Mientras que las organizaciones de bienestar social y el diputado del Frente Amplio (FA) Antonio Ortega alertan sobre una reducción de más de ₡1.800 millones en el presupuesto 2023 del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), el presidente de esta entidad, Norbel Román, asegura que el “ajuste” apenas corresponde a ₡165 millones y no tendría mayores efectos en los grupos que se benefician de estos recursos.
De acuerdo con el diputado frenteamplista y diversas organizaciones de bienestar social consultadas, este recorte en el presupuesto del Conapam provocaría una disminución en la calidad del servicio ofrecido por los hogares de larga estancia, los centros diurnos y las redes de cuido.
Esto lo contradice el presidente del Conapam, Norbel Román, quien asegura que incluso esta rebaja se aplicará en gastos operativos de la institución y no en transferencias hacia 115 organizaciones sociales, las cuales atienden a casi 15.000 personas.
La polémica sobre el recorte presupuestario al Conapam se da luego de que el pasado 1 de septiembre el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, presentara a la Asamblea Legislativa el presupuesto del año 2023, en el cual, prácticamente, “el gasto social” no crece.
Repercusiones en organizaciones
Para las organizaciones sociales, su preocupación radica en el hecho de que un recorte de más de ₡1.800 millones se traduciría en recortes al personal, así como una disminución en la atención de su población meta.
“En el momento en el que llegue entonces tienes que comenzar a reducir la calidad en el servicio que brindas. Por eso es que al final, si antes comprabas a un adulto mayor con una dermatitis un jabón hipoalergénico, ahora, vas a tener que comprar equis jabón, porque ya no vas a tener recursos para comprar hipoalergénico”, destacó la gerontóloga y administradora de Asociación Integral Tercera Edad Alajuela, Yolanda Benavides.
“Ya no vas a tener acceso a tantas toallitas húmedas en un adulto mayor que hay que estarle limpiando sus partes privadas para poderle poner una cremita y medicamentos que la caja no brinda, que tenemos que comprar por fuera, con recursos del Estado también o con recursos propios. La alimentación tenés que reducirla”, agregó.
Estas afectaciones también son respaldadas por el administrador de la Asociación Hogar de Ancianos de Alfaro Ruiz, Carlos Masís, quien destaca que, aunque la organización que dirige puede atender a 47 personas adultas mayores, debido a la afectación financiera que ya arrastra, solo puede atender a 44. Además, no descarta que los recortes generen despidos en estos hogares.
“Creemos que vamos a tener que llegar a tocar un tema sensible, vamos a tener que pasar por ahí, recortar personal de los cuidadores y de profesionales porque no tenemos otra alternativa y, entonces, esto también va a causar un poquito como se habló del desempleo y todo esto es muy complicado, es muy difícil, es muy doloroso”, acotó Masís.
En esa misma línea, el administrador de la Asociación Centro Diurno para la Persona Adulta Mayor de El Tejar de El Guarco, Eduardo Méndez, agregó que el nivel de pobreza del país cambió y cada vez son más personas las que tocan las puertas de este tipo de organizaciones. Esta institución, por ejemplo, tiene una lista de espera de 127 personas.
“Y vamos a seguir incrementando esa lista al punto de que la gente me diga ‘ya no me reciba en el centro diurno pero ayúdenme con un comestible, ayúdenme con el pago de un servicio, ayúdeme con una medicina’”, añadió.
Estas organizaciones, precisamente, sufrieron en gran medida los embates de la pandemia, no solo por los contagios y muertes de sus adultos mayores por el COVID-19, sino también por la reducción de sus entradas económicas, lo cual provocó la disminución de personal.
“Tenemos un compromiso con ellos (adultos mayores) y no les vamos a quedar mal, pero necesitamos que el Gobierno comprenda que la población adulta mayor de Costa Rica va en un crecimiento exponencial y que tienen que haber políticas claras que tengan contenido presupuestario claro en crecimiento cada año para que estos programas no se queden desfinanciados”, agregó Benavides.
Reducción significa un “retroceso”
El pasado 26 de septiembre, el diputado del FA Antonio Ortega envió una misiva a la vicepresidenta de la República y coordinadora del sector social, Mary Munive, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y el presidente de Conapam, Norbel Román, mostrando su molestia ante estas rebajas en el presupuesto de esta última.
“Este tipo de prácticas contradice las normativas internacionales y nacionales que el Estado ha ratificado, tal cual lo dicta la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, Ley N° 9394, en que los Estados se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor para tal fin (artículo 4, b)”, indicó Ortega.
El frenteamplista destacó también que recortes como el propuesto sobre el Conapam significan un “retroceso”.
“Este tipo de recortes son un claro retroceso en la consecución de los derechos de las personas mayores, por lo cual solicitó una propuesta de atención a esta población con objetivos medibles y presupuesto definido que garanticen que no vaya a haber retrocesos en esta materia”, añadió el diputado.
No habrá problema, dice Conapam
Consultado sobre este tema, el presidente de Conapam, Norbel Román, explicó que realmente el recorte a esta institución no corresponde a más de ₡1.800 millones, sino a solo ₡165 millones.
De acuerdo con Román, el Conapam formuló el anteproyecto de presupuesto por un monto total de ₡22.574 millones; sin embargo, en el proyecto de presupuesto ordinario para el período 2023, remitido por el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa, la cifra ascendió a ₡22.409 millones. Esto se traduce en una disminución de ₡165 millones, la cual se encuentra relacionada a la Ley 7.972 de Impuestos sobre Cigarrillos y Licores.
Además, según los documentos remitidos por Román, esta disminución se aplicaría en los gastos operativos de la institución, tales como publicidad y propaganda; impresión, encuadernación y otros; servicios de tecnologías de información; servicios generales, viáticos, actividades de capacitación, servicios jurídicos, servicios en ciencias económicas y sociales, entre otros.
Román agregó que, pese a este “ajuste” en el presupuesto por los ingresos correspondientes a la ley de impuestos sobre cigarrillos y licores, existe una mejora en la recaudación del Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf), del cual a la entidad le corresponde un 2%.
Esta mejora redundó en una distribución de ₡500 millones adicionales a las instituciones a mitad de año, por lo que el impacto de lo reflejado en el presupuesto que se tramita en la Asamblea Legislativa podría ser incluso menor.
Según datos del Conapam, el presupuesto para esta entidad fue de ₡19.598 millones en 2019 y de ₡19.960 millones para 2020. Esta cifra disminuyó para 2021 a ₡18.920 millones, mientras que en 2022 se ubicó en ₡22.360 millones.
