El pago de intereses de la deuda externa e interna del Gobierno creció tanto en 2023 que ya equivale a un 3.43% del Producto Interno Bruto (PIB), y su velocidad es tal que se está acercando a lo que se invierte en salarios del sector público, un 3.66%.
Esta es, quizás, la principal conclusión del análisis de la coyuntura fiscal, hasta agosto del presente año, hecha por el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (OES-UNA).
El documento estudia la situación de los ingresos y el gasto del Gobierno, así como del endeudamiento público al cierre de los dos primeros cuatrimestres del 2023, con el fin de “visualizar las posibilidades que la política pública tendrá en los próximos meses y años”.
Lo primero que salta a la vista es que el gasto público es superior a los ingresos, a pesar del freno aplicado por la reforma fiscal de 2019, que incluyó la regla fiscal aplicada desde 2020 a las instituciones públicas.
Así, los datos revelan que los egresos totales equivalen a un 12.08% del PIB, mientras la suma de los ingresos es igual a un 10.03%.
En años previos, el porcentaje de gasto en comparación con la recaudación se había recortado: pasó de un 5.71% en los dos primeros cuatrimestres 2020, a un 1.52% en el mismo período del 2022, pero, para este año, sube un poco a 2.05%.
Cabe destacar, eso sí, que este aumento en la diferencia entre ambos rubros no responde a un aumento en los gastos, que han venido reduciéndose más y más cada año, sino que refleja una reducción en la recaudación de este 2023.
Al adentrarse en la estructura de los gastos del Gobierno, se hace evidente que los montos más pesados dentro de los gastos corrientes son las remuneraciones, que alcanzan un 3.66% del PIB y, ahora, el pago de intereses de la deuda, que llega al 3.43%.
Eso implica que en los últimos cuatro años es la inversión en salarios la que se ha reducido significativamente, pero lo que se gasta en pagar los intereses de la deuda sigue en franco crecimiento.
Así, si se comparan los primeros ocho meses del 2020 y 2023, la reducción del egreso en remuneraciones ha sido de unos $485.5 millones, lo que equivale a 0.71% del PIB o a una sexta parte del monto inicial (16.25%).
Para el economista del OES-UNA y exviceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, esto evidencia que, a pesar de las duras medidas que se han tomado para recortar el gasto en salarios es evidente que “el problema no estaba ahí”, pues la situación fiscal del país en términos generales no ha cambiado.
“Tomaron un montón de medidas para recortar y recortar el gasto en salarios y resulta que ahora vamos a terminar gastando casi lo mismo”, dice el académico.
El punto clave, para Rodríguez, y del que poco se habla, está en el manejo de la deuda, que ha crecido en un 9.93% de su propio valor en los últimos cuatro años, pasando de ser equivalente a un 3.12% del PIB a un 3.43% este año, como se mencionó previamente.
“Es como tener un paciente que quiere bajar de peso, se le pone a dieta y la cumple al pie de la letra pero no pierde peso, claramente el problema está en otro lugar que no estamos atendiendo”, comenta.
Costo social de recortes
Todas las medidas tomadas, como la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas y la consecuente Ley Marco del Empleo Público, “se suponían que nos iba a ayudar a estabilizar, pero no. No hemos llegado ahí todavía, no hemos logrado que el paciente baje de peso y resulta que la dieta no está funcionando”.
Es necesario recordar que esas medidas tienen congelados los salarios de los empleados públicos desde hace varios años y, aparentemente, los mantendrán en el refrigerador en años o quizá décadas venideras por la aplicación de la ley de Empleo Público, reduciendo la capacidad adquisitiva de cientos de miles de familia, generando fuga de talentos y baja en los estándares de contratación del sector público, pues los salarios no son competitivos.
Además, explica Rodríguez, es necesario considerar que los recortes en remuneraciones han sido drásticos y tienen fuertes implicaciones sociales pues cada vez se invierte menos en vivienda, seguridad, salud, educación y programas sociales y eso está generando problemas.
Rodríguez dice que las reformas realizadas años atrás ya se están agotando y la capacidad del Estado de recaudar con base en ellas, está perdiendo dinamismo. “La gente aprende nuevas maneras de eludir o de evadir el pago de impuestos conforme va pasando el tiempo”, expresa.
En su opinión, hay un discurso muy instalado sobre que el país gasta mucho porque para los políticos ha sido más cómodo decir eso, que anunciar que hay que subir los impuestos. Esos argumentos, dijo, se acomodan fácilmente y provocan miedo al punto de que la gente termina aceptando recortes a los recursos que se necesitan para atender poblaciones en condiciones de extrema vulnerabilidad o para resolver problemas que afectan a toda la sociedad.
De hecho, según datos del sitio datosmacro.com (de la empresa española Alldatanow, S.L.), que procesa datos de los institutos oficiales de estadística de 192 países, Costa Rica es el vigésimo sexto país que menos gasto público realiza en relación con su PIB.
Para resolver el desequilibrio en las finanzas, dice, hay que irse a las leyes que crearon los impuestos y revisar los “portillos” que se dejaron, especialmente, porque “las grandes empresas o contribuyentes no evaden: eluden; es decir, se aprovechan de huecos en la ley, que así como se abrieron, se pueden cerrar”.
El exjerarca afirma que, así como la actividad económica va cambiando conforme pasa el tiempo, la legislación de impuestos debe ir evolucionando para ajustarse y que, tanto las personas como las empresas, aporten lo que les corresponde.
Además, señaló que el país, en vez de estar avanzando en reformas que permitan robustecer la recaudación, está en proceso de “contrarreforma” con medidas como la reducción del cobro del marchamo o la recién aprobada ley para sacar al país de la lista gris de la Unión Europea, que eliminó la posibilidad de cobro usando el impuesto territorial por parte del Ministerio de Hacienda para que grandes corporaciones paguen impuestos por capitales generados en el país, que producen rentas en el exterior y regresan a Costa Rica. Proyecciones hechas por especialistas estiman que el fisco dejará de cobrar ₡64 mil millones en los próximos cuatro años, al tiempo que está en juego el pago de ₡20 mil millones que deben hacer empresas como la Coca Cola o Durman Esquivel y varios bancos privados, tras perder litigios en los estrados judiciales.
