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Organizaciones sociales y productivas solicitan destitución de ministra de Educación

La ministra de Educación Anna Katharina Müller participó el pasado martes en el Congreso Futuro de la Educación 2023 convocado por ULACIT, donde entre muchas otras cosas, cuestionó el criterio técnico sobre la asignación de un 8% del Producto Interno Bruto a la educación pública.

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo conformada por diferentes organizaciones sociales y productivas exigió este jueves de manera pública la destitución de la ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller. 

La exigencia de la Mesa se da luego de que Müller participara el pasado martes en el Congreso Futuro de la Educación 2023 convocado por ULACIT, donde entre muchas otras cosas, cuestionó el criterio técnico sobre la asignación de un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación pública.

“Todo el mundo dice ‘es que la ministra no lucha por el 8%’. ¿Quién se inventó el 8%? ¿De dónde salió el 8%? ¿Dónde está la base científica de que tiene que ser 8%? Costa Rica es el país en América Latina que más invierte en educación pero los resultados no son los que queremos”, indicó Müller durante el Congreso Futuro de la Educación.

Estas declaraciones ofrecidas por la ministra fueron rechazadas por la Mesa, la cual cuestionó también que la misma no defienda la inversión garantizada por el Artículo 78 de la Constitución Política “a pesar, de que la educación pública es un pilar fundamental de nuestra sociedad y debe ser defendida y fortalecida por la representante del sector, en lugar de justificar los recortes hechos como fueron los ¢1.300 millones trasladados a otra cartera”, se lee en un comunicado de prensa. 

De acuerdo con una reforma al artículo 78 de la Constitución Política, del año 2011, el Estado tiene la obligación de dedicar a la educación estatal, incluida la superior, un presupuesto no menor al 8% anual del PIB desde el 2014.

Esta norma no ha sido cumplida durante los gobiernos de Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado en los períodos 2014-2018, ni 2018-2022. A ellos se suma la administración actual, la cual aprobó para 2023 el presupuesto más bajo en educación de los últimos nueve años, según la Contraloría General de la República (CGR).

Asimismo, según el proyecto de ley de presupuesto nacional para el 2024, la inversión en educación pública será de apenas 5,6% del PIB.

“Por lo anterior hacemos un llamado urgente a tomar medidas concretas para revertir esta situación y garantizar un futuro más promisorio para el acceso a un derecho humano como lo es la educación. Los datos del presupuesto para el año próximo confirman la tendencia a disminuir el financiamiento de la educación superior pública y se plantea una amenaza significativa para las funciones esenciales de las universidades públicas por lo que es imperativo se revierta y se proteja la calidad y accesibilidad de la educación superior”, indicó la Mesa mediante un comunicado de prensa.

Asimismo, resaltaron que el incumplimiento de acuerdos nacionales y la falta de compromiso con las aspiraciones de Costa Rica en educación son “inaceptables”.

“Exigimos un compromiso renovado con los acuerdos nacionales y la cooperación entre todos los actores educativos”, agregaron las organizaciones, quienes añadieron que el IX Informe Estado de la Educación 2023, reveló conclusiones alarmantes en materia de educación pública, como la falta de habilidades básicas de lectura y escritura en estudiantes de cuarto grado y la insuficiencia de respuestas institucionales para abordar la crisis educativa.

Finalmente, las organizaciones sociales y productivas hicieron un llamado a la construcción de un Pacto Por la Educación Pública, el cual involucre a todos los sectores y actores vinculados a la educación, incluyendo al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) mediante las universidades públicas, federaciones estudiantiles, colectivos y estudiantes diversos en secundaria, Colegios Profesionales, organizaciones del Magisterio Nacional, pero sobre todo personas y organizaciones de sociedad civil como las organizaciones comunales, padres y madres de familia, y sectores productivos con perspectiva de justicia social.

“Reiteramos nuestro compromiso con la defensa del presupuesto del 8% del PIB para la educación pública, ya que consideramos que es un pilar esencial para el desarrollo de nuestra sociedad en materia de derechos humanos y garantías sociales, a su vez el futuro de nuestras generaciones”, finalizaron.

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