Diversas organizaciones dedicadas a la protección de las personas menores de edad denunciaron este miércoles sobre recortes presupuestarios al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) aprobados por parte del actual Gobierno y la Junta Directiva de esa institución.
Se trata de reducciones a las transferencias que se realizan a las familias que asumen el cuido de personas menores de edad, mediante la opción de “Acogimiento Familiar”, para brindar un entorno seguro y distinto a un albergue, o bien otras alternativas de protección diferentes a una familia.
Así lo señala la circular PANI-DPRO-CIR-030-2023, del 21 de diciembre de 2023, en la que se comunica el acuerdo tomado por la Junta Directiva del PANI, y se instruye que el subsidio mensual de la modalidad de Acogimiento Familiar con Subvención (AFCS) disminuirá de 132 mil a 109 mil colones para personas sin condiciones de salud especiales, lo que representa una reducción del 17,31%.
Por otra parte, el monto para niñas, niños y adolescentes con discapacidad pasará de 158 mil colones a 123 mil colones, para un 21,87% de disminución.
Las organizaciones agregaron que estos recortes implican también que no se abrirán nuevos cupos en 2024, de manera que aumentará la lista de espera de niñas, niños y adolescentes que podrían estar bajo el cuido de una familia, en lugar de una alternativa institucional.
Esto implica que al no haber cupos disponibles, las oficinas del PANI seguirán refiriéndose a albergues institucionales u organizaciones de cuido residencial (donde también existen listas de espera). Aunado a esto, si un cupo queda libre y no se llena rápidamente, se cerrará del todo y ya no podrá ser usado.
“Ambas decisiones, reducir el monto de las transferencias y la limitación de los cupos de atención, afectan directamente la posibilidad de las personas menores de edad de disfrutar de un entorno familiar que les permita crecer con experiencias positivas, construir o reconstruir relaciones familiares y aprender diversas habilidades y tareas dentro de un hogar, a la vez que limita la inclusión comunal y social”, señaló mediante un comunicado la Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de las Niñas, los Niños, y las personas adolescentes en Costa Rica.
“Por otra parte, estas decisiones contradicen las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas al Estado costarricense, en cuanto a que se deben proveer los recursos humanos, técnicos y financieros que promuevan la desinstitucionalización y la inclusión de las personas menores de edad en entornos familiares”, agregaron.
