Los audios grabados por la ex ministra de Comunicación Patricia Navarro en torno a la discusión del manejo de los recursos para publicidad del Estado volvieron a ser protagonistas en el Plenario por segundo día consecutivo, cuando el Partido Liberación Nacional (PLN) criticó al Gobierno e incluso uno de los diputados lo acusó de actuar como “crimen organizado”, mientras la diputada oficialista Pilar Cisneros volvió a concentrar la defensa, en la que alegó que todo era “puras mentiras”, pero dio validez a algunas de las críticas que está recibiendo la administración por este tema.
Tres diputados del PLN utilizaron espacios de control político para cuestionar las actuaciones del Gobierno en el manejo de los presupuestos de publicidad estatal y la contratación de $300 mil con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en una consultoría para comunicación.
Óscar Izquierdo, jefe de fracción del PLN, aseguró que los audios evidenciaron un Presidente que quería manejar la publicidad estatal a su antojo, para su propio beneficio y amenazando con “decapitar” a los jerarcas de entidades que no colaboraran. “Lo que se presentó como una democratización de la pauta, en realidad consistió en tratar de torcer el brazo a los periodistas para que hablaran bien del Presidente”, dijo.
Esto fue resaltado por la diputada Katherine Moreira, quien resaltó que Esmeralda Britton, la presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social (JPS), habría indicado en un mensaje que podían rodar cabezas. “Con razón, si el mismo Presidente dijo que iba a decapitar a los que no se alinearan”, dijo, para calificar de “amañado” el contrato con el BCIE.
Tanto Izquierdo como Moreira insistieron en que no se trataba de un montaje. Izquierdo resaltó que ya existe una investigación del Ministerio Público sobre estas situaciones para indagar un posible tráfico de influencias, mientras Moreira consideró que el anuncio de Casa Presidencial de una demanda contra el periódico La Nación y la ex ministra Navarro, “lo que hace es dar por cierto lo que se dice en los audios”, en el sentido de que anunciaron una causa por divulgar conversaciones privadas, y no por divulgar informaciones falsas.
Esto fue retomado por el diputado Gilbert Jiménez, quien aseguró que todo apuntaba a una organización para delinquir. “Esto que ha hecho el presidente Rodrigo Chaves podemos llamarlo crimen organizado”, expresó.
Jiménez cuestionó la transparencia del proceso licitado por el BCIE, asegurando que el Gobierno fue juez y parte, con el objetivo de destinar esos recursos a un objetivo privado y no público, levantar la imagen del mandatario.
La defensa del Gobierno estuvo concentrada una vez más en la diputada Pilar Cisneros, jefa de fracción del todavía oficialista Progreso Social Democrático (PSD), quien insistió en que iba a “aguar la fiesta a los críticos y a La Nación”, al que acusó de prácticas antiéticas por no haber solicitado “fairnes” (reacción) al Gobierno antes de publicar los audios.
Sin embargo, aunque aseguró que estaba ante “puras mentiras”, Cisneros admitió algunas situaciones, como la participación del comunicador Cristiana Bulgarelli en el diseño del cartel para la contratación del BCIE, que luego ganó. “A Cristian Bulgarelli no lo conocía el Presidente, ella (Navarro) lo trajo, porque era tan inútil, que no podía hacer el cartel de referencia, para eso lo trajo”, dijo.
Acusó a Navarro de “desleal” y de cometer un acto ilegal por la divulgación de los audios, con lo que en principio les da validez y lo que cuestiona es su difusión, hecho con el cual también contradice una de las promesas esenciales de Chaves durante su campaña: el combate a la corrupción mediante el estímulo de las denuncias, inclusive premiándolas.
Empero, Cisneros insistió en que el proceso con el BCIE fue transparente, y enfatizó que a solicitud del presidente Chaves y de ella misma, se obtuvo la autorización para difundir el cartel del proceso y el contrato que se adjudicó a Bulgarelli. “A diferencia de otros gobiernos, que adjudicaban los procesos a dedo, este Gobierno solicitó que los procesos licitatorios fueran abiertos”, declaró la diputada.
