Un grupo de organizaciones de personas con discapacidad, personas con discapacidad, familias de personas con discapacidad y activistas sugirieron este martes a los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa ampliar el plazo para el cambio de flotilla a micros, pequeños y medianos autobuseros.
Durante una audiencia este martes, Mesén indicó que este grupo acordó el pasado 7 de marzo establecer una mesa de trabajo con las diputaciones de esta comisión para así construir un nuevo proyecto que no lesione los derechos de las personas con discapacidad ni ningún sector social.
Entre las sugerencias para incluir en este nuevo proyecto se encuentran la modificación de la Ley de Tránsito por vías públicas y terrestres y seguridad vial (N°9078), y así ampliar el plazo a seis meses para que se dé el cambio de flotilla a micro, pequeñas, medianas empresas de autobuses, y cooperativas, cumpliendo con los lineamientos de accesibilidad y diseño universal contemplados en la Ley 7.600, su reglamento, y los instrumentos internacionales ratificados en el país.
“Esta alternativa busca dar un aire en materia de tiempo para que podamos construir una nueva alternativa”, indicó Mesén.
A esta sugerencia se suma modificar la Ley del Sistema Banca para el Desarrollo (N°8.634) para incorporar al sector autobusero las mipymes de zonas rurales como sector productivo beneficiario de los fondos de banca para el desarrollo.
Mesén indicó también que el proyecto de Ley 22.530 denominado “Ley para la Protección del Sector Autobusero Nacional ante la Crisis Sanitaria, Social y Económica provocada por el COVID-19”, no fue consultado a la población con discapacidad y tiene vicios de procedimiento y legalidad.
Sobre este tema, la diputada del Frente Amplio (FA), Sofía Guillén, mostró su anuencia a abrir una mesa de trabajo formal con estas organizaciones de activistas, e indicó que se encontraba de acuerdo con que se le diera “aire” a micros, pequeños, y medianos autobuseros, así como cooperativas, para cambiar su flotilla.
Guillén agregó que el Poder Ejecutivo tiene a su disposición 270 millones de dólares del Fondo de Avales, que eran para ayudar a sectores golpeados por la pandemia para salir adelante, los cuales no se han usado.
“Si hay un grupo político que ha impulsado en el último año que las mipymes desaparezcan ha sido el Gobierno que no ha puesto a disposición el Fondo de Avales”, mencionó.
Por su parte, la diputada Kattia Rivera del Partido Liberación Nacional (PLN) indicó que pese a que ve válida su petición, “queremos que les quede claro que la preocupación primaria es el grueso de la población que el día de mañana no va a tener como llegar a trabajos o llevar a sus hijos a centros educativos”.
