En respuesta a la emergencia que enfrenta el país por la pandemia de COVID-19, organizaciones sindicales del sector público y privado presentaron propuestas alternativas a las planteadas por el gobierno, para enfrentar el desempleo y la pobreza sin afectar al sector trabajador.
El Bloque Unitario Social Sindical Costarricense (BUSSCO), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en representación del Encuentro Social Multisectorial y el Sindicato de Trabajadores del Sector Privado (SITRASEP) exigen al gobierno reconsiderar su propuesta de crear un impuesto a los salarios antes de resolver la evasión y elusión, suspender el pago de la deuda o al menos de sus intereses, o crear impuestos a la riqueza.
Las tres organizaciones consideran que el sector trabajador ha sido el más afectado por la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (o Plan Fiscal) y que más impuestos a los salarios afectarían no solo a las personas trabajadoras y sus familias, que en la coyuntura actual dependan de esos ingresos, sino que limitarían las posibilidades de reactivación de la economía.
La ANEP propuso cuatro tipos de medidas: para llevar dinero a los sectores mas afectados, para reducir el costo de la vida, para generar dinero público para financiar la emergencia y para apoyar la acción contra la pandemia.
Las propuestas incluyen la creación de subsidio social solidario de 250 mil colones mensuales, para 660 mil personas trabajadoras desempleadas (antes de la crisis y después de ella) con recursos generados a través de la suspensión del pago de los intereses de la deuda pública. También proponen que las personas puedan hacer retiro del Fondo de Capitalización Laboral y el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).
Otras propuestas son la regulación de precios de medicamentos y artículos de primera necesidad, moratoria en el pago de créditos de ₡100 millones o menos, condonación de deudas del sector agropecuario, regulación de las tasas de usura y moratoria en el pago de los servicios públicos a las personas afectadas por el desempleo.
Para financiar estas medidas la organización propone la creación de impuestos transitorios: 10% al patrimonio de grandes fortunas personales o familiares, y riqueza corporativa; a las transacciones financieras grandes y a los salarios y pensiones superiores a cinco millones de colones (25%). Exigen también la eliminación del secreto bancario para mejorar la recaudación, y la gestión internacional de la deuda pública, solicitando que se condone la deuda pública “de todos los países como los nuestros”.
Finalmente plantean, para reforzar la lucha contra la expansión de la pandemia, que el Estado adquiera medicamentos para fortalecer las defensas del sistema inmunológico, “como el Interferón Alfa 2B, producido en Cuba; así como otros fármacos que con la misma finalidad ya está ofreciendo China”.
SITRASEP por su parte propone una serie de medidas de control estatal, como la nacionalización de la banca, la expropiación de edificios ociosos y la nacionalización del sector salud para fortalecer el sistema público. También piden que se invierta en ampliar los albergues para atención de mujeres en situación de violencia.
En materia laboral proponen que centros de trabajo entren en cuarentena con salarios completos cubiertos por las ganancias acumuladas por las empresas en años anteriores, que se garanticen los derechos del sector asalariado, que las personas trabajadoras controlen las empresas y sus finanzas, que se brinden licencias de maternidad y paternidad para quienes se encarguen del cuido de menores o personas con discapacidad y que se brinden apoyos económicos para contratar cuido, a aquellas personas que no pueden dejar sus puestos de trabajo.
En materia económica SITRASEP plantea la suspensión del pago de la deuda pública, la derogación del Plan Fiscal, la aprobación de subsidios para las personas desempleadas y pequeños productores, el congelamiento de precios de bienes esenciales, la suspensión de pagos de deudas personales: Congelamiento de precios de todos los bienes esenciales para la superveniencia de las familias, cárcel para los comerciantes especuladores y garantía de congelamiento en las tarifas de los servicios públicos.
Con su propuesta BUSSCO pretende que el costo de la emergencia “no caiga en los hombros del sector asalariado” y denuncian que las medidas anunciadas por el gobierno son “neoliberales y antilaborales”.
La organización demanda un cambio de rumbo que implique proteger el empleo formal y la economía informal, impulsar paquetes de ayudas económicas para las familias afectadas, reconsiderar las medidas de moratoria a los pagos de a la CCSS y de IVA, renta y aranceles en aduanas, medidas fiscales y tributarias para combatir la evasión y elusión fiscal; creación de impuestos a grandes ganancias y transacciones de capital y patrimonio; y revisión del sistema de “exoneraciones y privilegios” que se aplica al sector corporativo empresarial y financiero.
