Producir y colocar la mayor cantidad de mezcla asfáltica posible en las carreteras del país es uno de los “intereses principales” de la constructora Meco, porque representa “60% aproximadamente de los ingresos de la empresa”, según el expediente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el llamado caso “Cochinilla”.
Por eso, esta constructora mostró ese mismo interés en realizar el proyecto de Construcción del Paso a Desnivel en Intersección de las Garantías Sociales, estimado inicialmente en $17,6 millones, el cual le fue adjudicado por la Contraloría General de la República, pese a varias apelaciones por incumplimientos.
Esta obra, destinada a construir seis carriles, fue realizada por Meco entre 2019 y 2020.
La composición de la mezcla asfáltica usada en esta obra estuvo a cargo del investigado Luis Fernando Gutiérrez Vargas, gerente industrial de la planta de asfalto Meco-La Uruca, quien presuntamente indujo “a error la Administración” para beneficiar tanto a Meco como a la empresa supervisora de carreteras ITP.
De esta forma se aseguraba el pago total de la obra y se evitaba los castigos económicos por los incumplimientos de una “mezcla asfáltica deficiente y defectuosa”, al tiempo que se pretendía “abaratar costos y mantener ganancias para la empresa”.
Según el expediente judicial, esta dinámica era de conocimiento de Carlos Cerdas, dueño de Meco, quien no solo conocía de las actuaciones sobre Gutiérrez, sino que “desde su posición superior en la jerarquía principal de la organización, cumple un rol gerencial con pleno dominio y conocimiento de las funciones que cada uno de sus miembros ejecuta para la obtención de objetivos comunes que favorezcan ilegalmente a la constructora”
Asfalto reciclado
Dentro de la serie de defectos encontrados en la mezcla asfáltica utilizada en Garantías Sociales, se logró establecer que se le colocó “cemento asfáltico y agregado pétreo removido en las calles, pagado por la Administración”.
El informe OIJ agrega que en vista de ello “no debía estar siendo reutilizado y cobrado en obra nueva bajo la mampara de estarse cubriendo un diseño de calidad y acorde a las exigencias del proyecto”.
Se halló además que a la mezcla asfáltica se le agregó el aditivo “Elbaloy” con el fin de producir un “aspecto visual favorable” y lograr informes de supervisión de calidad “que se ajustaran a la verificación de calidad de ITP”.
También se encontró que la mezcla carecía de “polímeros”, sustancias que se añaden al asfalto para mejorar la calidad y la durabilidad.
En la “dinámica delictiva” para lograr estos fines participaron varias figuras, entre ellas “uno de los hombres de confianza” del dueño de Meco, Alejandro Bolaños Salazar, gerente comercial y representante legal de esta empresa, “quien tuvo pleno conocimiento de que la mezcla asfáltica colocada en el proyecto de Garantías Sociales no cumplía con las exigencias contractuales”.
Alejandro Bolaños “encomendó” a Abel González, Gerente de Operaciones de Meco, a “entregar las dádivas a los técnicos de CACISA, (supervisora de carreteras) quienes se encargarían de cambiar los núcleos e insertar información falsa en los informes de supervisión”.
Otro rol importante jugó Óscar Martínez Martínez, director de la supervisora de carreteras, ITP y sobrino de Cerdas, quien se encargó de “ocultar” que la mezcla era defectuosa, “entregar dádivas y manipulación de informes y otros”, reza el expediente del OIJ.
Ellos junto con otras figuras tenían que generar información favorable para el análisis posterior que haría UNOPS, contrarrestar el informe de Lanamme-UCR, que detectó defectos en el pavimento y la calidad de la mezcla, así como el criterio de la ingeniera Franciny Chinchilla Torres, de la Unidad Ejecutora del Conavi, quien había cuestionado la obra por el estado estructural del pavimento, en especial en la rotonda de las Garantías Sociales.
