Ante el resurgimiento del nombre de Mario Zamora como candidato a ocupar el cargo de Defensor de los Habitantes, una serie de organizaciones de tipo social expresaron su rechazo a la posibilidad de que los diputados nombren al exministro de Seguridad en 2011-2014 (Partido Liberación Nacional) y mano derecha de la última cabeza de la Defensoría, Catalina Crespo.
Grupos defensores de derechos humanos y organizaciones estudiantiles rechazan al abogado Zamora con el argumento de que arrastra numerosos cuestionamientos en el ejercicio público, representa a grupos conservadores o religiosos y es la continuidad de la criticada gestión de Crespo en esa entidad.
Zamora fue una de las personas que envió su postulación para análisis en la comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, con probabilidades altas antes de renunciar al concurso y dejar que tomara fuerza la candidatura de Erick Ulate, figura cercana a Rodrigo Chaves, quien lo nombró en junio como miembro del Consejo de Transporte Público (CTP). Sin embargo, ante el entrabamiento de la elección, el nombre de Zamora volvió a mencionarse por parte de bancadas de corte conservador para la discusión que se podría dirimir esta semana.
El 13 de diciembre Zamora dijo a UNIVERSIDAD que desistía por “motivos personales” y descartó arreglo alguno para que se potenciaran las opciones de Ulate. Aseguró que evita incidir en el proceso y que ahora no está trabajando en la Defensoría, pues desde antes de la salida de Crespo él goza de un permiso de seis meses sin goce de salario. Varios diputados mencionaron su nombre la semana pasada con el argumento de que conviene elegir a alguna de las personas que fueron analizadas por la Comisión de Nombramientos.
Sin embargo, Zamora arrastra cuestionamientos que también salen a flote ahora. “Con Mario Zamora desaparecerá la Defensoria de los Habitantes y se dejarán indefensas las poblaciones más vulnerables”, dice un comunicado conjunto contra el abogado, a quien se le llamó para referirse a esta publicación pero no contestó su teléfono.
Entre los grupos está la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna), su homóloga de la UCR, el grupo feminista Agenda Cedaw, el Centro Feministra de Información y Acción (Cefemina) el Sindicado de Funcionarios y Funcionarias de la Defensoría de los Habitantes (Sidef), entre otros.
Son 15 los cuestionamientos sobre antecedentes de Zamora que se presentan como motivos para no designarlo Defensor de los Habitantes. “Causas penales abiertas, investigación en la Procuraduría de la Ética, procedimiento abierto ante el Ministerio de Trabajo, sancionado por la Contraloría General de la República (CGR), agresión a poblaciones vulnerables, entre muchas otras causas”, indican.
Según las organizaciones, Zamora enfrenta una denuncia penal por presunto nombramiento ilegal y tráfico de influencias en favor de su exesposa, quien fue designada en una plaza en la Defensoría sin cumplir ella los requisitos profesionales. Por ello también fue denunciado ante la Procuraduría de la Ética.
Zamora también fue sancionado por la CGR por no ejecutar una garantía de cumplimiento a una empresa cuando era Director de Migración y Extranjería (2010), por 246 millones de colones. En su intento de detener esa sanción, interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la potestad de la CGR para investigar violaciones a la probidad, denuncia el grupo que duda del compromiso de Zamora con los derechos de las personas más vulnerables, dijo Edwin Barrantes, uno de los activistas.
Además Sidef denunció a Zamora en septiembre de 2021 por persecución sindical y prácticas antisindicales, mientras que cuando fue director de Migración la entidad violentó los derechos humanos más de 2.400 veces, señalado así por la Sala Constitucional, al menos 10 veces más que otros jerarcas. Entre esos casos está el de dos mujeres que solicitaban refugio por casos de violencia doméstica y solo les fue otorgado por una autoridad superior y ante la presión de instituciones como la propia Defensoría en ese momento.
También, cuando Zamora fue ministro de Seguridad “en el año 2012 tuvo dos intervenciones a manifestaciones ejecutadas con mucha violencia” contra personas que después fueron absueltas al comprobarse que no cometían ilegalidad alguna, según el documento.
A ello agregan las acciones de Zamora como jefe de despacho y mano derecha de Crespo durante su conflictiva gestión (2018-2022), durante la cual abundaron acciones denunciadas por funcionarios internos como hostigamiento laboral. El Sindicato lo señaló desde septiembre ante la Comisión de Nombramientos: “Mario Zamora Cordero ha sido pieza vital en la administración de la actual Defensora, gestión que ha sido conocida por ser deficiente y con tendencia a la toma de decisiones sin sustento técnico”.
