Una década después de que el Partido Acción Ciudadana (PAC) fue referente en la lucha legislativa y ambiental contra la minería a cielo abierto y la concesión dada por el expresidente Óscar Arias a la minera canadiense Industrias Infinito, la bandera ambientalista de la fracción es un recuerdo.
La legisladora Paola Vega, rectora de la fracción en temas de medio ambiente, ahora ve con buenos ojos un plan de Liberación Nacional que abre nuevamente las puertas a la minería a cielo abierto y, también, cobija la explotación a escala industrial (como la que realizó en el país la empresa Industrias Infinito).
¿Qué pasó? En los corrillos legislativos hubo una “convergencia”, como la llama Vega, para avanzar proyectos de interés de las fracciones opositoras del PUSC y PLN. No obstante, diputados de estas fracciones niegan que tales reuniones ocurrieran, ni confirman cuáles son los proyectos de conveniencia.
Lo cierto es que hay mucho interés de parte de Gobierno para mantener acuerdos en el congreso, en el marco de la aprobación de un préstamo de $504 millones con el Fondo Monetario Internacional y, después, la tramitación de otras iniciativas (entre ellas, ventas de activos del Estado) que responderán por una deuda de $1.750 millones de un acuerdo de stand-by que negociará el Banco Central.
Fue en una comparecencia de siete horas, con el exministro de Carlos Manuel Rodríguez, que diputados de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana expusieron a la minería como una viable apuesta política.
Los proponentes de la aparición de Rodríguez, los liberacionistas Wagner Jiménez, María José Corrales y Jorge Fonseca, se concentraron en cuestionar el daño ambiental creado de los coligalleros en Crucitas y, también, en promover un proyecto minero de alcance nacional, Ley para el desarrollo social mediante la regulación de la actividad minera metálica (21.584).
Este texto es de autoría de Corrales y Fonseca. A la fecha, tiene un título que deroga la Ley N° 8904, Ley para declarar a Costa Rica país libre de minería metálica a cielo abierto, y sus reformas. Es decir, que borra parte del legado legislativo de la fracción PAC y, también, la gestión de la expresidenta Laura Chinchilla.
Aunque primero adversó con los liberacionistas, la oficialista Vega finalmente se acomodó a “las preocupaciones que ha dicho María José, que ha dicho mi compañero Ramón (Carranza), en reiteradas ocasiones, y comparto la preocupación por hacer algo en esa zona”.
Vega confirmó que hay negociaciones con Corrales. “Me parece que es un proyecto que si se le mejoran algunos detalles podría aportar una solución interesante para el tema de Crucitas”, dijo Vega.
La oficialista pide que el “articulado se cambie y quede la prohibición totalmente expresa y solo quede sujeto a minería artesanal, subterránea y técnicas un poco menos dañinas para el ambiente”.
La proponente Corrales explicó que la minería a cielo abierto queda al criterio de las direcciones del Minae.
“Si técnicamente hablando, tanto la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y Geología Minas, los entes encargados de brindar los permisos y concesiones, determinan que no se puede realizar una minería subterránea por las condiciones del terreno y ellos dan el aval de permitir una minería superficial, es responsabilidad de estos cuerpos colegiados, que son los encargados técnicamente de avalar la posibilidad”, dijo Corrales.
Sin propuestas desde el Poder Ejecutivo ni la bancada del PAC, otros dos planes de minería provienen del PUSC, ambos firmados por María Inés Solís (el último es el 22.007, Ley de minería Crucitas). Pero, ahora, Solís dice que tomará el proyecto como suyo.
“Lo voy a avanzar y lo voy a apoyar exactamente como si tuviera la firma mía estampada”, aseguró la socialcristiana.
Esta acogida no la comparte el jefe de fracción del PUSC, Rodolfo Peña. Pero sobre estos temas, dice, se apoya en las negociaciones que haga Solís.
PLN espera sacarlo en el último trimestre
El proyecto liberacionista fue presentado en septiembre del 2019, acogido por la Comisión de Sociales, en la que Corrales ocupa la secretaría.
En un artículo de julio, UNIVERSIDAD detalló que la liberacionista asistió a una actividad del Concejo Municipal de San Carlos para promocionar la iniciativa, en marzo, antes de la pandemia. Allí, también participó un liberacionista vinculado al sector cooperativo de Crucitas, una empresa minera de Abangares (Ecominas S.A.) y a asesorar al alcalde de Abangares sobre el tema minero, José Andrés Soto.
Desde principios de agosto, hay un texto nuevo que, según se consultó a especialistas ambientalistas, sigue apoyando la minería a cielo abierto.
Corrales dijo a UNIVERSIDAD que “está siendo consultado a las instituciones obligatorias” y que se revisó con organizaciones ambientalistas desde el año pasado.
La Asamblea Legislativa enumera 43 consultas, entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre del 2019. Aparecen municipalidades, ministerios, instituciones públicas, el Colegio de Geólogos, la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica, un instituto de la Universidad Nacional. Sin embargo, no aparece ninguna consulta a organizaciones civiles, ni ambientales, ni tampoco la Federación ecologista Fecon que une organizaciones ambientales del país y fue activo en los procesos legales contra Industrias Infinito.
“Si lo que le da tranquilidad es que se consulte a una organización en específico, hay que determinarlo, porque no es ni una ni otra”, dijo Corrales sobre este punto.
El verdiblanco Jorge Fonseca explicó que en semanas venideras avanzan las consultas. Su proyección es “ver si es posible, dentro de los tres meses que nos quedan (de las sesiones ordinarias), darle al menos el primer debate”. El diputado afirma que entre fracciones hay “voluntad de trabajar conjuntamente en un proyecto”.
La jefa de Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez, preside la Comisión de Sociales, encargada del trámite y explicó que la minería en Crucitas “es un tema que se vería en reuniones de fracción”, a la espera de las consultas pendientes.
El acta del 29 de julio, cuando se sustituyó el texto de ley, contiene una moción de Corrales para consultar “todas las municipalidades del país, Caja Costarricense del Seguro Social, Instituto Geográfico Nacional, Instituto Mixto de Ayuda Social”, pero no se pidió criterio del ente rector de la materia, Minae.
En el despacho de Ambiente se confirmó que existe un criterio negativo del 2019, que dice que “la explotación de minerales metálicos bajo la modalidad superficial (…) no es una actividad sostenible para la economía del país, ni para todas las personas o ni para el ambiente de nuestro país”.
Ese mismo despacho sí emitió, durante el lunes 24 de agosto, un criterio para el expediente 22.007 de María Inés Solís (que tampoco está convocado a sesiones extraordinarias). Sobre ese plan, el Minae dice que “en tanto la propuesta presentada no contempla la derogatoria de la Ley 8904 por medio de la cual se prohibe la minería metálica a cielo abierto, es posible concluir que la propuesta presentada mantiene dicha prohibición”.
No obstante, después de una acuciosa investigación, se confirmó con especialistas que los dos proyectos permiten minería a cielo abierto con dimensiones industriales.
