Una de las principales víctimas laborales en Costa Rica durante la pandemia fueron las trabajadoras domésticas, como lo revela el informe “El trabajo doméstico remunerado en América Latina y el Caribe” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este da cuenta de que el 53% de las trabajadoras domésticas en el país fueron suspendidas o despedidas durante la pandemia en el 2020, mientras que un 17% continuó laborando, pero en claro deterioro de sus condiciones laborales.
Esta situación representó una pérdida de alrededor de 80 mil empleos, de los cuáles aún no se logran recuperar cerca de 40 mil, un dato fundamental cuando se constata que las labores domésticas remuneradas representan el 17% del aporte del género femenino a la fuerza de trabajo de las mujeres.
“Generar trabajo decente para estas trabajadoras también tiene un impacto muy grande en las condiciones laborales de las mujeres en general, por ejemplo, si podemos lograr equiparar el salario mínimo para las trabajadoras domésticas en Costa Rica se va mover la aguja en la brecha salarial porque son un porcentaje importante”, señaló María Arteta, investigadora de la OIT.
En Costa Rica hay un sistema de fijación de salario múltiple que reconoce un salario mínimo para este grupo, pero es inferior a lo estipulado para otras categorías salariales. Actualmente el salario de una servidora doméstica representa un 64% de lo que reciben otros empleados por hacer actividades no calificadas. El porcentaje se reduce a un 29% del total si se hace la comparación con el salario promedio recibido por el resto de la fuerza de trabajo.
“…Si podemos lograr equiparar el salario mínimo para las trabajadoras domésticas en Costa Rica se va mover la aguja en la brecha salarial porque son un porcentaje importante”, María Arteta.
Ante el reclamo de distintos actores, el Consejo Nacional de Salarios acordó en el 2019 dar un aumento superior a esta actividad para gradualmente equiparar el salario por las labores domésticas con el del resto de las actividades no calificadas. Sin embargo, el aumento propuesto que pretende esa equiparación, se tardaría al menos 15 años para convertirse en una realidad palpable.
El informe señala que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones señaló que “el plazo de quince años establecido por la resolución para cerrar la brecha sustancial entre los salarios de los trabajadores domésticos y de los trabajadores no calificados resulta excesivamente largo”.
“El razonamiento del Consejo (Nacional )de Salarios es para hacer una equiparación gradual, y es cierto es que a veces cuando se aumenta muy rápido un salario puede haber pérdida de empleo. A la gente razonable también le puede parecer que el plazo es muy largo y le puedo decir que entre los reclamos de las trabajadoras hay un reclamo para la equiparación de salario porque aunque hay un compromiso de hacerlo, ellas quisieran que pasara mucho más rápido”, explicó Arteta.
Otros retos: informalidad y mujeres migrantes
En general, América Latina y Costa Rica tienen un balance positivo respecto del progreso que se ha realizado en la cobertura legal de las trabajadoras de casas. En el país las jornadas son similares a las del resto de las personas trabajadoras, se reconoce un tiempo de descanso, un periodo de licencia por maternidad y prestaciones pecuniarias similares a las del resto de personas trabajadoras.
En Costa Rica, por ejemplo, no hubo un aumento particular de la desafiliación a la seguridad social de las trabajadoras domésticas. Esto evidencia una “mayor protección frente a la pérdida de empleo para las trabajadoras aseguradas” señala el informe.
Sin embargo, “aún se nota la gran deuda y el reto que tenemos de hacer cumplir esos derechos que se han ganado legalmente y hacer cumplir la normativa”, dijo Arteta.
En Costa Rica se ha reducido la informalidad gracias a medidas que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) ha implementado para facilitar su aseguramiento, como la inscripción en línea, permitir multipatronos y jornadas parciales. Pero la reducción es pequeña y el 85% de las trabajadoras domésticas aún se mantienen en situación de informalidad.
Arteta considera que la dinámica de multipatronos, cada vez más común en la región, dificulta que se reconozca el trabajo y el vínculo laboral aunque “hay una relación laboral entre los patronos y las trabajadoras domésticas, una relación laboral como cualquier otra relación laboral porque no son freelance si hay una persona que te contrata y que te da las tareas”.
Este contexto se dificulta aún más si se considera que una gran parte de las trabajadoras domésticas son mujeres migrantes. Este es el caso de Sofía, a quien llamaremos de esta manera para proteger su identidad, una trabajadora doméstica de origen nicaragüense que desde hace tres años vive en Costa Rica pero nunca ha estado asegurada y la mayor parte del tiempo que ha residido en este país ha trabajado en tiempos parciales.
“Desde que yo me vine me ha tocado muy duro porque no he tenido la oportunidad de trabajar, ahora tengo un trabajo por necesidad porque no tenía papeles ni permiso laboral y tengo un salario fijo pero ganando poco”, dijo. Indicó también que actualmente le pagan ¢1.500 la hora y que quincenalmente el pago suma alrededor de ¢72 mil.
El informe estima que en Costa Rica el 34% de las migrantes ocupadas y el 16% de las nacionales realizan trabajo doméstico remunerado. Las trabajadoras migrantes en informalidad están en una situación “mucho más” vulnerable que las nacionales porque, por ejemplo, suelen trabajar más horas por menos paga, trabajan más en modalidad cama adentro y no pueden organizarse para la negociación colectiva de sus condiciones de trabajo porque la ley no lo permite, señaló Arteta.
La investigadora dijo entre las denuncias que ellas hacen también “hay un porcentaje alto de trabajadoras migrantes que claman que el permiso de trabajo lo tengan ellas y no el patrono, porque si el patrono lo gestiona cuando pierden el trabajo tienen que volver a gestionarlo”.
La informalidad que enfrentan las trabajadoras migrantes y nacionales les impidió acceder a los apoyos dados durante la pandemia, y a su vez podría hacerles más difícil la posibilidad de participar en otros programas que tengan como objetivo su formación y reincorporación al mercado de trabajo.
