Once candidatos (todos hombres) continúan en el proceso de selección que lleva a cabo la Corte Suprema de Justicia y que culminará con el nombramiento del Fiscal General de la República.
Tras la evaluación de las entrevistas a las que se presentaron diecinueve candidatos, ocho fueron descalificados. Entre los aspirantes que no superaron la nota de 80 está Francis Porras, conocido juez opositor al matrimonio igualitario y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, aunque está apelando el proceso.
De los aspirantes que continúan en la carrera por la Fiscalía, ocho fueron calificados con notas superiores a 90, a saber: Warner Molina con 99.63, Guillermo Hernández con 99.63, Edgar Ramírez con 99.46, Carlo Díaz con 97.38, Edwin Retana con 96.50, Ewald Acuña con 95.50, José Francisco Mena con 95.39 y Álvaro Cubero con 94.50.
Tres candidatos más tuvieron notas inferiores, pero tendrán la misma oportunidad que los demás de ser considerados para el cargo. Ellos son Ronald Segura que obtuvo un 89.42, Miguel Ángel Ramírez un 89.04 y Christian Ulate con 88.95.
Warner Molina, actual Fiscal General interino (desde junio del 2021 cuando se jubiló la exfiscala general Emilia Navas) obtuvo la misma calificación que Guillermo Hernández Ramírez, quien dirige el bufete Latamlex, ligado a la fiduciaria Consultores Financieros S.A. (COFIN), intermediaria deuda cara y opaca en seis fideicomisos aprobados por el Tribunal Supremo de Elecciones para financiar a varios partidos políticos, que en conjunto suman una deuda de más de ¢8.800 millones.
Cabe destacar que el curriculum de Hernández entregado para el concurso omite su relación con Latamlex y sólo indica que se desempeña como “Litigante en la disciplina del derecho penal”, aunque el sitio web de Latamlex despliega información sobre su cargo como director.
Entre los mejor evaluados también está el exfical Edgar Ramírez, quien acumula una trayectoria de 30 años en el Ministerio Público y que propuso reestructurar el mismo; Carlo Díaz, fiscal adjunto de la Fiscalía Adjunta de Ejecución de la Pena quien en su entrevista presentó ante la comisión un estudio que realizó, mapeando los casos rezagados por fiscalía y propuso mejoras a través de la evaluación del desempeño y Edwin Retana, quien en su momento levantó críticas por la falta de uso del criterio de oportunidad en la política de persecusión penal.
También figuran entre las primeras notas el penalista Ewald Acuña, quien propuso priorizar la persecusión de la delincuencia económica, el crimen organizado y violencia de género, así como un desdoblamiento de la Fiscalía de cibercrimen; José Francisco Mena, actual fiscal adjunto de Pococí y docente universitario que propuso un nuevo modelo de gestión y Alvaro Cubero, abogado litigante y exfiscal adjunto de Puntarenas, San Ramón y San José, quien reiteró la importancia de la independencia política del ministerio público.
Entre quienes obtuvieron calificaciones menores a 90 pero superaron el proceso están Ronald Segura, quien en su entrevista lanzó duras críticas a la faltade una política penal clara, al poco uso que se da de los procesos abreviados, la mala distribución de los recursos materiales y humanos, y otros aspectos; Miguel Ángel Ramírez, fiscal adjunto de Pérez Zeledón, quien en la comparecencia aseveró que en los últimos diez años “el Ministerio Público se ha agotado” y Christian Ulate, quien laboró para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y dijo que su propuesta era la de un Ministerio Público “eficiente, eficaz y democrático”.
Marlon Mora, del panel independiente conformado por las organizaciones que integran el Foro de Justicia para monitorear, documentar y analizar el procedimiento de elección de fiscal, dijo que el proceso evidencia serias deficiencias empezando por la falta de un perfil claro, así como de un modelo equitativo y objetivo de entrevista, pues en la actualidad las y los magistrados hacen las preguntas que quieran a los candidatos, sin necesidad de que sean las mismas o abarquen los mismos temas.
Además, dijo, incluso ahora que hay una selección de once aspirantes, todos tienen la misma posibilidad de resultar electos, independientemente de sus calificaciones. A la vez, dijo, hay una evidente carencia de enfoque de género pues no solamente no se implementaron medidas que garantizaran mayor participación de mujeres en el proceso, sino que no han habido procesos exhaustivos de investigación que garanticen que quien llegue al cargo no tenga cuestionamiento alguno en este tema, particularmente relevante en la actualidad, así como en otros que pueden poner en entredicho su idoneidad.
