituir deuda externa por interna parece no estar dando resultados reales, ni hace efecto la extrema contención del gasto que ha hecho el Poder Ejecutivo, con el cual ha puesto al país en uno de los momentos en que menos inversión social ha realizado, además de que mantiene congelados los salarios de los funcionarios públicos desde hace cuatro años, aduciendo que este es el factor culpable de la crisis fiscal.
Según cifras suministradas por el Ministerio de Hacienda, en 2022 se pagó en intereses de la deuda un total de ₡2.034.391,46 millones; este año el dato asciende a ₡2.368.058,23 millones y se prevé que en 2024 será de ₡2.438.483,20, todos con indicadores cercanos al 5% del PIB.
De acuerdo con el economista y académico Luis Paulino Vargas cada vez es más claro que la estrategia de migrar de deuda interna a externa no está funcionando, porque no se está reduciendo el pago de intereses de la deuda.
“Los intereses continúan siendo tremendamente altos, exceden el 5% del PIB, es un escándalo; ponemos una gran carga sobre los presupuestos públicos y se limitan los recursos para cosas que son realmente importantes, como la salud, la educación, la vivienda popular, la atención de adultos mayores, la protección de la infancia y la obra pública”, señaló Vargas.
Desde su perspectiva, no se le está dando un uso productivo a las deudas que se adquieren, porque se buscan recursos en el exterior para financiar deudas viejas, cayendo en un círculo vicioso que no ayuda a la productividad de la economía y no genera empleos, lo que a la larga resulta problemático.
El economista Guillermo Zúñiga añadió que estas cifras muestran que, ante la falta de una reforma tributaria progresiva a tiempo, se hizo incurrir al país en sufragar gastos a través del endeudamiento, mientras que la deuda a lo largo de los años fue creciendo desmedidamente.
Unos se enriquecen y otros quedan en el olvido
El debilitamiento de la inversión social de Costa Rica ha sido cada vez más marcado, colocándola en el punto más bajo de la última década, según reportó meses atrás UNIVERSIDAD, con apenas un 9,7% con respecto del PIB destinado a programas sociales.
La inversión social en el presupuesto del gobierno central para el 2024 alcanza la cifra de ₡4.839.225 millones, lo que representa un 38,3% del total, profundizando la caída del 2023 del presupuesto de inversión social que estuvo por debajo del 10% del PIB.
Educación, Trabajo, Salud, Cultura, Vivienda, los regímenes de pensiones y la inversión en policía y seguridad nacional son programas que se han visto seriamente golpeados en los últimos años.
El presupuesto para educación es del 5,22% con relación con el PIB, es decir, casi lo mismo que se paga en intereses de la deuda, mientras que en 2014 era del 6,91%. Por su parte, la inversión en salud pasó de representar un 0,8% en el 2014 a un 0,7% del PIB en el 2024.
En Vivienda, se le recortó al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) un total de ₡30.000 millones en su presupuesto, que corresponden al traslado que realiza el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf); eso significa unas 3.000 viviendas adicionales para familias de sectores más vulnerables en el 2024.
Y, en materia de seguridad, la caída de la inversión es realmente preocupante pues, en el año 2001, los presupuestos del Poder Judicial y los Ministerios de Seguridad Pública y Justicia representaban un 12,3% del plan de gastos del Gobierno, según datos de la Contraloría y para el 2023, alcanzaron solo un 7,6%.
Para el economista y catedrático de la Universidad Nacional, Leiner Vargas, por el rumbo que va el país, se terminará pagando más en intereses de la deuda que su inversión en educación, sobre todo en el marco de una política sumamente restrictiva.
“Otra cosa que reflejan las cifras es que la tasa de interés que tiene como referencia el Ministerio de Hacienda es sumamente elevada, más de un 8%, y hay que reflexionar como país, donde la inflación está siendo negativa, con un instrumento de deuda del Estado que es sumamente seguro, los montos que se pagan son astronómicos”, indicó el especialista.
En este sentido, en el año 2018, la tasa de interés que pagaba el Estado a sus inversionistas era del 7,9% y, al 2023, se ha elevado al 8,1%, un financiamiento extremadamente caro. Vargas considera que en las condiciones actuales esa tasa de interés de la deuda no debería ser superior al 5%.
“Están drenando de manera sistemática los recursos, pero lo peor es que es a costa del gasto social, es decir, quitando becas, transporte educativo, alimentación en comedores escolares, aporte a instituciones como el IMAS o de bienestar social, la Red de Cuido y Educación. Es absurdo ajustar la faja a los más débiles del Estado costarricense para beneficiar al sector financiero que es voraz en sus intereses de obtener ventajas del endeudamiento público”, añadió el economista.
Por su parte, el economista y exviceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, indicó que la solución es compleja, pero que desde la Universidad Nacional han insistido en la urgencia de establecer una discusión amplia sobre el manejo de la deuda, mejorar su gestión para hacerla más barata y crear mayor competencia en el mercado.
Pero lo más grave es que, lejos de avanzar hacia una solución que deje de drenar las finanzas del Estado, las necesidades brutas de financiamiento del Gobierno, a agosto del 2023, fueron cubiertas en su mayoría por deuda interna —que es la más costosa—, según Hacienda, el requerimiento fue ₡3.437.025 millones, de los cuales un 64,5% se atendió con fuentes locales; 25,6% con fuentes externas y 9,9% con el prefondeo del fondo de caja.
Comportamiento de la deuda
A continuación, se muestra el crecimiento sostenido del pago de intereses de la deuda pública con relación al Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Fuente: Monitoreo Contraloría General de la República.
Pie de foto:
Los intereses de la deuda tienen al país en crisis, mientras que los salarios siguen congelados con el pretexto de que son los culpables del colapso fiscal.
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