La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial se encuentran ejecutando este lunes 21 allanamientos por irregularidades en la compra de mascarillas por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Los allanamientos se dieron en las oficinas de la CCSS, viviendas de funcionarios e instalaciones de proveedores de la institución, por el presunto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública.
“En el caso se investigan presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, también denominadas respiradores filtrantes de partículas para protección respiratoria KN95. Las diligencias están en desarrollo en oficinas de la C.C.S.S, en el Edificio Océano, en el Centro Corporativo Internacional, IBT S.A y la Oficina Landergren Consulting Group”, destacó el Ministerio Público.
La Fiscalía agregó que, en el caso de la CCSS, se investiga al exgerente general, exgerente de Logística, directores y jefes del Área Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, asesores de las gerencias, y la Comisión Técnica encargada del análisis de dichos respiradores
En el caso de proveedores se investiga a una mujer de apellidos Martínez Ruiz y un hombre apellidado Landergren Castro.
“De acuerdo con la investigación dirigida por la FAPTA, se presume que funcionarios de la CCSS, quienes ocupaban cargos de alta jerarquía a mandos medios, se habrían aprovechado de sus puestos para intervenir en los procesos de compras, durante la pandemia”, indicó el Ministerio Público.
Asimismo, el Ministerio Público destacó que se cree que estos funcionarios habrían facilitado dichos procesos para obtener los mencionados respiradores y, al parecer, favorecerse y favorecer a proveedores que nunca habían contratado con la CCSS y que, presuntamente, se dedicaban a otro tipo de actividad económica.
Estas empresas habrían presentado ofertas de forma extemporánea a la institución, sin cumplir los requisitos; sin embargo, resultaron adjudicadas, pese a que existían otras ofertas que sí cumplían con los requisitos establecidos.
El Ministerio Público aclaró que el objetivo de los allanamientos es decomisar prueba para el caso, por lo que no habrá personas detenidas.
Ante estos allanamientos, la CCSS informó que se puso a las órdenes del OIJ para la investigación respectiva.
En esa línea, el gerente de Logística, Esteban Vega de la O, refirió que estarán aportando todo lo que requieran los investigadores y que por el momento se mantienen a la espera del desarrollo del proceso. Asimismo aseguró que no se generará ningún problema en la gestión de abastecimiento institucional pese a esta situación.
Por su parte, la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, indicó, que la institución “será absolutamente respetuosa y apoyará lo que corresponda al trabajo de las autoridades de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción”, informaron en un comunicado de prensa.
