El Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió al Gobierno que una moción aprobada recientemente y que impide a Hacienda acceder a información bancaria sin orden judicial, pondría al país a las puertas de una nueva “lista gris”.
Un cambio en el expediente 23.088 por una moción del liberal Jorge Dengo y apoyada por legisladores de Liberación Nacional (Danny Vargas, Francisco Nicolás y Alejandra Larios) y la Unidad Social Cristiana (Alejandro Pacheco), eliminó del artículo 106 quater, del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, un párrafo que permitía que la Administración Tributaria accediera y compartiera con otras jurisdicciones información sobre contribuyentes de interés sin necesidad de una orden judicial.
Cabe señalar que ese párrafo había sido incorporado a la legislación en junio del 2015 para cumplir con los requisitos de incorporación del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y para mantener al país fuera de la lista de “Paraísos Fiscales No Cooperadores” en la que había caído en 2009.
En semanas recientes, en medio de la discusión del proyecto 23.088 (que reformaría el mencionado Código para ajustarlo a convenios internacionales), Dengo pidió retirar el párrafo que dice: “Para la ejecución de las facultades contenidas en el presente artículo no se requerirá el procedimiento de autorización judicial contenido en el artículo 106 quater del presente Código, ni la autorización establecida en el artículo 615 del Código de Comercio”, argumentando que representaba un riesgo.
Manuel Morales, Rocío Alfaro, Jorge Rojas y Gloria Navas, se opusieron a la moción, pero de igual manera triunfó.
Ahora, es un órgano de la misma OCDE el que advierte del peligro de eliminar el párrafo, que es parte de los estándares bajo los cuales la organización comparte datos.
Consecuencias negativas
La advertencia se dio en una carta del 23 de enero, firmada por Zayda Manatta, jefa de la Secretaría del foro y dirigida a la viceministra de Ingresos, Priscilla Zamora, a la que UNIVERSIDAD tuvo acceso.
En la misiva, Manatta aseguró que el cambio “tendría consecuencias negativas en la calificación de la revisión de pares bajo el estándar AEOI (Intercambio automático de información, por sus siglas en inglés) y también es probable que afecte negativamente a la calificación bajo el estándar EOIR (intercambio de información por previa petición, por sus siglas en inglés)”.
“Esto también afectaría el trabajo realizado por Costa Rica para lograr su exclusión de la lista de países no cooperantes en materia tributaria definida por la Unión Europea”, dice Manatta.
De hecho, explica la jerarca del foro, “una calificación de ‘Parcialmente Cumplidor’ o ‘No Cumplidor’ bajo el estándar EOIR o, a partir de 2024, una determinación de ‘No en su Lugar’ para AEOI llevaría a añadir a Costa Rica en esta lista. Además, la Unión Europea está considerando tener en cuenta la calificación de AEOI que se publicará en 2025 en su proceso de inclusión en la lista y una calificación de ‘No Cumplidor’ para AEOI es más que probable que también conduzca a ser añadido a dicha lista”.
Este riesgo había sido previamente advertido por el legislador oficialista Manuel Morales en la comisión, quien dijo a UNIVERSIDAD que recién había tenido conocimiento de la carta y que esto confirma su posición de que los bancos públicos y privados deben ajustarse al estándar que se está aplicando en todos los países, enviando a tiempo y de manera correcta la información bancaria de interés fiscal de todas las personas que deben pagar tributos en otros países.
Morales dijo que la moción de Dengo prosperó porque “los bancos” y específicamente la Asociación Bancaria Costarricense, no quieren cumplir. “Lamentablemente en la Comisión hay una mayoría de cinco diputaciones que han propuesto mociones para que el proyecto se redacte como quiere la ABC y no como fue elaborado, con estándares técnicos discutidos con OCDE”.
El oficialista dijo que reiterará en plenario las mociones que fracasaron en comisión y que devuelve el texto a su versión inicial, cumpliendo con lo requerido por los organismos internacionales.
Sobre la misiva de Manatta, de cuya existencia el legislador afirma haberse enterado por las consultas de este semanario, Morales dijo que es necesario que se dé a conocer para que conozcan los riesgos y lamentó que la discusión “tuvo que llegar hasta plenario cuando se pudo haber solucionado en comisión”.
Párrafo sería restaurado
Según declaraciones de legisladores del PLP, PLN y PUSC, en las semanas venideras el párrafo que retiró la moción de Dengo será reintroducido al texto, contemplando la postura de la OCDE.
Eliécer Feinzaig, jefe de fracción del Liberal Progresista (a la que pertenece Dengo), dijo que los miembros de la Comisión de Jurídicos “tienen un acuerdo y una moción lista para reintroducir el párrafo eliminado, cambiar el plazo que se da a las entidades financieras para la entrega de datos de 20 a 15 días y mantener intactos los demás cambios que se hicieron en esa moción”.
Además, negó que la moción fuera “impulsada” por su copartidario ―aunque así se discutió en comisión―, sino, asegura, que fue “producto de una petición que hicieron los diputados del PLN para apoyar los demás cambios introducidos” y que la moción estaba firmada por diputados de varias fracciones.
Alejandro Pacheco dijo ―a pesar de que el asunto del párrafo se discutió largamente en audiencias con Hacienda, con OCDE, en dos días de mociones y durante las revisiones de estas― que la moción “tenía un error porque eliminamos un párrafo que no debemos haber eliminado” y agregó que otra moción aprobada tenía un error de plazos.
“Ahora estamos trabajando en la construcción de una nueva moción para devolver el expediente a comisión y ya presentar una moción corrigiendo los errores que tenían ambas. Esperamos que en los próximos días logremos aprobar esa moción, enviarlo a comisión y arreglarlo para que nuevamente pase el proyecto al Plenario Legislativo y darle el trámite que corresponde”, concluyó.
Francisco Nicolás, por su parte, dijo que en reunión de fracción decidieron que el despacho de Paulina Ramírez hiciera contacto con la OCDE para aclarar el tema “porque la gente del Gobierno acostumbra asustar con la chaqueta de muerto, es decir, con mentiras o con medias verdades”.
Cuando se le mencionó la misiva de Manatta el legislador dijo que una cosa es el Foro de Transparencia y otra cosa es la OCDE directamente, por lo que continuaban esperando tener la postura oficial, pero que si les confirmaban el riesgo abordado en este reportaje cambiarían de posición porque “primero el país”.
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