Poco antes de la medianoche del 18 de marzo empezó a circular la denuncia de que se habían escuchado 15 disparos “contados” en la casa de habitación del dirigente indígena bribri Sergio Rojas, en la localidad de Yery del territorio indígena de Salitre.
Rojas era miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi), instancia que en un primer comunicado informó que la policía acordonó el sitio. Poco después de la medianoche, una nueva comunicación del Frenapi indicó que minutos antes Marino Delgado Rojas, bribri y vecino de Yery, confirmó con miembros de la Cruz Roja de Buenos Aires “la muerte por múltiples balazos” de Rojas, quien además era miembro del Consejo Autoridades Propias Defensores de la Madre Tierra, del Pueblo de Salitre.
Ese comunicado concluyó con la promesa, en mayúsculas, de que “LA LUCHA SIGUE SE EXTIENDE Y NO SE DETENDRÁ!!! EL GOBIERNO DE CARLOS ALVARADO RESPONSABLE DE ESTE CRIMEN!!!”.
También se pronunciaron de forma conjunta el Consejo Indígena Regional Pacífico Sur, el Consejo de Mayores Iriria Jtecho Wakpa, organizaciones de recuperación de tierras de los territorios de China Kichá, Salitre y de Crun Shurin, además de la Asociación de Productores de Finca 10, el Comité de lucha por la tierra de finca Changuina, la Cooperativa Autogestionaria de Trabajadores Agrícolas de las Fincas 2 y 4 (Cootraosa), Ditsön y la Coordinadora de Lucha Sur Sur.
Esas organizaciones condenaron “este vil asesinato” y responsabilizaron “al gobierno de Carlos Alvarado y los anteriores por la muerte de Sergio Rojas y por no cumplir con su obligación de garantizar la integridad física y territorial de los pueblos originarios de Costa Rica”.
Recordaron además que “este gran luchador bribri ya había sido víctima de varios intentos de homicidio, persecución y fue preso por razones políticas durante seis meses en el año 2015”, y que el pueblo bribri de Salitre y el pueblo Broran de Térraba son sujetos de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“A pesar de estas medidas internacionales que buscaban la protección de ambos pueblos, el Estado costarricense nunca tuvo la voluntad de aplicar las mismas”.
En Costa Rica se ha calculado que hasta un 85% de los territorios indígenas está en manos de personas ajenas a las comunidades. La desatención histórica de ese problema de saneamiento territorial por parte de las autoridades nacionales incidió en que se diera inicio a un proceso de recuperación de tierras por parte de las organizaciones indígenas en territorios como Salitre.
UNIVERSIDAD ha reportado ampliamente los actos de violencia que se han registrado en estos territorio indígena durante los últimos años, con agresiones, golpizas, disparos, quema de ranchos y cultivos e incluso una persona fue marcada con un fierro caliente.
En setiembre del 2015, en el contexto de una seria escalada de violencia en ese territorio indígena, ante la pregunta de si existe alguna posibilidad de llevar a cabo el proceso de recuperación de tierras que evite la escalada de violencia, Rojas declaró que:
”La única manera depende del Gobierno: que aplique la ley; si no lo hace siempre tendremos la intromisión de la gente no indígena usurpando nuestra tierra y en el momento en que ejecutamos nuestro derecho va a existir violencia, porque nadie quiere perder nada; el ladrón que roba no quiere perder lo que se roba, quiere que le paguen para que le devuelvan lo que robó”.
A las 9 a.m. de hoy martes, la Casa Presidencial aún no reacciona ante el asesinato.
*Noticia en desarrollo.
