El Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentaron dos proyectos de ley para eliminar el “enganche” salarial que infla los salarios de los médicos, con la idea de que sus aumentos estén en sintonía directa con los que reciben el resto de profesionales contratados por el sector público.
Por el lado del PAC, el proyecto lo anunció Welmer Ramos, quien recientemente votó en contra de una moción propuesta por el PUSC en el plan fiscal para eliminar ese incentivo, una polémica decisión, pues él mismo había apoyado esa iniciativa en primera instancia, pero varió su criterio de último momento.
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Por el lado del PUSC, la iniciativa la anunciaron los diputados Pedro Muñoz y Pablo Heriberto Abarca, quienes además señalaron que su proyecto irá más allá y buscará derogar la Ley de Incentivos a los Profesionales de las Ciencias Médicas (Ley 6.836), que incluye esa disposición, entre otra veintena de artículos.
Ambos anuncios llegaron la tarde de este jueves en la sesión del Plenario legislativo, donde Muñoz increpó a Ramos por supuestamente “ceder ante presiones” de los gremios médicos y no apoyar su iniciativa en la comisión fiscal, a pesar de que la había respaldado antes.
Ayer, Muñoz le recriminó que se hubiera “rajado”, pues “el sector salud estaba a favor del desenganche ” y “los jóvenes médicos están sufriendo porque los médicos adultos no se pensionan, ni sueltan el hueso”.
Ante esas afirmaciones, repetidas en la sesión de este jueves, Ramos acusó a Muñoz de “hacer un poco de teatro”, y justificó su criterio diciendo que la moción podía poner en peligro la certeza jurídica de la reforma fiscal (por motivos de conexidad) y que además añadía una regulación al sector privado que tampoco era compatible con el texto.
¿Qué proponen?
El diputado del PAC plantea en el proyecto que se elimine la norma que actualmente obliga al Estado a aplicar un aumento salarial a los profesionales de la salud con grados de licenciaturas o superiores cada vez que se hace un aumento a cualquier otro tipo de funcionarios, como maestros y policías.
A cambio, la iniciativa del oficialista sustituye ese incentivo por un artículo que establece “el salario promedio de los profesionales del Gobierno Central o de las instituciones autónomas en escalafones equivalentes” como mínimo para los profesionales de las ciencias médicas contratadas en el sector público.
Por el lado del PUSC, el diputado Pablo Heriberto Abarca indicó que su iniciativa más bien buscará “derogar la ley de incentivos”, pues —desde su punto de vista— ya no tiene sentido.
“El diputado Muñoz y yo presentamos ya un proyecto de ley para resolver esto, pero resolverlo de la manera correcta, derogando la ley de incentivos. Yo no entiendo cuál es la diferencia. Sí, yo podría entender que en el 82 había una necesidad de incentivos, pero hoy, en las condiciones que estamos, lo correcto es derogarla”, indicó.
“Yo felicito al diputado Muñoz por intentar hacerlo con una moción (en la reforma fiscal), pero si el cuento es que la moción no es vinculante o no es conexa, entonces aquí está. Hagámosle un trámite rápido a esto”, puntualizó.
Sobre esa vinculancia, Ramos reiteró su discurso y le dijo a los diputados Muñoz y Abarca que la iniciativa del PUSC de eliminar el incentivo como parte del plan fiscal ponía en riesgo ese proyecto, pues “metió temas que no son precisamente del orden de lo fiscal, sino que también añadió una regulación de salarios en el sector privado”.
“Eso podría llevar a la precarización de salarios en el sector privado, como se lo hemos explicado. También le hemos dicho que usted (Muñoz), con esa moción, estaría metiendo incertidumbre en un proyecto que no debe llevar ninguna incertudumbre, dada la situación en la que están las finanzas públicas”, puntualizó.
Junto con Ramos, presentaron su proyecto los diputados Eduardo Newton Cruickshank de Restauración Nacional, Walter Muñoz de Integración Nacional y José María Villalta del Frente Amplio, quienes tampoco respaldaron la iniciativa del PUSC para el plan fiscal, pues pretendía dejar por fuera de la ley de incentivos a las contrataciones de servicios médicos privados.
Eliminar el enganche es un pendiente de la Asamblea Legislativa, a pesar de que el Gobierno y las principales representaciones médicas llegaron a un acuerdo en 2015 para suspender la norma vía decreto ejecutivo.
