La discusión añeja en torno a la conveniencia de crear en Costa Rica espacios de publicidad electoral equitativos, para reducir el poder de los financistas de campaña, recibe ahora un criterio favorable de parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el organismo internacional al que el país ingresó en 2021 con el objetivo declarado de promover mejores prácticas políticas.
En un informe relacionado con la integridad y los flancos por donde pueden colarse actos corruptos o antiéticos, titulado “Protegiendo los logros democráticos”, un equipo auspiciado por OCDE y la Unión Europea (UE) recomendó introducir “disposiciones para el acceso gratis o subsidiado a los medios de comunicación para los partidos políticos y candidatos”, un planteamiento que en términos generales se ha repetido en la última década y que actualmente no se posibilita con las regulaciones actuales.
Bajo el nombre de “bandas electorales”, el propio Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha propuesto esos espacios para posibilitar la exposición de las candidaturas y evitar que haya algunas que queden silenciadas por otras con capacidad económica de invertir para propaganda en medios de comunicación, en espacios físicos públicos o en espacios digitales. De esta manera se acotaría la ventaja que tienen los partidos con más capacidad de atraer dinero privado o recibir préstamos, o incluso de captar recursos de origen ilícito.
“Para evitar cualquier sesgo y ventajas gubernamentales con respecto a los fondos públicos, sería conveniente”, señala el informe de la OCDE, sobre un tema en el que diputados de las últimas décadas han vacilado y han acabado excluyendo de las reformas legales incorporadas al Código Electoral. En algunos casos lo han hecho mediante objeciones parciales y en otros con silencios que perpetúan la fuerte inequidad en publicidad electoral, como la han señalado las misiones de observación electoral en repetidas ocasiones.
Esta medida quitaría peso al financiamiento privado, que aunque se reconoce “un derecho fundamental de los ciudadanos”, implica un peligro de que sea explotado para intereses privados, si no se regula de manera suficiente, como es el caso en Costa Rica.
“El principal reto con respecto al financiamiento privado es enfrentar el alto nivel de informalidad que pone en peligro la rendición de cuentas. En el peor de los casos, la informalidad facilita que fondos de origen ilícito fluyan a partidos políticos y campañas, lo cual puede llevar a que el crimen organizado corrompa las instituciones democráticas”, advierte el informe.
En Costa Rica no existen límites sobre los montos que un mismo donante puede aportar a un partido político, no hay tope a las donaciones en especie a partidos políticos o candidatos, y tampoco hay prohibición para que las candidaturas saquen préstamos en relación con las campañas electorales. “La ausencia de cualquier límite puede brindar incentivos para canalizar fondos informalmente hacia los partidos políticos”, agrega el documento.
Según los autores del estudio, para reducir las contribuciones por fuera de los registros de las autoridades, conviene establecer controles, pero también incentivos para canalizarlos por los medios formales, lo cual pasa también por la prohibición de donaciones en efectivo. Sin embargo, el sistema costarricense se basa sobre todo en disposiciones para transparentar los flujos de dinero, no tanto en limitarlos.
Tras reformas electorales aprobadas a principios de este siglo, los tribunales han condenado a los partidos Movimiento Libertario y Acción Ciudadana (PAC) por manejos ilegales de sus finanzas de campañas, y también pasó a la Fiscalía para que se investigue al partido Progreso Social Democrático (PPSD), que llevó a la Presidencia en abril a Rodrigo Chaves. Sin embargo, otros hechos considerados inadecuados quedan por fuera del alcance de las leyes actuales y por eso el TSE ha señalado la necesidad de impulsar cambios en el Código vigente. También el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, se ha manifestado en semanas recientes en favor de investigaciones más profundas sobre el financiamiento de las campañas electorales.
La presidenta del TSE, Eugenia Zamora, ha mencionado la intención de enviar propuestas de ley a la Asamblea Legislativa compuesta por los nuevos diputados desde mayo, empero, no se conoce aún texto alguno ni los detalles que pretendería reformar y si se incorporarían reglas para la difusión de contenido electoral mediantes las redes sociales digitales, considerando sus implicaciones sobre la desinformación.
En Costa Rica no hay actualmente límites para los contenidos propagandísticos ni para la participación de terceros en un financiamiento de modo paralelo, indica el informe de OCDE. “Esto significa que las contribuciones privadas pueden recanalizarse por medio de comités y grupos de interés supuestamente independientes que hacen campaña en anticipación a la jornada electoral, pero que no se presentan como partidos políticos o candidatos y no son siempre obligados a revelar a sus donantes”, se indica en el capítulo.
Por eso se advierte que Costa Rica “podría considerar” nuevas medidas restrictivas de la participación de terceros y del uso de los contenidos en los medios tradicionales y redes sociales, de manera similar tal y como ocurre en Quebec, Canadá, para las elecciones provinciales y municipales. Ahí es prohibido que organizaciones o individuos ajenos a partidos paguen material producido con el objetivo de favorecer a uno de estos, sea en medios físicos o en Internet, como la inversión en estrategias en en redes sociales.
El informe reconoce que Costa Rica ha avanzado en introducir al Código Electoral la exigencia para que todos los grupos políticos habilitados presenten reportes periódicos sobre sus estados financieros y revelen sus donaciones y contribuciones, con la posibilidad de que esta información esté al alcance de medios de comunicación y ciudadanía en general. Por lo cual el país se ubica comparativamente con un alto nivel de transparencia frente a otros países de la OCDE, según el Índice de Variedades de Democracia del 2021 elaborado por un instituto basado en la Universidad Gothenburg, en Suecia.
